Este lunes se aplazó la audiencia judicial en la que debería comparecer Nicolás Castro, estudiante de Artes, detenido en un penal de alta seguridad bajo cargos de “instigación a delinquir” por amenazar en Facebook a un hijo del Presidente Álvaro Uribe.

La postergación de la comparecencia para dentro de una semana, dio paso a nuevas especulaciones sobre un caso de implicaciones políticas y sin antecedentes en la informática forense.

Los hechos
El 9 de julio, el Grupo de delitos informáticos de la Policía Judicial (Dijin) de la Fiscalía recibió una denuncia por amenazas contra Jerónimo Uribe, uno de los dos hijos del Presidente Álvaro Uribe. Esa noche Nicolás Castro, de 23 años, alumno sobresaliente de la facultad de Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, desactivó su perfil en la red social en la que, bajo el seudónimo ‘Cuervo del Salado’ en alusión a una masacre paramilitar, aparecía como uno de los 15 integrantes de la página. ’Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe’, origen de la denuncia.

El 13 de julio, poco después de que la noticia apareciera en la prensa, oficiales y agentes de policía judicial llegaron a la casa de los Castro en Chía, población a las afueras de Bogotá, y revisaron los computadores. Veinte días después fueron a la oficina de una empresa familiar y revisaron los equipos, según relato de la madre de Nicolás, María Eugenia de Castro, al diario El Espectador. Según ella, su hijo pudo estar incentivado por “el entorno universitario en que se desarrolla (donde) ha encontrado personas que comentan sobre lo que pasa en el país” y en lo afirmado en Internet “no había ninguna intención diferente a la de expresarse”.

En tanto, la Dijin pidió a Federal Bureau Inteligence FBI de los Estados Unidos, agilizar ante Facebook la petición de identificación de la dirección del usuario ‘Cuervo del Salado’, respuesta que se produjo el 30 de ese mes. Tras varios cotejos de la información, la Dijin estructuró el caso de “instigación al delito” y en la primera semana de diciembre el estudiante fue detenido y conducido a la penitenciaría La Picota, en Bogotá.

Las reacciones
Conocida la detención de Castro, surgieron varios grupos que en su defensa arguyen el derecho a la libertad de expresión, la no tipificación del delito y algunos, incluso, retoman frases amenazantes pronunciadas por el Presidente, sin que ello significara amonestación o sanción alguna. El 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, varias manifestaciones y marchas pidieron la libertad del joven.

El caso puso en evidencia múltiples grupos que desde las comunidades virtuales promueven animadversión contra personajes locales e internacionales. En lo nacional, probablemente quien concentra más amenazas es la senadora Piedad Córdoba, fustigada tanto por su raza negra como por el protagonismo en la liberación de varios rehenes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.

En referencia a que años atrás el periodista Daniel Coronell tuvo que salir del país con su familia, tras una investigación privada según la cual desde el computador de un amigo de la familia presidencial se le amenazaba, la columnista María Jimena Duzán escribió en la revista Semana: “los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga si los amenazados son los críticos del Gobierno, y a paso raudo si son los hijos del Presidente”.

Dudas jurídicas
Andrés Guzmán Caballero, especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, certificado por la Unión Europea en manejo legal de evidencias digitales y cibercrimen, dijo a Radio Nederland que a su juicio Nicolás Castro no invitó, instigó, ni planeó junto con otras personas matar al joven Uribe, ni quienes se sumaron al grupo virtual realizaron acciones concretas conducentes a cometer un homicidio. Y explica su tesis con un ejemplo: si en un pueblo en medio de una revuelta alguien dice ‘vamos a saquear absolutamente todo’, y al calor y la animosidad del momento muchas personas lo siguen y se cometen saqueos, se concreta el delito.

Radio Nederland: ¿El que el escenario no sea físico sino la red, virtual, qué matices ofrece?
Andrés Guzmán Caballero: Para que la conducta se tipifique tal como está descrita en el Código Penal, la invitación debe ser directa, sin intermediarios y masiva. Mis dudas jurídicas se refieren, primero a que si la invitación no se hizo directamente, de frente a los supuestamente instigados, no existió la invitación. En cuanto a si quienes se unieron al grupo se sintieron instigados y con impulsos inequívocos de ir en grupo a cometer un homicidio, es un hecho que no se produjo. La simple, creación del grupo no se adecua exactamente a la conducta descrita en el Código Penal.

RN: ¿Conoce usted con frecuencia este tipo de casos?
AGC: Delitos en Internet se cometen diariamente: estafas, delitos de pornografía infantil gravísimos. En cuanto a instigación a delinquir, éste sería el primero en el mundo que yo conozco y he estudiado numerosos casos de cibercrimen en varios países. Sí he visto casos de terrorismo, como por ejemplo secuestro de páginas para publicitar grupos terroristas.

RN: Se habla de unos 500 casos de investigaciones de este tipo en la Fiscalía de Colombia.
AGC: Los delitos más comunes en la red son injurias y calumnias. Por ejemplo, alguien entra y dice ‘Juan es homosexual, Juan es pedófilo’ y Juan no es ni homosexual ni pedófilo. Son delitos comunes que terminan teniendo evidencias digitales, y de esos hay miles. Otros son los delitos digitales cubiertos bajo una norma que empezó a regir este año a los que el Director de delitos informáticos se refirió tras la detención del estudiante; ésos serían unos 500. Casos como la instalación en su computador de un software que le roba la información, o el envío de correos haciéndose pasar por su banco.

RN: ¿Cuál es su pronóstico en el caso de Nicolás Castro? ¿Se dictará medida ejemplarizante, o cree que no hay pruebas contundentes para condenarlos a prisión?
AGC: Creo que este caso no se debería tratar como un caso político, y es que hasta los ministros han salido a intervenir. En cuanto a la condena, depende del punto de vista del juez. Personalmente creo que sería gravísimo que se coartara el derecho de expresión de las personas y que un acto como éste conduzca a detención carcelaria. El que haya personas que tengan creencias distintas a las de un Gobierno o un Estado, no es delito.

Según Andrés Guzmán Caballero, aunque no es común que en investigaciones relacionadas con delitos digitales se acuda a instancias como el FBI, dada la imposibilidad de avanzar en ciertos casos, se pide ayuda a través de Interpol o Europol.

Redes más responsables
Con respecto a las sindicaciones que se le hacen a Castro en el sentido de que ingresó a páginas de organizaciones como las FARC y Al Qaida, Guzmán Caballero opina que es improcedente y riesgoso porque criminaliza la búsqueda de información en Internet y el disenso del régimen gubernamental. De avanzar en este sentido, la red dejaría de ser un medio de conocimiento y se convertiría en medio de opresión y despotismo ilustrado, como ocurre en Cuba o China, afirma.

En aras de que la justicia avance a la par con la tecnología de las comunicaciones, el abogado plantea la urgencia de crear filtros cibernéticos que permitan prontas respuestas en concordancia con legislaciones nacionales, pues, “las redes sociales se lucran económicamente de la información de las personas, pero no tienen responsabilidad alguna sobre el contenido publicado”.