Las denuncias publicadas por los tres ex presidentes y un ex vicepresidente de Bolivia sobre la aplicación de la Ley para juicios de responsabilidades tienen como objetivo estigmatizar la aplicación de las normas nacionales, afirman autoridades.

En una conferencia de prensa el jueves las ministras de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Defensa Legal, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Elizabeth Arismendi y Nardi Suxo, respectivamente, expresaron preocupación por la actitud asumida por los ex gobernantes.

Esta semana durante un encuentro con la prensa y en publicaciones En diferentes medios los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, junto al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, expresaron que la Ley de Responsabilidades que se tramita en la Asamblea Legislativa podría vulnerar sus derechos a un debido proceso.

En la misiva firmada por todos los mencionados los mismos dicen:

“La Asamblea Legislativa Plurinacional al conferirle al Presidente del Estado la atribución extraordinaria de designar interinamente a los Ministros de la Corte Suprema ha violado la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial, a través de la preselección legislativa de los postulantes a jueces por dos tercios, la convocatoria al proceso para su elección por el Órgano Electoral y la elección popular de los mismos”.

En otra parte afirman: “De ese modo, le ha dado al Presidente Morales, inconstitucionalmente, la prerrogativa legislativa, electoral y la del voto soberano del pueblo. Esa es la naturaleza del nombramiento de los jueces que hizo el 18 de febrero de 2010.”

Para leer la carta completa de los ex mandatarios y el ex vicepresidente pulse aquí

Según los ex “el principio violado es la independencia e imparcialidad del Tribunal a cargo del juicio” y el derecho violado “es el de ser oídos y juzgados en juico penal por un Tribunal independiente e imparcial”.

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Elizabeth Arismendi calificó esa denuncia como "una posición a priori debido a que no existen aún procesos establecidos en contra de esa autoridades".

"Ese posicionamiento no está acorde con la realidad y la Ley que analiza la Asamblea Legislativa Plurinacional para abordar estos casos", agregó.

Según la alta funcionaria se trata solamente de una "posición política para estigmatizar la aprobación de Leyes con denuncias sobre supuestos peligros en su contra".

La Ministra aseveró que "toda persona que se siente vulnerada en sus derechos tiene todas las garantías legales de defenderse en el marco de las Leyes".

Lamentó que esas ex autoridades se hayan referido inclusive a recurrir a tribunales internacionales cuando aún no han sido sometidos a procesos.

Por su parte la ministra de Defensa Legal, Nardi Suxo, con relación a otro de los cuestionamientos sobre la designación a cargo del presidente Evo Morales Ayma de Magistrados para el Tribunal Supremo, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público, dijo que se produjeron en el marco de una necesidad ante la cantidad de casos irresueltos en los tribunales.

"Si las ex autoridades consideran que esos tribunales no tienen la suficiente capacidad para hacerse de cargo de los hipotéticos procesos cuentan con varios recursos, entre ellos el pedido de excusa de alguno
de los jueces", aclaró la ministra Suxo.

Por su lado, el presidente de Diputados, Héctor Arce, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) explicó que el único ex mandatario que debía preocuparse es Gonzalo Sánchez Lozada (2002-2003), ahora prófugo en Estados Unidos, pero acusado en Bolivia por genocidio por reprimir una manifestación social en octubre de 2003, que se saldó con 68 muertos, y más de 400 heridos y que lo obligó a huir del país.