Expertos mexicanos alertan sobre el peligro que significa tolerar a las autodefensas. Hay quienes las defienden y exigen el respaldo estatal a esta forma de impartir seguridad y justicia.
La desesperación parece ser el principal motivo que ha llevado a los habitantes del estado de Guerrero en el sur de México, a tomar un rifle, encapucharse y salir a impartir seguridad y justicia. En las últimas semanas, estos grupos de autodefensa han estado en el ojo del huracán como consecuencia de un sonado juicio sumario a 54 presuntos delincuentes y por un incidente en donde resultaron heridos dos turistas. La pareja, según informaciones de prensa, no se detuvo en uno de los retenes que estos grupos tienen instalados en las carreteras de la zona.
El fenómeno de la seguridad y la justicia por mano propia no es nuevo en el sur de México. La región ha sido escenario de la aparición de formas de autodefensa armada que se remonta a los comienzos de la década del 90, fenómeno que se ha mantenido en algunas poblaciones de manera esporádica y en casos puntuales. Sólo ha perdurado durante 17 años la Policía Comunitaria del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Esta organización en sus inicios, nació también como un grupo de autodefensa en respuesta a la inseguridad e inoperancia estatal. Ha ido desarrollándose hacia una forma organizativa de las comunidades indígenas según apunta la profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Luz Paula Parra. Vallejo, habitante de la zona:“Estamos hablando que Guerreo tiene uno de los índices más altos de pobreza y de marginación de este país. El Estado es una figura inexistente para las comunidades, solo está para las grandes multinacionales. La corrupción en México y la falta de seriedad de las autoridades, ha obligado a la PC, que hace 17 años entregaba los detenidos a las autoridades competentes, hoy no lo haga”.
Pavel Vallejo
El 6 de enero marca el resurgimiento de la autodefensa ciudadana en el sur de México. Un grupo encabezado por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), protagonizó un levantamiento ciudadano. Estos comandos, armados y encapuchados, asumieron las tareas de vigilancia, control y justicia, justificándose, entre otros, por la complicidad de algunas de las autoridades con el crimen que dicen combatir. En apenas pocos días, las autodefensas detuvieron a más de un centenar de presuntos delincuentes con el fin de juzgarlos en un proceso popular que ha sido muy cuestionado por la prensa y que ha motivado una queja de oficio de La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los hechos ocurridos estas últimas semanas en Guerrero han puesto en entredicho la tarea que viene cumpliendo la Policía Comunitaria Indígena. La investigadora del CIDE, Luz Paula Parra enfatiza en que existe una clara diferencia entre las dos formas organizativas: “ Mientras que las autodefensas sólo buscan sancionar, hacer juicios y repartir castigos, la Policia Comunitaria hace parte de un proyecto colectivo que tiene como interés prioritario el reparar los daños y rehabilitar al que delinque”.
Un camino muy arriesgado
El tomarse la seguridad y la justicia por mano propia es una experiencia que puede salirle muy cara a los mexicanos. No hay que ir muy lejos para constatar las terribles consecuencias que le trajó a un país como Colombia, el auge de autodefensas que terminaron convertidas a finales de los años 90, en un poderoso ejército paramilitar.
El gran riesgo, apunta la profesora Parra, “Es que se conviertan en un Frankestein, en donde el estado comience a darles su lugar, a apoyarlas de cierta manera, a usarlos para que los acompañe a redadas con listas negras, en resumen, que empiecen a ejercer funciones exclusivas del Estado y este Frankestein crezca y opere con vida propia”. Dice la investigadora, que el gobierno mexicano está a tiempo para evitar que se conviertan en una fuerza paralela al estado, y que terminen financiadas o siendo parte de los carteles del narcotráfico como sucedió en Colombia.
Sin embargo, Pavel Vallejo, activista de la organización Telar de Raíces con presencia en la zona, cree que lo que hay que entender es “que la gente se esta organizando para ofrecer soluciones a sus propias necesidades y que el estado debería estar presente en estos espacios en los que la gente se empodera”, al referirse a los recien creados grupos de autodefensas.
Apoyo popular
El hartazgo y la desesperación de los ciudadanos de varias regiones de México ante la violencia y la inseguridad han sido el mejor caldo de cultivo para el surgimiento de estos grupos. Pero han sido también, la explicación para que cuenten con un amplio y muy riesgoso apoyo popular.
Pero no sólo los apoyan los ciudadanos sino también algunas autoridades. El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Bernardo Ortega Jiménez, por ejemplo,
consideró que los pueblos han buscado cómo defender su propia vida. “Yo creo que cualquiera lo haría de nosotros”, dijo en declaraciones a medios locales. Una periodista que trabaja en la región y quien pidió no revelar su identidad, le manifestó a Radio Nederland que estos grupos de autodefensa cuentan con todo el respaldo de las autoridades regionales. Un respaldo que ojalá, no termine por crear un verdadero Frankenstein.



























Aquí en Perú, desde hace muchos años existe las llamadas "rondas campesinas",exclusivamente en zonas rurales, pero que ha contribuido a frenar la delincuencia contra los pobres, aplicando severos castigos fisicos a los ladrones. Pero en las grandes ciudades la delincuencia campea casi a su regalado gusto, ahora utilizando menores de edad para matar.
Con respecto a lo argumentado por Luz Parra, hay que diferenciar entre la autodefensa contra la delincuencia y el paramilitarismo contra-guerrillero, como en Colombia. Esta situación de tantas regiones latinoamericanas no puede convertirse en tema de eterna postergación como cuando se habla de la legalización del comsumo y venta de drogas, discución politizada en la cual se plantea una solución, a la cual los políticos dicen: "Legalizar no es la solución", talvez, pero no plantean otra y no hay ningún avance, mientras ellos se sientan muy cómodos en sus sillas, nosotros los ciudadanos de a pie nos vemos atropellados por esta ola de atracos, extorsiones y asesinatos en las calles de muchísimas poblaciones en latinoamérica. Los que nos sentimos arrinconados por toda esta delincuencia, no podemos esperar a que haya una corrección de esta descomposición social y por lo tanto tenemos el derecho a defendernos, porque la magnitud y avance del caos en que vivimos sobrepasa con creces la capacidad del estado de contener y resolver el problema.
Eso no es nada, aquí en Perú también tenemos nuestro Frankie
http://peru21.pe/actualidad/policias-son-investigados-extorsion-propieta...
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