La empresa Chevron-Texaco está siguiendo al pie de la letra la declaración de uno de sus funcionarios que alguna vez dijo: “No vamos a pagar y vamos a pelear no solo por años sino por décadas”.

Por Luis Dávila
 

Chevron-Texaco enfrenta en la justicia de Ecuador una demanda por 27.000 millones de dólares planteada por el Frente de Defensa de la Amazonía, agrupación de la sociedad civil que agrupa a unas 30.000 personas, por daños que habría producido esa empresa desde 1964 hasta 1990 en miles de hectáreas que el Estado ecuatoriano le concedió para la explotación de petróleo.

El Frente de Defensa de la Amazonía inició el juicio en 1993 tras acusar a la empresa de no haber usado tecnologías que impidieran la destrucción del ambiente por desechos de petróleo, lodos de perforación con aditivos y aguas contaminadas. Esto, además, habría producido numerosos casos de malformaciones congénitas en personas, cáncer de piel, abortos y trastornos gastrointestinales.

Hace algunos días, la Chevron presentó en YouTube unos vídeos, grabados con cámara oculta, como “prueba” de que el juez Juan Núñez, quien hasta antes de este suceso seguía la causa, habría participado en un complot de soborno a cambio de emitir una condena contra la petrolera. Para el Frente de Defensa de la Amazonía éste fue un acto de corrupción de la Chevron en su afán de dilatar aún más el proceso judicial que ya lleva más de 16 años. El juez Núñez se inhibió de seguir en el caso para que se dejara en absoluta libertad a las personas que investigarían a fin de que se esclareciera la situación.

El recurso de Chevron no afecta los hechos esenciales
Según unos de los abogados del Frente de Defensa de la Amazonía, Pablo Fajardo, los vídeos interpuestos por Chevron no afectan los hechos esenciales de la demanda. Para Fajardo solo se ha creado un escándalo público para deslegitimar la justicia ecuatoriana a través de supuestos actos de corrupción. Sin embargo, dice, lo único que demuestran los vídeos es que Chevron fue la que quiso sobornar al juez Núñez. “Es sorprendente que Chevron no haya presentado ningún documento escrito en alguna instancia judicial, (…) eso demuestra que solo se trató de una campaña publicitaria para dañar la imagen jurídica y política del Ecuador”.

Fajardo considera que Chevron está cometiendo algunos delitos: uno, arrogación de funciones de supuestos funcionarios del gobierno ecuatoriano; dos, asociación ilícita para planificar hechos de soborno; tres, intento de soborno. Estos tres delitos están sancionados por la justicia ecuatoriana y norteamericana, dice.

El abogado de los amazónicos hace conocer que las dos personas que entregaron los vídeos a Chevron están vinculadas con esa empresa, y que no son empresarios independientes como se los quiere mostrar.
 

El juez no podría excusarse
Para Fajardo, existe una intención de la empresa petrolera Chevron de alargar el proceso, aunque –afirma– eso no sucederá porque en el supuesto de que el juez Núñez se retirara del caso, cualquier juez que ingresara a conocer la causa evacuaría la providencia y daría solución en forma inmediata. Sin embargo, Fajardo explica que hasta el momento el juez Núñez continúa al frente de la causa, pese a que se excusó. En su opinión no existe ninguna ley ni aspecto jurídico que le permita excusarse. Por esto, el juez subrogante le ha pedido que justifique su decisión en derecho, cuestión que Núñez no ha podido hacer.

Lo actuado por Chevron en estos días no es nuevo. Poco tiempo atrás ya le había fracasado un recurso de peritaje pedido a la Corte de Justicia con el mismo propósito de alargar el juicio.
La tenacidad del Frente de Defensa de la Amazonía ha sido el elemento que ha mantenido la causa por tanto tiempo, con serias posibilidades de ganar la demanda ante una empresa transnacional extremadamente poderosa.