La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó una ley que otorga al presidente Evo Morales la facultad para elegir los candidatos a los máximos cargos del Poder Judicial.

Con esta poco usual transmisión de facultades del Congreso a la persona del mandatario, parece confirmarse el temor que se tenía sobre las intenciones del MAS de centralizar todos los poderes del Estado.
 
La contundente victoria electoral del pasado 6 de diciembre no sólo reafirmó a Evo Morales a la cabeza del Gobierno por otro período, sino que le entregó también el control total de la Asamblea Plurinacional, ámbito en el que el Movimiento al Socialismo, MAS, actualmente tiene amplia mayoría.

 
Escuche la entrevista con el analista Iván Arias

 
Y esa mayoría debía servirle al MAS para poder realizar los cambios que esta organización política propuso al país. Y no son pocos. Uno de ellos es transformar completamente el aparato judicial, que hace meses no funciona, para finalmente “poder someter a juicio - y en lo posible enviar a la cárcel, a todos aquellos ciudadanos que pasaron por el poder e hicieron mal uso de sus atribuciones.”
 
Según el analista Iván Arias, el Ejecutivo considera que ahora está en su derecho al darse atribuciones para hacer lo que ellos llaman "'aplicar nuestro modelo y avanzar hacia el socialismo", y en vista de su amplia mayoría en las dos Cámaras, no estaría haciendo otra cosa sino acelerar ese proceso. A criterio de Arias, "el MAS ve que la mejor forma de avanzar rápido hacia la meta que se trazó es concentrando el poder en las manos del Presidente de la República''.
La explicación oficialista sobre la curiosa decisión de la Asamblea fue rápida. El presidente interino del Senado, René Martínez, aclaró que la Asamblea ''no delegó una función suya en el Presidente, porque la Constitución no le confiere la atribución de nombrar autoridades judiciales, sino que le ordena preseleccionar candidatos para que el pueblo vote.'' Morales puede, entonces hacer la primer selección y el resto se decidirá por medio de las urnas.
 
Oposición
La oposición, por su parte, no se quedó con la boca cerrada ante este hecho que ya ha sido calificado de ''inaudito'' por algunos sectores de la opinión pública. El presidente del influyente comité cívico-empresarial de Santa Cruz, José Luis Núñez, aseguró a los medios que “se han violado los derechos de las personas que se oponen a tener un Gobierno centralista.”
 
Todo esto se da en circunstancias en las que casi toda la dirigencia de la oposición política a Morales está enfrentando juicios o está siendo requerida por la justicia por diversos cargos, entre ellos los de corrupción, abuso de influencias, etc.
 
¿Estamos, entonces ante un ajuste de cuentas político, como asegura la oposición?
 
La lista de ciudadanos que tendrán que enfrentar a la justicia es larga y se va alargando aún más a medida que pasan las semanas. Se destacan entre ellos casi todos los líderes de la oposición política a Morales y otras autoridades cívicas. Uno de los más célebres es el ex prefecto del departamento de Pando, quien ya se encuentra más de un año en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, sin haberse iniciado aún un juicio en su contra. Formalmente, está acusado de ser el autor intelectual de la masacre contra un grupo de campesinos durante las protestas en la ciudad de Cobija, el 11 de septiembre del 2008. Según el informe que presentó una comisión de UNASUR que visitó el lugar semanas más tarde, "decenas de campesinos partidarios del presidente Evo Morales fueron emboscados y tiroteados por civiles, sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de la zona hicieran nada por impedirlo.'' La masacre dejó un saldo de varios muertos y algunos desaparecidos.
 
Según los medios locales, en la lista de procesados, que en el futuro cercano deberán comparecer ante la justicia, figura la totalidad de los seis ex gobernadores de los departamentos de la llamada Media Luna que se opusieron tenazmente al Gobierno con el tema de las autonomías, materia que aún se brinda para interpretaciones oportunistas y caprichosas. La lista la encabeza el ex prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, seguido por el de La Paz, José Luis Paredes, quien se fugó a Argentina, y el ex prefecto del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien a comienzos de enero salió del país y apareció mas tarde en Miami. Tres de los prefectos que deberán someterse a juicio son ahora candidatos a ser reelegidos en el cargo en las elecciones del 4 de abril próximo.
           
También se adelantan varios procesos por causas diversas contra otros tantos dirigentes cívicos de las mismas regiones. Entre ellos figura el empresario Branko Marinkovic, por supuestos vínculos con un grupo de mercenarios boliviano-europeo, que pretendía, según el Ministerio del Interior, perpetrar un atentado contra el mandatario. El intento fue desbaratado en un enfrentamiento a tiros con agentes del servicio de inteligencia. Otros acusados tomaron previsiones a tiempo y salieron del país por miedo a ser detenidos. El oficialismo dice que “huyeron, porque son culpables de los delitos de que se los acusa.”
 
Abogados comprometidos
Como las cosas exigen premura, autoridades del Vice ministerio de Coordinación Gubernamental ya están buscando abogados comprometidos con el proceso de cambio iniciado por el MAS, para que el presidente Evo Morales designe de entre ellos a las autoridades judiciales transitorias. Algunos medios de circulación nacional ya adelantaron que, con seguridad, se tratará de juristas que ya ocuparon cargos en el actual Gobierno, e incluso algunos jueces que actualmente están en funciones.
El recientemente aprobado proyecto de Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, usado para delegar las atribuciones al Presidente, faculta al mandatario a designar 18 abogados para cubrir cinco acefalías en la Corte Suprema de Justicia; diez en el Tribunal Constitucional, cinco titulares y cinco suplentes, y tres en el Consejo de la Judicatura. Estos tendrán que realizar una ardua labor si quieren recuperar el tiempo perdido. En declaraciones dadas a la prensa, Rebeca Delgado, jefa de la bancada oficialista de la Cámara Baja, aseguró que hasta el 31 de diciembre de este año, se deberán resolver las aproximadamente 13.000 causas pendientes.

En una entrevista al diario El Deber, la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandoval, rechazó la decisión alegando que ‘’no se puede delegar las potestades de un poder a otro, ni se puede concentrar todo el poder público en un solo órgano del Estado. Lo que se debió hacer es recurrir al voto popular”.
Según Iván Arias, el mismo Presidente y la gente que lo apoya criticaron mucho los procesos anteriores, calificando al Congreso de seguir ciegamente al Ejecutivo ''Y hoy vemos que el legislativo hace lo mismo....está en cuestionamiento la separación de poderes, y uno se pregunta qué tipo de democracia estamos viviendo, cuando la democracia se caracteriza precisamente por la separación de poderes".
 
Corte Interamericana de Justicia
Por lo pronto, el ex presidente Carlos Meza reclamó este domingo la atención de la comunidad internacional. ''¿Avanza Bolivia verdaderamente hacia la democracia y al respeto de los derechos humanos, o vamos hacia la concentración de poderes? se preguntaba el ex mandatario durante una cita con los medios. La segunda vicepresidenta del Senado, Carmen Eva González, de la agrupación política Convergencia Nacional, anunció más tarde que la oposición presentará un recurso contra esta disposición ante la Corte Interamericana de Justicia y otros organismos internacionales. "En el país están agotadas las posibilidades de enmendar esta situación. Después de carnavales, se aprobará también el proyecto de ley anticorrupción, y con esos dos instrumentos se desatará una persecución política contra los opositores a este régimen".
 
Nada de eso, afirma el oficialismo,.“se trata de que la justicia funcione, y punto”.