Este domingo, Argentina y Uruguay estuvieron unidos por un multitudinario abrazo simbólico al Río Uruguay. Más de 100.000 personas se concentraron en uno de los puentes internacionales que unen a ambos países para pedir que se vuelva a disponer de la planta de celulosa que se construye en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

La marcha fue convocada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú, ubicada 230 kilómetros al norte de Buenos Aires. Desde noviembre del año pasado, mantienen cortada la ruta que une a Gualeguaychú con la vecina Fray Bentos, del lado uruguayo, en donde avanza la construcción de la planta de la firma finlandesa Botnia. Pero a las 8 de la mañana del domingo, los asambleístas levantaron el corte de la ruta 136 para que todos pudieran llegar hasta el puente y participar del acto, que comenzó puntualmente a las 3 de la tarde, cuando se entonaron los himnos de Argentina y Uruguay.

Durante el acto, se leyó un documento en el que se acusó a la empresa finlandesa Botnia de ser "parte de un camino suicida de la sociedad de consumo, que lleva al planeta hacia el calentamiento global". Además, los manifestantes responsabilizaron al gobierno uruguayo por permitir que estas empresas avancen en sus proyectos y reiteraron que el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos "son responsabilidades ineludibles de los gobernantes".
 
Doble moral
Uno de los asistentes a la movilización fue el secretario de Turismo de Gualeguaychú, Sebastián Bel, quien explicó a Radio Nederland cómo el avance de la construcción de la pastera está afectando la economía de la ciudad: "Hoy por hoy, hay inversiones, principalmente en la actividad hotelera y gastronómica, que están paralizadas. Por eso es que el Estado vio con mucha preocupación el avance de la construcción, porque una ciudad que no crece en inversiones ni en producción, puede llegar a tener un futuro complicado".

Para el secretario de Turismo de la ciudad ribereña, la empresa Botnia no respeta la opinión de los habitantes de las ciudades de Gualeguaychú, quienes se oponen a la instalación de la planta de celulosa. "En Finlandia, existe la licencia social. Y acá en Uruguay y Argentina, no existe para ellos. Por eso, hacen la vista gorda en esta instalación. ¿Cómo ellos, que en su país de origen o en Europa tienen un standard de preguntarle al vecino, de consensuar con los habitantes si quieren o no este estilo de industrias o este estilo de inversión, acá no lo hicieron? Por eso, nosotros decimos que tienen doble moral", agrega. 
  
Tres años de protesta
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú mantiene su reclamo desde hace más de tres años. Su secretaria, Susana Padín, explicó que están satisfechos por los logros que han alcanzado durante todo este tiempo. "Hemos conseguido que la española ENCE, una de las empresas de pasta de celulosa que se estaba instalando en Fray Bentos, se establezca fuera de la cuenca del Río Uruguay. Eso es lo que estamos pidiendo también con Botnia. Y también hemos logrado que el gobierno provincial aprobara lo que nosotros llamamos la 'ley de la madera', que prohíbe la exportación de madera hacia Uruguay destinada a Botnia".

Desde que se conoció la noticia de la construcción de las plantas de celulosa al otro lado del Río Uruguay, la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, se convirtió en el bastión nacional de la lucha contra las papeleras. "Es una ciudad muy particular. Cuando hay un tema que nos une o una gran asamblea, o un problema en el que hay que responder con rapidez, la comunidad responde. Todo el pueblo está comprometido", explica Padín, secretaria de la Asamblea.

Hace 10 días, los representantes de los gobiernos de Argentina y Uruguay se reunieron en Madrid, en respuesta a la gestión del facilitador español Juan Antonio Yáñez Barnuevo, enviado por el Rey de España para suavizar las relaciones entre ambos países. Tras las deliberaciones, los representantes de Argentina y Uruguay se comprometieron a reanudar el diálogo y a trabajar en conjunto para encontrar una solución al conflicto, que aún espera la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.