En el contexto de la IV Convención Internacional Anti-Pandilla en El Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, señala:

Las cumbres y convenciones anteriores no han resultado en estrategias eficientes de cooperación para reducir los altos niveles de violencia y el fenómeno de las pandillas.

No hay indicios claros de que las pandillas operen como una red transnacional organizada.

Las estrategias de cooperación deben promover la reducción de la violencia policial arbitraria que cada vez más afecta a la juventud y ciudadanía.

En estos días, El Salvador es sede de la IV Convención Internacional Anti-Pandilla, la cual reúne jefes de policías, agentes y autoridades de seguridad de los países centroamericanos y de los Estados Unidos.

Esta convención es parte de una serie de convenciones y cumbres anti-pandillas celebradas con el fin de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, y definir estrategias para el combate del fenómeno de las pandillas.

La creación de este espacio ha sido justificada con el argumento del aumento y complejización de la violencia y la criminalidad generadas por las pandillas, o las denominadas "maras", quienes, según las autoridades, son redes criminales transnacionales con altos niveles de planificación y coordinación. Las mismas autoridades han atribuido la principal responsabilidad de los altos niveles de violencia en la región a las pandillas, y también se les ha acusado de estar involucrados en crímenes organizados transnacionales como son el tráfico de seres humanos, drogas y armas. Bajo esta misma lógica, se ha presentado a las pandillas como una amenaza a la seguridad pública y nacional donde operan, lo cual a su vez ha justificado medidas represivas en el combate al fenómeno.

Las convenciones y cumbres han resultado en acuerdos que buscan facilitar la cooperación regional en la lucha contra las pandillas. Entre ellos se destacan la creación del Centro Antipandillas Transnacional - CAT, con sede en El Salvador, mecanismos para intercambio de información relacionado con la inteligencia policial, control fronterizo, registro de huellas digitales, así como capacitación de policías por la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA por sus siglas en inglés). Si bien la prevención figura en la agenda de estos espacios, los resultados reflejan una continuidad en el fuerte énfasis en medidas de control y represión, y la prevención sigue siendo un tema sin prioridad para la cooperación regional. Hasta la fecha los acuerdos y la estrategia definida en las cumbres y convenciones antipandillas han demostrado ser ineficientes en el combate al fenómeno de las pandillas y a la violencia en general. Muestra de ello es el fuerte incremento de homicidios experimentado en El Salvador y Guatemala, donde las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes del año 2007, superaron de forma alarmante las tasas de homicidios del 2004 (año previo a la celebración de la primera convención anti-pandilla).

En este contexto, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), una iniciativa intersectorial e interdisciplinaria integrada por organismos de la sociedad civil organizada en Centro América que busca generar una comprensión y abordaje más integral del fenómeno que favorezca la prevención, rehabilitación y reinserción, señala:

1. Las pandillas juveniles en la región son un fenómeno complejo y multicausal que requiere respuestas integrales y complejas basada en una comprensión de los multiples factores que intervienen en el surgimiento y las transformaciones del fenómeno. Asimismo, las pandillas no puede entenderse sin considerar la complejidad del contexto general de crimen y violencia en la región centroamericana, y las respuestas al fenómeno no tendrán éxito sino forman parte de una política de seguridad dirigida a todas las expresiones de violencia y crimen.

2. No hay evidencia que sostenga que las pandillas son los principales responsables de los altos niveles de la violencia en la región: las estadísticas oficiales de El Salvador atribuyen menos del 12 por ciento de los homicidios cometidos en el año 2006 a las pandillas (fuente: Instituto de Medicina Legal). En Guatemala, la violencia homicida se concentra, con la excepción de la zona metropolitana, en zonas con poca o ninguna presencia de pandillas. Tampoco se ha logrado demostrar con evidencias contundentes que las pandillas están involucradas en el crimen organizado internacional, sino que los indicios existentes ponen en duda la participación de pandillas en estas actividades. De acuerdo con el último informe de la Unidad Internacional de Drogas y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos1, las pandillas no están involucrados en el narcotráfico, sino que su participación en el negocio de sustancias ilícitas está limitada al narcomenudeo. Esto indica que hay otros actores atrás de una serie de delitos y hechos violentos en la región, lo cual a su vez sugiere la necesidad de redirigir y redefinir los esfuerzos para reducir los niveles de estos crímenes.

3. Si bien es cierto que las principales dos pandillas en la región centroamericana, la Mara Salvatrucha y la Pandilla Barrio 18 tienen presencia en varios países de la región, incluyendo Estados Unidos, no hay indicios de que estas dos pandillas operan como una red transnacional organizada. La comunicación entre pandilleros en los diferentes países es primordialmente de carácter informal, y las pandillas operan y responden de acuerdo a la dinámica nacional y local.

4. El enfoque y los resultados de las convenciones y cumbres han ignorado los graves problemas internos que enfrentan las instituciones policiales en la región centroamericana. En los últimos años, los síntomas del deterioro y desnaturalización de los cuerpos policiales son cada vez más visibles. El alto número de policías acusados de participación en homicidios y otras actividades delictivas, casos de abuso, maltrato y hasta tortura por parte de agentes de las policías son solo algunos ejemplos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre junio de 2006 y junio de 2007, 295 agentes de la PNC de El Salvador fueron declarados culpables en violaciones a la integridad humana, incluyendo asesinatos. La misma fuente declara que fuerzas de seguridad asesinaron 26 personas en 2007, superando los 22 del 2006. Además, el PDDH recibió 736 denuncias por el uso excesivo de la fuerza o maltrato cometido por parte de agentes de la PNC en 2007, una duplicación de los 355 casos recibidos el año anterior. En el caso de Guatemala y Honduras, el panorama es similar, donde agentes de los cuerpos policiales han sido acusados, investigados y condenados por asesinatos, maltrato, tortura, amenazas, secuestros y participación en grupos de exterminio, donde los jóvenes son los principales víctimas. De igual manera, casos recientes como la intervención policial en el Complejo Educativo Doctor "Humberto Romero Alvergue" en San Salvador, es otro ejemplo de un mal actuar policial. Las acciones arbitrarias de las instituciones afectan a jóvenes de zonas urbanas marginales, muchos de ellos sin vínculos con las pandillas. En este contexto de erosión del respeto a los derechos humanos en las instituciones de seguridad, se vuelve indispensable que las agendas de colaboración policiales busquen promover un actuar policial consistente con el respeto a los derechos humanos.

5. La continuidad de las detenciones de jóvenes sin investigación previa y el acoso y maltrato policial señalado anteriormente se ha vuelto un principal obstáculo para el trabajo de rehabilitación y reinserción, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil que buscan establecer un abordaje alternativo a la represión del fenómeno.

6. La complejización del fenómeno de las pandillas, la agudización de la violencia en general, y incremento de los niveles de barbaridad asociada a ella visto en los últimos años, es un indicador del fracaso de las estrategias y las políticas de seguridad implementada en la región. Esto mismo sugiere una revisión de las políticas y estrategias policiales, las cuales deben reflejar un mayor equilibrio entre
esfuerzos de prevención y control.

7. En este mismo contexto, señalar que la Iniciativa Mérida y el Plan de Seguridad Regional elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, representa una importante oportunidad para los países centroamericanos de contar con un plan de cooperación en la materia de seguridad.

Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) - UCA Boulevard de los Próceres, Apdo. (01) 168, San Salvador, El Salvador Tel/fax: (503) 2210 6672 E-mail: que esta iniciativa se convierta en una oportunidad que pueda coadyuvar a la generación de políticas públicas comprensivas, se debe enfatizar la importancia de que este mismo plan incorpore una visión integral que favorezca un mejor equilibrio entre la prevención y medidas de control, priorizando la prevención, rehabilitación y reinserción, así como solicitar la asistencia técnica para fortalecer las instituciones policiales con el fin de revertir las tendencias de deterioro y desnaturalización de los cuerpos policiales en la región.