Una vez más, el Gobierno estadounidense publica la lista negra de los países que no han hecho sus deberes, en lo que a la lucha antinarcóticos se refiere.

 
Llama la atención que figuren en ella precisamente Bolivia, Venezuela y Birmania, tres naciones con un claro enfrentamiento político con los Estados Unidos y sin presencia de la DEA.
 
El Gobierno de Barack Obama acaba de publicar un informe en el que se resalta que Bolivia, Venezuela y Birmania han “fracasado ostensiblemente” en el combate al narcotráfico. Los tres países están ‘descertificados’ por la Casa Blanca, algo que ya ocurrió en el último año de mandato de George Bush y que provocó enardecidas reacciones de los dos países latinoamericanos. Bolivia, expulso de su territorio al Departamento Estadounidense Antidroga (DEA), y Venezuela aumentó el tono (si se puede más) de sus discursos contra Washington.
 
La certificación es una evaluación anual del Presidente de los Estados Unidos al Congreso sobre la cooperación de los principales países productores y de tránsito de drogas. Desde 1986, el Presidente debe certificar que cada uno de estos países productores y de tránsito ha cooperado plenamente con Estados Unidos, o ha tomado medidas adecuadas para alcanzar las metas y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Substancias Psicotrópicas de 1988.
 
La descertificación implica, para los países que la reciben, sanciones políticas y comerciales, tal y como sucediera en la década de los 90 con Colombia, cuando su presidente, Ernesto Samper, fuera acusado de recibir dineros de la mafia para el financiamiento de su campaña electoral. Aunque la situación no parece haber cambiado ostensiblemente bajo la administración Obama, el mandatario estadounidense ha dicho que no se aplicaran represalias contra los países descertificados, y, según el Portavoz de la Casa Blanca, “se emitió una dispensa para que Estados Unidos pueda continuar apoyando programas específicos para beneficiar al pueblo boliviano y venezolano”.
 
La validez de la certificación antidroga
La certificación anual antidrogas que emite el Gobierno de Estados Unidos es una fuente de disgustos. Para muchos analistas y estudiosos del tema, se trata de una simple arma política que utiliza Washington para presionar a aquellos Gobiernos que no son tan afines a sus políticas. A la hora de evaluar los resultados de la lucha antinarcóticos, sólo cuenta la opinión de Washington, sin valorar que los otros países tengan sus propios programas o planes para combatir este flagelo.
 
Para Amira Armenta, del programa de drogas del Trasnacional Institut, en Ámsterdam, sin bien es cierto que muchos países se sienten intimidados por “una mala calificación estadounidense”, máxime cuando ello puede implicar consecuencias económicas, también lo es el que cada vez más, la certificación norteamericana infunde menos credibilidad y miedo “En los años noventa y comienzos del 2000, la certificación por drogas se tomaba más en serio que ahora. Yo diría que la 'certificación' ha ido perdiendo fuerza, como arma de EEUU para 'obligar' a los países a colaborar”, agrega la investigadora.

Escuche la entrevista con Amira Armenta: