En Berlín se reunieron recientemente representantes de gobiernos y de organizaciones gubernamentales para discutir sobre el futuro de la asì llamada Corte Penal Internacional. Luego del caso Pinochet y del juicio a Milosevic, la creación de un tribunal supranacional permanente encargado de castigar los crímenes de lesa humanidad se ha hecho cada vez más imperiosa.

Sergio Correa

¿Qué hacer cuando la justicia de un país no puede o no quiere enjuiciar a reconocidos violadores de derechos humanos? Esta pregunta comenzó a cobrar cada vez más importancia tras la detención de Pinochet, en Londres, y del recién comenzado juicio al ex presidente yugoslavo Milosevic, en La Haya. Hasta ahora, los juicios de esas cortes internacionales son ad hoc, es decir, se constituye un tribunal sólo para juzgar casos especiales. La conferencia de la Coalición por una Corte Penal Internacional, en Berlín, trató de definir los pasos para conformar un tribunal que, según la presidenta de la citada coalición, la española Irune Aguirrezábal, está muy cerca de constituirse.

A su juicio, el reto es ahora que los sesenta Estados, los 24 que quedan, ratifiquen este tratado y que representen a Estados de las distintas regiones del mundo, para que esta Corte sea universal, y no una en la que los países del Norte juzguen a los países del Sur.

Sin embargo, un problema importante que los partidarios de la Corte deben aún resolver es evitar entrar en conflicto con la soberanía de cada nación. Con tal fin, la coalición para una Corte Internacional propone la adopción de mecanismos legales que cada país firmante debe incluir en su cuerpo legal.

Los partidarios de la Corte Internacional consideran que, si cada país incluye dentro de su código penal algunos capítulos como la definición de crimen contra la humanidad y la obligación de extradición de los sujetos que violen esos derechos, la Corte Internacional actuaría sólo excepcionalmente. La idea, entonces, es que cada país tenga mecanismos legales que impidan la impunidad o la formulación de leyes como la de „Punto Final" en Argentina.

Aguirrezábal reconoce, no obstante, que este decisivo punto no ha avanzado, ya que hasta el presente, solamente dos Estados, Nueva Zelanda y Canadá, han cumplido con el llamado proceso de adopción de legislación interna. Esta legislación les permitirá, por un lado, cooperar con la corte en la extradición y, por el otro, juzgar esos crímenes, ya que están incluidos en sus códigos penales.

Sin embargo, la Corte Internacional debe garantizar que se juzguen también los crímenes contra la humanidad cometidos en los países poderosos. Un caso paradigmático de ello es el del ex secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Henry Kissinger, a quien se acusa, entre otras cosas, de haber promovido el golpe de Estado que llevó al poder a Pinochet en Chile. También existe el problema de países como China, en los que los derechos humanos se violan sistemáticamente, desatando una débil protesta de los países poderosos.

Otro problema decisivo de la Corte es que hasta ahora no se ha podido liberar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si los cinco países con derecho a veto dentro del Consejo deciden suspender una investigación, el Tribunal Internacional queda con las manos atadas. Al parecer, el Tribunal Internacional tampoco se ha podido liberar de presiones políticas. Estos serán los temas que se seguirán debatiendo, antes de que la institución entre en funciones, lo que, se espera, sea antes de fines de este año.