Manifestaciones callejeras, charlas, debates en universidades e intensas movilizaciones en ocho capitales de Estado de Brasil están siendo organizadas para hoy, martes, día en que el gobierno brasileño espera licitar las obras para una colosal represa hidroeléctrica que se construirá en la Amazonía, pese al rechazo de los indígenas, campesinos, ecologistas, del Ministerio Público y algunos famosos de Hollywood, como James Cameron.

Grupos indígenas prosiguen hoy con sus protestas en Brasilia y prometen hacer ocupaciones en los locales indicados para su construcción. Ayer se concentraron frente a la sede del órgano oficial FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, a la que acusaron de "traicionar a los pueblos originarios" para apoyar "los proyectos del presidente Lula y de las grandes empresas".
 

Embargos
También ayer, en vísperas de la subasta, un juez federal ordenó su suspensión y la de la licencia ambiental, atendiendo una denuncia del Ministerio Público brasileño. No es la primera vez que algo así ocurre. No es sólo entre los defensores y opositores de la construcción de esta usina que se da la batalla. Diferentes órganos del Estado, como el judiciario y el ejecutivo, se oponen a la licitación.
 

En los últimos días, el proyecto ha sido objeto de una continua puja judicial entre el Gobierno y quienes consideran que la represa provocará un severo daño ecológico y humano en el llamado "pulmón vegetal del planeta".
 

Los más firmes alegatos contra la represa han sido esgrimidos por el Ministerio Público Federal, que ha presentado dos acciones ante la justicia con el fin de impedir las obras, además del recurso de hoy.
 

Los fiscales dijeron haber detectado fallos en la concesión de licitación, y también que el proyecto tiene una incompatibilidad constitucional, pues abarcará parte de tierras indígenas protegidas como reservas naturales.
 

La semana pasada, el juez federal Antonio Carlos de Almeida Campelo, de la ciudad de Altamira, ordenó suspender la licitación, pero la ANEEL, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, organismo oficial a cargo del proyecto, logró que otro magistrado anulara esa sentencia.
 

Al final de la tarde del lunes, el juez Almeida Campelo volvió a ordenar la suspensión de la subasta por una nueva demanda del Ministerio Público, por lo que la puja podrá continuar hasta el último minuto.
 

Lula defiende Belo Monte
El gobierno de Lula, finalizando su mandato y con ganas de fortalecer su candidata, Dilma Roussef, a la silla presidencial, está empeñado con toda su fuerza en esta obra y anunció ayer mismo que va a recurrir la decisión en tribunales superiores. El clima político es de suspenso, una decisión judicial puede salir hoy mismo y la subasta podría realizarse en Brasilia ya en la tarde de hoy.
 

Dos consorcios de empresas particulares asociadas a estatales deben presentar propuestas para su construcción. Gana la que ofrezca mejor precio por kilovatio de energía. Su coste estimado por el gobierno es de casi doce mil millones de dólares, aunque otros analistas afirman que el total puede superar los diecisiete mil millones, por el hecho que no hay infraestructura en medio de la foresta.
 

La usina hidroeléctrica de Belo Monte se construirá en el municipio de Altamira, en el Estado de Pará, y será la segunda mayor de Brasil y la tercera del mundo, por detrás sólo de las de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en Brasil y Paraguay. Se estima que producirá en torno a 11.233 megavatios.
 

Belo Monte es un antiguo proyecto que se remonta a los tiempos de la dictadura militar en Brasil. En ese entonces, diversos movimientos populares, campesinos e indigenistas se opusieron y lograran impedir su construcción.
 

El crecimiento económico e industrial de Brasil en los últimos años hizo que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retomara el proyecto, disminuyendo el área afectada que era de casi 1.300 kilómetros cuadrados, a 506 kilómetros cuadrados. Aún así, el nuevo proyecto supondrá desplazar a cerca de 50 mil indígenas y campesinos habitantes de las orillas del Río Xingu, según han denunciado los grupos que se oponen a su construcción
 

Leonardo Maggi, de la coordinación del Movimiento de los Afectados de Represas (MAB), dijo en entrevista a Radio Nederland que esto perjudicará no sólo el medioambiente, destruyendo parte de la foresta, sino que también afectará los medios de subsistencia de la población indígena y local en el Estado amazónico de Pará.
 

La semana pasada, los opositores al proyecto recibieron apoyo del cineasta canadiense James Cameron, director de "Avatar", y de dos de los protagonistas del taquillero filme, Sigourney Weaver y Joel David Moore. Los partidos políticos de oposición no han tomado partido de forma muy clara, y se limitan a esperar el desenlace de este viejo embrollo.
 

Empresas interesadas
Pese al empeño del Gobierno, el proyecto no terminó de convencer siquiera a compañías inicialmente interesadas, como las poderosas Odebrecht y Camargo Correa, que se retiraron de la licitación por la falta de "condiciones económicas y políticas" atractivas. Hasta la semana pasada, sólo mantenía su inscripción un consorcio formado por las compañías Vale, Votorantim Energía, Furnas y Andrade Gutiérrez, entre otras.

El pasado viernes, sin embargo, un grupo de compañías del Estado asociadas con la constructora Queiroz Galvão y otras empresas del sector privado formalizaron su interés en la subasta. Anteriormente, el Gobierno había anunciado nuevas facilidades para intentar animar a los empresarios, como financiación del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y una reducción tributaria de hasta un 75% por diez años para el consorcio que se adjudique la licitación.