La detención de nueve personas vinculadas al asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, perpetrado en mayo pasado, reabre las esperanzas de justicia en Guatemala.

Fernando Cabrera / Agencias

Desde diferentes sectores de la población las reacciones han sido de júbilo. Sin embargo, hay un consenso generalizado de que el caso recién se cerrará cuando los autores intelectuales del crimen se encuentren detrás de las rejas.

El viernes 11 de septiembre, en varios operativos policiales y con una serie de allanamientos en viviendas de tres ciudades vecinas de la capital guatemalteca , la policía procedió a la detención de los sospechosos considerados autores materiales del asesinato del abogado Rosenberg.
 

Algunas horas después, el jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), envió un mensaje a la opinión pública asegurando que con las detenciones se ha desmantelado una agrupación criminal que robaba y asesinaba por dinero. El jefe de la CICIG, el español Carlos Castresana, aseguró en una rueda de prensa que ''se ha detenido a los autores materiales del asesinato del abogado''.
 

Sin embargo, Castresana reconoció que aún faltaba mucho trecho por recorrer. "No tenemos ni un solo testigo, pero sí irrefutables pruebas científicas". Con esto el funcionario se refirió a las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios de los edificios ubicados en las cercanías de la zona del crimen, así como el registro de 12.000 llamadas telefónicas que permitieron identificar a los responsables del asesinato, encontrar sus vehículos y sus domicilios.
 

Banda criminal infiltrada
Según la Fiscalía, todos ellos conforman una banda que se dedica al narcotráfico, secuestro, extorsiones y el asesinato a sueldo. Sus integrantes son casi todos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

Según varios informes de organizaciones de derechos humanos que trabajan en este país centroamericano, en Guatemala no sólo la policía está infiltrada por el crimen organizado, sino que este logró también incursionar en las diferentes instituciones del Estado.
 

Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos de Guatemala, en una conversación con Radio Nederland, dijo que a pesar de todo eso “la justicia está avanzando por buen camino, pero que se trata de encontrar a los autores intelectuales del crimen.”
 

Acusaciones contra el presidente
El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, quien fuera directamente inculpado por el asesinato en un video que dejó grabado el mismo Rosenberg, dijo en un encuentro con la prensa que "...el asesinato de Rosenberg causó una seria crisis política en Guatemala, que puso en riesgo la estabilidad del gobierno". Debido a eso, el mandatario amenazó con iniciar juicios por sedición contra las personas que exigieron su renuncia en mayo pasado, tras el asesinato del abogado.
 

Rodrigo Rosenberg conmocionó a toda la opinión pública por el vídeo que había dejado grabado unos días antes de su asesinato, ocurrido el 10 de mayo, en el que acusaba de su muerte al presidente Álvaro Colom, a la esposa del mandatario, Sandra Torres, y al secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos.
 

Pero en Guatemala estos casos suelen tener una larga cola e imprevisibles consecuencias. En efecto, la jueza Patricia Gámez renunció tras ordenar la detención de los nueve sospechosos. Según ella "básicamente por problemas personales". Hace un tiempo atrás y durante las investigaciones en torno a este caso, la jueza ya había sido amenazada de muerte. Ahora se tramita su renuncia al poder judicial.
 

Según Ruth del Valle, la detención de los nueve es una muestra clara de cómo se puede avanzar en una investigación cuando se quiere descubrir la verdad. Pero a pesar de tanto optimismo hay también razones para dudar de la efectividad de las investigaciones, y peor aún, de la efectividad de la justicia a la hora de condenar a los detenidos. De cualquier modo, esta vez tal vez sea mejor otorgarle a los investigadores guatemaltecos el beneficio de la duda.
 

Escuche la entrevista con Ruth del  Valle,Presidenta de la Comision Presidencial de DDHH de Guatemala.