El juez chileno Juan Guzmán Tapia, investigador de 202 querellas en contra del general Augusto Pinochet ordena los exámenes médicos para los días 7 y 8 de enero. El interrogatorio debería tener lugar el día nueve de enero. La defensa del senador vitalicio recomienda desobedecer la orden judicial. Ahora, Pinochet ha decidido seguir la propuesta de sus asesores legales.

Los argumentos son tan conocidos que resulta difícil tanto para querellantes como para defensores esgrimir razones nuevas en el caso del general Pinochet. Los querellantes exigen justicia por todas las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 11 de setiembre de 1973, y durante el régimen militar. La defensa asegura que su cliente es inocente y que la debilitada salud del militar no puede conducir a otro camino que a la cancelación de los enjuiciamientos.

En los últimos días se han producido dos variaciones que pueden modificar radicalmente es escenario. Una, la recomendación de un abogado defensor, Pablo Rodríguez, de que el general desobedezca la orden judicial. La otra, la reducción invariable del tiempo. Hemos llegado casi al final de esta historia y aún no sabemos si el senador se sentará o no en el banquillo de los acusados.

Ahora que Augusto Pinochet seguirá, al parecer, el consejo de no presentarse a los exámenes médicos ni al interrogatorio, lo más probable es que sea declarado ciudadano en rebeldía y se curse orden de detención en su contra.

¿Qué gana con esto la defensa?
La maniobra parece destinada a intentar crear una atmósfera de inseguridad nacional. Una suerte de crisis institucional que llevaría al país al borde del abismo. Que, incluso, desanimaría a los empresarios extranjeros a invertir en una nación que vive "una confrontación política que hará crisis en cualquier momento"(declaración de la señora Mónica Madariaga, ministra de Justicia en el gobierno de Pinochet). Es más, se pretende crear la impresión de que un escuálido grupo de abogados obcecados, apoyados por los comunistas de toda la vida, no cejan en su empeño de enlodar a un hombre inocente, anciano y enfermo.

La realidad, es muy diferente. Lo cierto es que la justicia desea actuar de forma independiente y no busca otra cosa que aclarar e investigar lo sucedido. Posteriormente, es decir tras el eventual interrogatorio, que por ahora no tendrá lugar, debería pronunciarse si da o no lugar a encausar al general Pinochet.

Decir que ordenar exámenes médicos para comprobar el estado de salud mental de senador y su posterior interrogatorio, es "una actitud altamente indecorosa para la persona del general Pinochet y para la institución de las fuerzas armadas" es un agravio a la razón. Es pretender confundir para desestabilizar.

Otra razón de la defensa podría ser la de la arrogancia para auscultar hasta donde es capaz de llegar la justicia sin que se genere una crisis nacional.

Así están cosas. Revueltas e inciertas. Por ahora la parte querellante se lleva la victoria porque deja al desnudo la pretensión de Augusto Pinochet de no responder ante la ley por su pasado.

Hasta el cierre de este artículo Chile estaba en total calma y funcionando normalmente. Tal y como ha sido la realidad de los últimos meses.