Ésa es la principal conclusión del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto al contencioso entre Argentina y Uruguay.

La Corte, representada por su presidente Peter Tomka, consideró que Argentina "no aportó pruebas concluyentes" que permitan establecer que la planta de celulosa ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos esté "afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico" del río Uruguay, frontera entre ambos países. Por esa razón el tribunal no considera que sea necesario el desmantelamiento de la planta y su traslado a otra zona.
 

Sin embargo, la Corte consideró que Uruguay “no respetó su obligación de informar a Argentina” sobre la construcción de la planta, tal como lo establece el estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975.

Este fallo pretende superar la crisis entre los dos países desde que a inicios del 2006 el Gobierno argentino acusó a su vecino de violar el Tratado de Uruguay, que exige la consulta entre ambos para acordar la explotación del curso fluvial. En este caso las autoridades argentinas aseguraron que no fueron informadas de las pretensiones de Uruguay y argumentaron que la fábrica de celulosa causará daños al medioambiente.

La empresa finlandesa Botnia, hoy UPM, funciona desde el 2007 a orillas de la ciudad de Fray Bentos y produce y exporta celulosa. Los 1.800 millones de dólares que costó su construcción es hasta hoy la mayor inversión privada en la historia del país.

Bloqueo
En la margen de enfrente, desde la ciudad argentina de Gualeguaychú, se originaron las marchas de protesta que condujeron, desde hace tres años, al bloqueo del puente internacional General San Martín. Las protestas de los ecologistas motivaron una denuncia de Uruguay ante la CIJ por daños económicos.
 

El intendente de Río Negro, departamento del que Fray Bentos es capital, Omar Lafluf, recordó que las 19 estaciones de monitoreo que tiene el río, las tres torres de control de aire en la zona, además del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), han confirmado que "aquí no ha habido impacto ambiental".
 

Pero Buenos Aires interpuso la demanda en mayo del 2006 ante la máxima instancia judicial de la ONU con el argumento que la actividad industrial de Botnia contamina el río y exigió su demolición. Incluso si no prosperaba su desmantelamiento, la jefa de la delegación argentina, Susana Ruiz Cerrutti, expresó esta semana que Argentina podría "exigir las garantías más importantes de poder verificar el funcionamiento" de la planta.
 

En una radio porteña, el canciller argentino Jorge Taiana manifestó horas antes de conocerse el fallo que existe "una voluntad clara" de ambos gobiernos "para avanzar en la relación bilateral", más allá de la resolución del tribunal internacional. En efecto, está previsto que presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, se reúnan en los próximos días para dar por saldada la disputa.
 

Asamblea ambiental de Gualeguaychú
Queda por verse cuál será la respuesta de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que tiene prevista una movilización para el día 24, cuando Mujica visite la vecina ciudad de Concordia donde inaugurará un tramo del proyecto ferroviario de carga que unirá ambos países. Los activistas opinan que esta línea de tren estará al servicio de la planta papelera.
 

Lo cierto es que Uruguay tiene en la meta seguir con la política de propiciar inversiones en esta área y estudia la admisión de la multinacional Montes del Plata, integrada por la chilena Celulosa Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso. Esta empresa presentó al gobierno su proyecto que demandará una inversión de 2.300 millones de dólares y que se alojaría en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, y con costas sobre el Río de la Plata.