En lo que va del 2010, las muertes de reclusos en Venezuela han aumentado en un 25, 5%. Al revelar la cifra, el Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que el 90 por ciento de los presidios en ese país está en manos de sus reclusos.
Un total de 221 detenidos murieron en las cárceles venezolanas en el primer semestre de este año. De acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, el 57 por ciento de las víctimas murió como consecuencia de heridas de armas de fuego; otro 15 por ciento, por armas blancas y el resto por ahorcamiento, SIDA y otras enfermedades. Además, 449 internos, es decir un 30 por ciento más que el año anterior, resultaron heridos en hechos violentos. La mayoría de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 18 y 25 años.
La organización obtiene este tipo de estadísticas a través de una red conformada por los familiares de los detenidos, periodistas, las áreas de emergencia de los hospitales y voluntarios de los estudiantes de Derecho de las universidades quienes tienen acceso a las cárceles.
Tráfico de armas, a la orden del día
El Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, atribuye ante todo a la ausencia de control en los centros penitenciarios, esta elevada cifra de muertes violentas. “Hay demasiada corrupción entre la Guardia Nacional y funcionarios de Ministerio de Justicia para vender armas a grupos que mantienen internamente una situación de autogobierno, en la que las propias autoridades se ven obligadas a negociar con ellos todo tipo de privilegios. Surgen situaciones en las que las personas que ingresan quedan más en manos de los propios reclusos que de las autoridades”.
Autogobierno de reclusos
El hacinamiento y la corrupción tienen sumidas a las cárceles venezolanas en una profunda crisis, como consecuencia de lo cual, según Prado, un 90 por ciento de los presidios esté prácticamente gobernado por su población interna.
Con el fin de frenar esta situación en el 2008, el Gobierno venezolano creó el Consejo Nacional Penitenciario, entidad que, a juicio de Prado, pese a ser una figura importante, su conformación está mal planteada. “En Colombia existe este misma instancia,” comenta, “pero tiene una mayor apertura. En Venezuela, nada más se sientan los organismos públicos, mientras que en Colombia se invita a organizaciones de derechos humanos, universidades e Iglesias, para intercambiar sobre el tema y fortalecer los programas. En Venezuela sólo se reúnen el poder judicial, el Ministerio Público, el de Justicia, la asamblea de diputados, la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, ellos mismos son los que tienen el problema y ellos mismos se despachan y se dan el vuelto”.
Presión nacional e internacional
El Observatorio Venezolano de Prisiones trabaja a escala interna para que la sociedad presione ante el Estado en el cumplimiento de la legislación existente, la cual establece la estricta protección de los derechos humanos en la cárceles, así como el tratamiento pos carcelario, la descentralización del manejo de los centros y la formación de personal cualificado con credenciales académicas universitarias. A escala internacional, se exige a Venezuela cumplir con las demandas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con lo acordado en el Pacto de San José.





























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