Una campaña de intimidación y terror amenaza con paralizar las actividades de activistas defensores de los derechos humanos.

 
 
Tras el asesinato de la líder social Josefina Reyes, Amnistía Internacional pidió a organismos internacionales protección para tres  activistas de Ciudad Juárez . Las amenazas y la intimidación amordazan a los defensores de derechos humanos de la zona.
 
La organización defensora de los derechos humanos ha presentado su solicitud de protección ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional teme especialmente por la vida de Cipriana Jurado, quien desempeña actividades similares a las que desarrollaba la recién asesinada Josefina Reyes.
 
 
Escuche la entrevista con Cipriana Jurado del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera de Ciudad Juárez:

 
Cipriana ha denunciado igualmente y de manera reiterada los abusos y violaciones de derechos humanos que se han generado a partir de la militarización de Ciudad Juárez.
 
Para Cipriana Jurado, el riesgo proviene de la fuerte oposición que tanto ella como otros defensores y activistas, cuyas vidas actualmente corren riesgo, han hecho al patrullaje y control de los militares en la ciudad. “Consideramos que esta militarización es inconstitucional y, además, creemos que los miembros del Ejercito no están capacitados para lidiar con la ciudadanía común,” declaró Jurado.

 
Violencia institucional
Defensores de derechos humanos de Ciudad Juárez han denunciado diversos atropellos cometidos por miembros del Ejercito durante el desarrollo de la ofensiva contra el crimen organizado. Cipriana Jurado, concretamente, viene trabajando en la investigación de la desaparición de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Estas dos personas fueron secuestradas muy cerca de su domicilio en noviembre del 2008.
 
Actualmente, Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo por cuenta del accionar de las bandas del narcotráfico. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, a ello se suma la violencia institucional ejercida por organismos estatales. Las denuncias involucran a agentes de la Policía Federal Preventiva y del Ejercito mexicano en delitos de robos, secuestros y asesinatos. Sin embargo, señala Jurado, las amenazas han creado un clima de terror que está logrando que activistas, defensores y la ciudadanía en general guarden silencio, en lugar de denunciar.