Durante y después de la Guerra Fría Guatemala ha sido un campo de experimentación (derrocamiento de un gobierno constitucional a cargo de la CIA, en 1954; estrategia de “tierra arrasada”, en 1981/82, por ejemplos). Con la renuncia y la partida, esta semana, del jurista español Carlos Castresana Fernández, quien durante 23 meses estuvo al frente de un organismo al que se terminó denominando Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó la primera etapa de otro experimento sin precedentes: la comunidad internacional, supuestamente representada por la ONU, prácticamente se hizo cargo de la procuración de justicia en esta nación, también supuestamente soberana.

Lo novedoso fue que, por primera vez en la historia, no se trató de una intervención/sometimiento, del tipo de la justicia impartida por Israel en los territorios ocupados, sino de la aceptación de la ONU a una atenta (y desesperada) solicitud del gobierno de Guatemala.

En el 2002 diversos organismos de derechos humanos comenzaron a pensar en algún tipo de ayuda internacional para poner fin a las amenazas y los ataques de “grupos paralelos y poderes ocultos”, originados en el conflicto armado de más de 30 años, con un saldo de unos 200 mil muertos, que finalizó con los Acuerdos de Paz de 1996.

Se referían básicamente, como lo explica el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra, a “La Cofradía”, originada a partir de una estructura clandestina que operó en el Ministerio de Finanzas Públicas para detectar tráfico de armas y municiones destinadas a las organizaciones guerrilleras; y al “Sindicato”, una suerte de fraternidad horizontal en el seno de los militares egresados de la Escuela Politécnica (colegio militar) en el año 1973.

“En Guatemala continúan operando los mismos grupos ilegales empleados por el Estado durante el conflicto armado. Las agencias clandestinas de espionaje responsables de la “guerra sucia” nunca fueron desmanteladas. Siguen presentes y constituyen una amenaza para la institucionalidad democrática, para los defensores de los derechos humanos, para los representantes de los medios de comunicación, para los profesionales de la justicia, abogados, jueces y fiscales. Estos grupos, sin una guerra en la que combatir y no habiendo sido capaces de integrarse a la vida democrática, han continuado su actividad crecientemente conectados con bandas, nacionales y extranjeras, del crimen organizado”, confirmó Castresana en un informe elaborado durante su primera visita al país, en el 2003.

Por entonces gobernaba el empresario Oscar Berger quien pese a contar también con una estructura semi-clandestina que funcionaba dentro del Ministerio de Gobernación al mando de Víctor Rivera, un ex agente de la CIA de origen venezolano (asesinado por narcotraficantes en abril del 2008), hizo suyo el diagnóstico y la idea de las organizaciones humanitarias y recurrió al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de la ONU en procura de ayuda.

En consecuencia, en enero del 2004 la ONU y el gobierno firmaron un acuerdo para crear la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), pero, en medio de la protesta de legisladores, políticos y “opinólogos”, de pronto convertidos en defensores a ultranza de la soberanía nacional, la Corte de Constitucionalidad lo impugnó considerando algunas cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

“En realidad, lo que esa institución pretendía era la presencia de un colegiado de tres comisionados extranjeros que elaboraran un informe, hicieran algunas recomendaciones y se marcharan”, relató Castresana a una revista mexicana.

“La iniciativa de la Secretaria General de la ONU, en cambio, apuntaba a que fuese un órgano con capacidad operativa, que funcionase como una Fiscalía Internacional, a cargo de un sólo Comisionado al cual se sumarían, en el periodo final, otros dos, uno guatemalteco y otro de la OEA, para la elaboración del informe y las recomendaciones”, explicó.

“Tal recomendación no era para nada inconstitucional. El acuerdo, tal como fue aprobado inicialmente, correspondía – aunque la Corte no lo haya considerado así – a las previsiones del artículo 46 de la Constitución de Guatemala, que dispone la posibilidad de celebración de convenios internacionales en materia de Derechos Humanos los cuales, después de su ratificación por el Congreso, tienen preeminencia sobre el resto del derecho interno guatemalteco”, añadió.

Con los ajustes del caso, finalmente el 12 de diciembre del 2006 las partes firmaron un acuerdo para establecer la CICIG. Acuerdo que, ratificado por unanimidad por el Congreso de Guatemala, entró en vigor el 4 de agosto del 2007. Diez días después Castresana fue nombrado por el secretario general de la ONU para dirigir el organismo, como comisionado, con rango de sub-secretario de la organización multinacional.

El mérito de la designación

No se puede dejar de reconocer el mérito de esta designación.
Estados Unidos, el miembro más poderoso de la ONU, apoyó al franquismo; a las sucesivas dictaduras militares en América Latina; promovió y financió el golpe de Estado contra Salvador Allende, en Chile; por su “Escuela de las Américas” pasaron la mayoría de los militares secuestradores, torturadores y asesinos de nuestro continente; la CIA participó activamente en la “guerra sucia” de Guatemala y varios de los jefes de los “Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad” fueron o siguen siendo agentes o colaboradores de esa Agencia.

No obstante, para dirigir la CICIG, el DAP y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, seleccionaron a una personalidad democrática y progresista, anti-franquista, autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas militares de Argentina y Chile, con las que el juez Baltasar Garzón inició ante la Audiencia Nacional el procesamiento del general chileno Augusto Pinochet y decenas de represores argentinos.
O Ban Ki Moon goza de una autonomía sorprendente o, como afirman en el seno del Ejército de Guatemala y desde las penumbras de los “Poderes Ocultos”, “no existe aliado más propenso a la traición que el poder estadounidense”.

El caso es que, careciendo de por lo menos un William Mark Felt (“garganta profunda” en el escándalo Watergate) la política de Washington para Guatemala es de muy difícil comprensión. Se supone que uno de los propósitos de la CICIG es contribuir la estabilidad institucional en el país. Sin embargo, el actual embajador Stephen McFarland, por una parte trabajó codo a codo con Castresana, y por la otra sostiene estrechas relaciones con algunos de los empresarios y columnistas más dedicados a debilitar y desestabilizar al gobierno de Álvaro Colom.

Nacido en Madrid en 1957, a los 23 años, cuando comenzó a ejercer la abogacía, es muy probable que Carlos Castresana no imaginara hasta dónde se iba a extender la jurisdicción del Derecho en el mundo, en consonancia con el proceso de “globalización” de los negocios lícitos e ilícitos, los capitales, la tecnología, las comunicaciones, etc. Y, mucho menos, que él acabaría por desempeñar un papel protagónico – y polémico - en ese proceso de “mundialización” de la Justicia Penal que, haciendo tabla rasa con fronteras y Estados soberanos, comenzó con el castigo (a los vencidos) por crímenes de guerra, en Nuremberg; con ese antecedente continuó con la procuración extraterritorial e imprescriptible de los delitos de “lesa humanidad” (violaciones a los Derechos Humanos, genocidio) y terminó por convertirse en un instrumento al servicio de los intereses geo-políticos y económicos de la potencia hegemónica.
Magistrado y Juez entre 1986 y 1989, Castresana ingresó por oposición en la Carrera Fiscal en 1989. Destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid, seguramente en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción, - en la medida en que estos delitos y su persecución se trasnacionalizaron – comprendió que su siguiente paso para llegar a la fiscalía del Tribunal Supremo (2005) no era incompatible con un alto cargo internacional.

Los casos de “alto impacto”
Castresana llegó a Guatemala justo a tiempo para salvar de un inminente naufragio al gobierno de Colom, acusado por la propia víctima de un homicidio (por medio de un vídeo grabado poco antes de morir). En la filmación, el joven abogado Rodrigo Rosenberg, obsesionado por esclarecer el asesinato de su amante, Marjorie, y del padre de esta, Khalil Musa, responsabilizaba al Ejecutivo, entre otros, en caso de que sufriera un atentado. Como el anunciado ataque se produjo – en una zona residencial, a plena luz del día y con consecuencias fatales – y el vídeo circuló profusamente, amplios sectores de la clase media urbana se lanzaron a las calles pidiendo la destitución de Colom y su enjuiciamiento.

Como la principal misión de la CICIG y Castresana ya no era combatir los “Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad” (aunque aún existe la sospecha de vínculos entre ese caso y los “Poderes Ocultos”), sino tratar de reducir a su mínima expresión la inconcebible tasa de impunidad existente en el país (superior al 90 por ciento), toda la organización, infraestructura y esfuerzos se orientaron a la investigación del extraño episodio.

Participaron 300 funcionarios guatemaltecos y de otros once países; se analizaron 100 mil llamadas telefónicas; catorce líneas fueron interceptadas; 10 mil documentos fueron ingresados a una base de datos; se realizaron 260 operativos y 180 reuniones de trabajo; 135 personas fueron interrogadas, etc.
La conclusión de semejante operación fue que Roseberg planificó, organizó y obtuvo su propia muerte (suicidio), para vengar la desaparición de sus seres queridos, inculpando a los funcionarios e instituciones que él consideraba como los autores intelectuales. Con la excepción de quienes, de alguna manera, indujeron a la víctima a un suicidio tan rocambolesco, todos los involucrados fueron capturados o se entregaron.

La siguiente actuación de “alto impacto” de la CICIG fue la persecución y captura del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de enriquecimiento ilícito en Guatemala y lavado de dinero en Estados Unidos y Francia.

Durante su administración, Portillo tuvo la audacia de enfrentarse con sectores intocables de la oligarquía tradicional y monopólica de Guatemala (productores de azúcar, harina, cemento, etc.) y había rehabilitado, para rodearse de ellos, a miembros de “La Cofradía” quienes, según la prensa guatemalteca, echaron mano de recursos del Estado, a cambio de proporcionarle al mandatario apenas un 6 por ciento de las utilidades de los negocios ilícitos. Cuando los oligarcas afectados y resentidos consideraron que había llegado el momento de “pasarle la factura” recurrieron a la CICIG y a la Embajada de Estados Unidos para entregarlo.

El penúltimo acto del comisionado fue su sorpresiva renuncia, desgastado por una virulenta campaña mediática con denuncias sobre su vida privada – un supuesto caso de infidelidad conyugal – que, según fuentes confiables, cercanas al sistema ONU – habría inducido a la Secretaría General del organismo a recomendarle un paso al costado, aduciendo la incompatibilidad existente entre una función tan delicada y cierto nivel de exposición/vulnerabilidad pública, inconveniente en cualquier caso.

Y el último, a la espera de la llegada de su sucesor, el costarricense Francisco Dall´Anese, consistió en el esclarecimiento del asesinato de Rivera y la identificación y captura de casi todos los culpables.

Otras tareas y un debate
Durante sus primeros 23 meses de existencia la CICIG también trabajó en el fortalecimiento de la estructura de políticas públicas del país y de las instituciones del sector judicial; instruyó a miembros del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PCN) para mejorar su actuación en investigaciones criminales y procesos judiciales. Además, con la participación del MP y la PCN orientó y supervisó la captura de muchos presuntos delincuentes; se adhirió como querellante en los procesos contra éstos; purgó policías y funcionarios judiciales y promovió a otros; y propuso una serie de leyes y reformas ante el Congreso en lo que tal vez constituyó se principal fracaso: la mayoría no ha prosperado.
Castresana se fue, condecorado por el gobierno con la Orden del Quetzal y por varias embajadas; entre los agradecimientos y las felicitaciones de muchos ciudadanos, especialmente los organismos de derechos humanos, y el júbilo del crimen organizado.

Un tercer sector, el conformado por entidades e individuos cuya función no es ni lamentar ni brindar, sino tratar de interpretar con sentido crítico la realidad, como el académico o la prensa independiente, continuara debatiendo acerca del papel y los aportes de una justicia supranacional – que no deja lugar a dudas de que se maneja con un doble rasero – , ejercida con plenos poderes, total inmunidad y una buena dosis de arrogancia, en los países jóvenes, pobres y atrasados de América Latina que, pese a todo, a lo largo de apenas 200 años, han logrado lidiar, por su cuenta y riesgo, con las guerras de Independencia y de rechazo a los invasores, guerras civiles, revoluciones, reformas liberal y universitaria, intentos de reforma agrarias, luchas de liberación nacional, ciertos proyectos más o menos exitosos de industrialización, construcción de algo parecido a Estados Nacionales, incipientes procesos de integración regional.

No es poco en tan poco tiempo. Aunque aún falten las grandes batallas contra la pobreza, la exclusión y la marginalidad, el racismo y la discriminación. Lo demás vendrá por añadidura.
Castresana se fue fiel a sus principios, aunque estos, al final de cuentas, dejaron mal parado al Ejecutivo y a las instituciones: al anunciar su renuncia también exigió el retiro del nuevo Fiscal General - a quien el presidente Colom acababa de seleccionar entre seis candidatos - por sus vínculos con la delincuencia. Es decir que dejó al Ministerio Público acéfalo y tanto a la Comisión de Postulación como a la Corte de Constitucionalidad en un grave aprieto porque aún no han podido designar un sucesor. Y, para rematar, declaró que no había encontrado por parte del Estado guatemalteco el apoyo esperado.

El 24 de marzo del 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al secretario general de la ONU la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. Tal prórroga fue aceptada el 15 de abril. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre del 2011.