El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el lunes la ley sobre gobiernos autónomos regionales después de una larga polémica que volvió a resaltar las diferencias entre el gobierno y los gobernadores de la oposición.

Según ellos, la nueva ley sólo busca la destitución por la vía judicial de tres gobernadores de derecha que deben asumir funciones el próximo domingo.

En respuesta, el mandatario dijo que la nueva ley está "orientada a combatir la corrupción" y señaló que los gobernadores no deben temer su aplicación.

La ley determina que los gobernadores podrán ser suspendidos cuando pese sobre ellos una acusación de juez, y las asambleas legislativas departamentales elegirán a un sucesor entre sus miembros o convocarán a nuevas elecciones populares.

Poco después de la promulgación de dicha ley, el gobernador reelecto de Santa Cruz, Rubén Costas, fue acusado por la Contraloría de malversar 30 millones de bolivianos (4,2 millones de dólares). Así lo hizo saber la responsable regional de ese organismo en una reunión con la prensa nacional. Costas es uno de los principales opositores del presidente boliviano Evo Morales. La acusación fue formulada a seis días de que Costas asumiera para un nuevo período de cinco años.