Bolivia estrena una nueva administración de justicia que aspira a ser independiente, equitativa, gratuita y transparente, ajena al historial de corrupción, retardación de justicia, prebendas, tráfico de influencias políticas y económicas que se ha atribuido al Poder Judicial boliviano en los últimos 185 años de vida republicana. Pero este estreno se cumple en medio del escepticismo ciudadano.

El primer paso hacia la nueva justicia ha sido la posesión, el martes, de los 56 vocales que lograron mayor votación en las cuestionadas elecciones del 16 de octubre pasado, muy por debajo de los votos nulos y blancos, que fueron mayoría absoluta en todo el país. La totalidad de vocales electos refleja, eso sí, la presencia de un 40 por ciento de indígenas y un 50 por ciento de participación femenina tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental como en el Consejo de la Magistratura.

Independencia del Poder Judicial
La presidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandoval, y el magistrado electo del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, coincidieron en subrayar la importancia de que el Poder Judicial mantenga independencia respecto del poder político y del poder económico del país, y que los vocales tengan como única servidumbre la servidumbre a la ley.

“Estamos asumiendo la aplicación, la materialización de la Constitución Política del Estado. La independencia de los magistrados frente a otros órganos, frente a grupos sociales, a partidos políticos y grupos de poder que puedan existir, es esencial y fundamental. No le debemos nada a ninguno de esos grupos, nos debemos al pueblo boliviano”.

El Gobierno de Evo Morales ha aprobado una ley de transición judicial que elimina, desde este mes de enero, el pago de timbres y sellos para aplicar la gratuidad en todo proceso. También establece que los magistrados suplentes se hagan cargo de las “salas liquidadoras” que, en un plazo máximo de dos años, deberán resolver todas las causas pendientes, que alcanzan a 12.500 en los cuatro tribunales. Pero no será suficiente. El profesor universitario Carlos Cordero cree que hay otros pasos más para lograr ese objetivo, y nos lo cuenta desde Potosí:

Recursos humanos
“La retardación de justicia va a superarse con una importante inversión del Estado en infraestructura, en contratación de recursos humanos que agilicen los trámites”, explica Cordero. “El hecho de que existan suplentes va a ayudar, pero el Poder Judicial en su conjunto tiene que disponer de recursos suficientes como para llevar adelante un trabajo idóneo y un trabajo competente, y también lograr independencia. Si los tribunales dependen económicamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, primero se estará rompiendo la independencia de poderes, y segundo, estarán sometidos políticamente. Por ello, la retardación se resuelve con personal idóneo, recursos que se inviertan en capacitación y, finalmente, con independencia del Poder Ejecutivo”.

La resolución de los problemas estructurales de la Justicia boliviana va más allá de la cuestionada legitimidad de los flamantes magistrados. La analista Ximena Costas resume, desde La Paz, esta crisis del Poder Judicial.

Manipulación política
“En todos los sentidos, estamos ante un hecho político que no sólo no resuelve los problemas de la justicia, sino que ha hecho aún más dependiente de la manipulación política, -del interés político partidario, en este caso, del MAS (Movimiento Al Socialismo)-, a los operadores de justicia. Éste es un problema ya no sólo del gobierno o de la Justicia, sino de la democracia, porque no hay separación y equilibrio de poderes, no se puede confiar que estas autoridades actúen de manera proba y, por la declaraciones que ha venido haciendo después de las elecciones, varios de ellos han dado pruebas de un desconocimiento total del sistema judicial y de la normativa vigente, de tal manera que se confirma que no han sido seleccionados en las listas del MAS los hombres y mujeres más capaces”.

El desafío es alcanzar un Poder Judicial independiente de otros poderes y, aparentemente, la llave de la independencia es la autonomía económica, todavía lejana en el tiempo para la Justicia boliviana.