El nuevo Código Forestal de Brasil ha sido un verdadero punto de conflicto entre los productores agrícolas y los medioambientalistas, y no es visto con simpatía entre la población.

A pesar de eso, el Congreso aprobó el nuevo código en mayo por abrumadora mayoría (410 votos a favor, 63 en contra y una abstención), y la semana pasada se repitió esa hazaña en el Senado (59 votos a favor y 8 en contra), si bien se introdujeron algunas mejoras en el texto originalmente aprobado por la Cámara.

“El Senado de Brasil es muy conservador, más conservador que la Cámara de Diputados. No obstante, los senadores comprendieron que el proyecto era negativo tanto para el país como para la población, y fue el propio Senado el que introdujo las modificaciones”, comenta el Dr. Rosinha, diputado federal por el Partido de los Trabajadores (PT), quien votó en contra del proyecto en la Cámara a pesar de la tendencia de su partido a favor de la aprobación del texto.

“Uno de los puntos, por ejemplo, era la concesión de amnistía para todos los que destruyeron partes de la selva y el medio ambiente, como áreas de reserva legal o de preservación permanente en las márgenes de los ríos, porque el proyecto tal como salió de la Cámara daba amnistía a todos. Cuando llegó al Senado, éste no lo aceptó: habrá amnistía para algunos, no para todos, y sólo para aquellos que recompongan lo que han destruido. Eso da una idea de cuán negativo era el proyecto aprobado en el Congreso”, considera el Dr. Rosinha.

Resquicios para la deforestación
Ahora, debido a las modificaciones introducidas, el texto volverá a ser sometido a votación en el Congreso y seguidamente deberá ser sancionado por la presidenta, Dilma Rousseff. Pero esto último sólo tendrá lugar en 2012.

Incluso con las modificaciones del Senado, que atenuaron algunos de los problemas señalados por los ecologistas, el proyecto aún deja muchos resquicios abiertos para la deforestación, explica el congresista Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), uno de los pocos partidos que se oponen a la aprobación del texto.

“La esencia de este proyecto es una amnistía amplia, general e ilimitada para la deforestación antes de julio de 2008. Y esta amnistía conlleva una carga muy negativa, un mal ejemplo para el país. Es una señal de vía libre a la impunidad”, afirma Ivan Valente.

Uno de los puntos que no se han modificado –y que es fundamental en opinión de Valente– es que no incluye la obligación de reforestación de las reservas legales destruidas en propiedades consideradas “pequeñas”, de agricultura familiar, con un máximo de cuatro módulos fiscales.

“Esto es de gran significación ya que constituye el 90% de las explotaciones en Brasil. En la Amazonía puede representar una superficie de hasta 440 hectáreas, por lo que no se encuadra en la definición de pequeña propiedad. Esto implica que no se recuperarán 70 millones de hectáreas de bosques que debían ser reforestados. No podemos estar de acuerdo con eso”, dice Valente.

La enmienda Jucá
Además, está la enmienda Jucá en virtud de la cual el área de reserva legal se reduce del 80% al 50% en los estados de la Amazonía que tienen hasta un 65% del territorio con reservas indígenas y áreas de conservación de la naturaleza. “Por ello, el estado de Amapá y el de Roraima, por ejemplo, sufrirán una drástica deforestación”, pronostica Valente.

Negligencia de los medios
Los ecologistas intentan llamar la atención a fin de evitar que el proyecto vuelva a ser aprobado. Sin embargo, las escasas manifestaciones populares han disminuido a pesar de que, según las encuestas, la mayoría de la población se opone al proyecto. Un factor adicional es que los medios de comunicación brasileños apenas han informado sobre el tema.

“Los medios han dado muy poca cobertura; ahora bien, es necesario comprender el por qué: y es que en una buena parte de los medios de comunicación, el propietario es el mismo de las explotaciones agropecuarias, y tiene mucha influencia”, explica el Dr. Rosinha, quien añade: “El poder económico en Brasil está entrelazado. El mismo propietario de la emisora radial es dueño de la televisión, del periódico y es amigo del productor agropecuario. Y los lazos de amistad suelen estar reforzados por el poder económico, ya que muchas veces se constituyen en sociedades. Por lo tanto, los medios nunca dieron la cobertura debida al tema, en ningún momento. Y cuando lo hicieron, fue de manera distorsionada, sin ofrecer la información completa con la cual los ciudadanos pudieran formarse una opinión propia. La información siempre fue parcial y unilateral, y eso ha generado una enorme desinformación”.

Pérdidas
El Dr. Rosinha considera que los cambios realizados en el Senado mejorarán el proyecto, a pesar de no representar ningún beneficio en comparación con las leyes de protección ambiental actualmente en vigor:

“Tendremos pérdidas de cualquier manera, en comparación con la situación actual. Pero sé que los productores que anteriormente estaban a favor, ahora se oponen al texto aprobado en el Senado. Es señal de que los que destruyen el bosque para la ganadería o el cultivo de soja no continuarán destruyendo la naturaleza. Esa es una buena señal”, opina el Dr. Rosinha, quien cree que el proyecto será nuevamente aprobado en el Congreso.

Por su parte, Ivan Valente mantiene la esperanza de que esto no suceda, o bien de que la presidenta Rousseff vete los artículos del nuevo Código Forestal que dejan resquicios abiertos para la deforestación.

“El nuevo Código Forestal representa un enorme retroceso para nuestro país, aumenta las emisiones de gas de efecto invernadero y va en contra de los compromisos internacionales asumidos en Copenhague y en la actualidad. Si Brasil no quiere terminar en el papel de villano de Durban, y también después de Rio+20 (la conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2012, N.d.T.), la presidenta Dilma debería vetar estos artículos”, defiende Valente. A su juicio, la única manera de lograrlo es a través de la presión popular: “Creo que sin la presión desde las bases de la sociedad, la victoria será para el poder económico y el gobierno deberá después cargar con las consecuencias”.