La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, abrió el jueves una audiencia contra Brasil por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985.

 

Los representantes de las víctimas y del Gobierno brasileño presentarán sus declaraciones hasta hoy viernes, en el marco del proceso por el caso Gomes Lund, conocido como ‘Guerrilla de Araguaia’, por tortura, asesinato y desaparición de unas 70 personas.
 

Los autores de los crímenes, miembros de las Fuerzas Armadas, fueron beneficiados por la ley de amnistía dictada por el propio régimen militar en 1979. Desde entonces, e incluso desde el retorno de la democracia en 1982, Brasil no ha dejado de obstaculizar cualquier intento de investigación para resolver estos hechos alegando la vigencia de la normativa.
 
La decisión más reciente se remonta a dos semanas atrás, cuando el Supremo Tribunal Federal se opuso a iniciar un proceso por este caso. La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, manifestó a la agencia AFP que "la justicia brasileña parece ser presa del 'síndrome de Estocolmo', la reciente decisión del Supremo Tribunal respalda a quienes en el pasado violaron los derechos humanos y hoy aspiran a mantenerse en la impunidad".
 
El caso Gomes Lund comprende los años 1972 y 1975, cuando tres campañas militares sofocaron a la ‘Guerrilha do Araguaia’ en el estado de Pará, en el noreste de Brasil.
 
Fernando Mariño Menéndez, miembro del Comité contra la tortura de la ONU, manifestó a Radio Nederland que la decisión del máximo tribunal brasileño ha sido "un paso atrás". "Yo hubiera preferido que la ley de amnistía hubiera sido declarada contraria al orden jurídico de Brasil y por lo tanto, inadmisible,” opinó, “ese mensaje habría consolidado -visto el poder creciente de Brasil y su influencia- un principio continental, en el sentido que ese tipo de amnistías es contrario al sistema de protección de los derechos humanos".
 
Tras las audiencias en la CIDH se abrirá un período para incorporar alegados escritos hasta el 21 de junio, tras lo cual la Corte emitirá una sentencia.
 
Según Krsticevic, del CEJIL, el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, ha sugerido que su país no acataría una eventual condena sobre este caso. La activista opinó que si así fuese, constituiría una "mancha enorme" para la figura del presidente Inacio Lula da Silva.