El último grupo de militares y policías en poder de las FARC podría ser puesto en libertad recién este próximo 2 de abril. Así lo hizo saber la organización guerrillera poniendo fin a la incertidumbre sobre la liberación de los secuestrados, que llevan ya más de una década en poder de las FARC.

Se trata de los últimos diez uniformados que, de cumplirse el esquema fijado por la guerrilla, podrían recuperar su libertad la próxima semana. Su liberación había sido fijada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como condición para un futuro diálogo que conduzca a la pacificación del país.
En principio, la fecha de entrega de los secuestrados había sido fijada para el 26 de marzo, pero a ninguna de las partes, incluyendo la Cruz Roja Internacional que sirve de mediadora, le pareció que las condiciones estaban dadas. Por ello se decidió la postergación.

Desde luego que, de concretarse la liberación de los prisioneros, aún quedará pendiente la promesa de la guerrilla de suspender, en el futuro, los secuestros con fines extorsivos. Sin embargo, es innegable que éste gesto de las FARC puede ayudar a crear las condiciones para un acercamiento con el gobierno colombiano. De eso dependerá la suerte que corran los secuestrados civiles.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron repetidas veces a las FARC y al gobierno que hagan todos los esfuerzos posibles para lograr la liberación inmediata de todas las personas secuestradas. En una conversación con Radio Nederland, Jaime Zuluaga, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, dijo no saber que va a pasar con los civiles secuestrados. “Las FARC no han hecho ninguna declaración en ese sentido. Pero si ellos quieren evidentemente contribuir a crear condiciones que favorezcan un clima de negociación futura , tendrán que liberar a los civiles también.’’

El gobierno del presidente Santos, no ha hecho, por su parte, ningún comentario al respecto y parece ser consecuente en mantener su posición de iniciar contactos con los grupos armados ‘sólo en caso de que estos colaboren en la creación de un clima de negociaciones”. Eso incluye también la suspensión de las actividades vinculadas al narcotráfico, la puesta en libertad de los niños que tienen reclutados pero, sobre todo, que se comprometan a dejar el secuestro.

Entretanto, las organizaciones de la sociedad civil siguen elaborando propuestas para lo que podría ser el contenido de una futura agenda de negociaciones entre el gobierno del presidente Santos y las guerrillas. Zuluaga declaró: “El modelo de negociación posible será hecho en base a experiencias pasadas, como las que condujeron a la desmovilización de otros grupos armados, como el M-19, años atrás."

Los secuestros y las constantes muertes de dirigentes sindicales e indígenas, entre otros, han dado lugar a que en varios informes de organismos internacionales la situación de los derechos humanos en Colombia haya sido calificada de muy grave. En esas circunstancias, nadie puede asegurar que la entrega de secuestrados por las FARC detenga esos crímenes, atribuidos al ejército y a los remanentes de los grupos paramilitares. Estos grupos son un fenómeno que aún no ha desaparecido del todo a pesar de los esfuerzos de la diplomacia colombiana por querer demostrar lo contrario en los foros internacionales.

Zuluaga agregó: “Dadas las condiciones actuales, la inviabilidad de un triunfo de las guerrillas por la vía de las armas y el clima político ampliamente adverso a la continuación de la lucha armada, las guerrillas tienen que entender que el momento de la guerra en Colombia ya pasó hace mucho tiempo y que éste es el momento de buscar alternativas políticas a la situación del conflicto armado en el país.”