La familia de José Couso celebra la reapertura del caso contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara español en Iraq en el 2003.

Siete años y cuatro meses después de la muerte del cámara español José Couso en Iraq, su familia y amigos siguen buscando justicia. El camino es complicado, como lo demuestran las idas y venidas del caso, pero las últimas noticias abren un hueco a la esperanza.

El 8 de abril del 2003, el cámara español de la cadena de televisión Telecinco, José Couso, realizaba su trabajo en el Hotel Palestina, centro destinado a la prensa internacional en Bagdad, Iraq. Un tanque del ejército estadounidense disparó contra el hotel y causó su muerte y la del reportero ucraniano de la agencia Reuters, Taras Protsyuk.
 

Archivado y reabierto
Desde entonces, la familia de José Couso no ha cejado en el intento de llevar ante la justicia a los responsables de su muerte. En mayo del 2003, apenas un mes después de los hechos, la familia se querelló ante la Audiencia Nacional española para evitar que la muerte de Couso quedara impune. Hasta el día de hoy, el proceso ha vivido impulsos y retrocesos que han dejado a la luz el gran obstáculo ante el que se enfrentan los familiares y amigos de José Couso: los intereses, las razones o las excusas de la guerra.

El caso de José Couso fue archivado por la Fiscalía española hace dos años. A principios del pasado mes de julio, el Tribunal Supremo español reabrió la causa por entender que la muerte de Couso era penalmente imputable; y la semana pasada, el juez español Santiago Pedraz ordenó la busca, captura e ingreso en prisión de los tres militares estadounidenses presuntamente implicados en la muerte de Couso.

El magistrado de la Audiencia Nacional española imputa al teniente coronel Philip de Camp, al capitán Philip Wolford y al sargento Thomas Gibson un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio. Además, Pedraz ha pedido al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, autorización para desplazarse a Iraq con el fin de realizar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos. Cuatro de los periodistas testigos de lo que ocurrió durante el ataque estadounidense, Olga Rodríguez Francisco, Carlos Hernández de Miguel, Jon Sistiaga y Jesús Quiñonero se han ofrecido a acompañar al juez Pedraz en su viaje a Bagdad.

“Motivos bastantes”
No es la primera vez que el juez Pedraz, instructor del caso, ordena la detención de los militares estadounidenses. En octubre del 2005, Pedraz ya emitió una orden de detención internacional contra ellos. La Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional española le ha impedido seguir con el proceso en varias ocasiones, hecho por el cual la familia de Couso recurrió al Tribunal Supremo. En el fallo por el que se revoca el sobreseimiento de la causa, los jueces del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Diego Ramos aprecian indicios suficientes de delito en la muerte de José Couso y consideran a la Audiencia Nacional competente para investigar el caso.

Por su parte, el juez Santiago Pedraz considera que concurren "motivos bastantes" para considerarlos culpables de "ataque a la población civil". También del "acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas", por lo que, "atendiendo a la gravedad de los hechos", ordena la busca y captura e ingreso en prisión "como única medida efectiva" para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.

¿Error militar o amedrentamiento a la prensa?
José Couso murió en Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando grababa imágenes desde el hotel Palestina en el que se alojaba al igual que una gran parte de los periodistas que cubrieron la guerra de Iraq. El camarógrafo de la cadena privada Telecinco falleció como consecuencia de los disparos de un tanque de las fuerzas de Estados Unidos.

El Departamento de Estado norteamericano asegura que los tres militares responsables del ataque fueron absueltos por el Pentágono. “Fueron sujetos a una investigación del Pentágono y se les absolvió de cualquier delito”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. Según Crowley, “son las autoridades españolas las que deben tratar sobre los particulares de este asunto”.

Los mandos militares estadounidenses defienden que lo sucedido en Bagdad el 8 de abril fue un error imputable a la tensión de la guerra y aseguran que quienes dispararon contra el hotel Palestina creían que allí había francotiradores iraquíes. Sin embargo, son muchos los interrogantes que quedan abiertos en torno a los sucesos de ese día. La ex sargento estadounidense Adrienne Kinne declaró en un programa de televisión que había oído que el hotel Palestina era objetivo militar. Además, las tropas estadounidenses atacaron ese mismo día las cadenas de televisión Al Jazeera y Abbu Dabhi, con lo cual no hubo reportajes o información sobre la entrada del ejército de Estados Unidos y sus aliados en la capital iraquí, Bagdad. El juez Pedraz ha pedido también tomar declaración a los periodistas de dichas cadenas.

Según los magistrados del Tribunal Supremo, todo esto hace necesaria la celebración de un juicio en el que se determine cuáles eran la intención y los motivos de los militares que dispararon contra el hotel Palestina. Es la única forma para determinar si se cometió un error o un delito. “La estrategia bélica de impacto y pavor consistente en actos como el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado es penalmente imputable a quien tenga dominio sobre la operación bélica”, agregan los jueces del Tribunal Supremo.

Decepción con la clase política
La familia de José Couso mantiene su confianza en la justicia pero no duda en expresar sus críticas hacia la clase política. Aseguran sentirse decepcionados tanto con el anterior gobierno español, presidido por José María Aznar, como con el actual Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusan de haber relegado el caso de José Couso al olvido después de haber hecho bandera de él cuando todavía estaba en la oposición.

El cambio de gobierno en la Casa Blanca también trajo cierta esperanza de un cambio de actitud hacia todo el proceso. El magistrado Santiago Pedraz considera que "teniendo en cuenta que los hechos acaecieron durante la administración del anterior presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada) por parte del Gobierno actual de Barack Obama”. Por esta razón, Pedraz ha vuelto a pedir la declaración de los tres imputados y ha reclamado a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia estadounidenses toda la documentación sobre los hechos.

El juez español teme que, si este tipo de acciones no se investigan, “en adelante podría concluirse que cualquier ataque en un conflicto armado dirigido contra la población civil quedará impune con la simple excusa del atacante de que se pensó que...”.

En esta misma línea, la constancia y tenacidad de la familia Couso no luchan sólo por el honor y la memoria de José Couso, sino por la Justicia y por el fin de la impunidad.