El senador vitalicio Augusto Pinochet, renunció al Senado de la República de Chile. De esta forma concluye (sin un culpable claro) uno de los procesos políticos más largos de los que se tenga conocimiento en este país.

La renuncia de Pinochet fue considerada más que una probabilidad después de que el pasado 1 de Julio la Corte Suprema dictaminara su sobreseimiento definitivo en el caso de la así llamada "Caravana de la Muerte", aduciendo que los problemas mentales del ex dictador (demencia vascular) "lo inhabilitaban para que se sustancie un proceso en su contra". Inmediatamente surgió una fuerte presión desde el Palacio de Gobierno y de los partidos de la Concertación para que renunciara. Ese mismo día (lunes 01) se supo que la posibilidad se estaba considerando dentro de los círculos más próximos a Pinochet.

Al parecer, la decisión fue tomada durante una reunión entre Pinochet, sus familiares más cercanos y sus abogados. El Gobierno chileno había sido muy claro al indicar por medio de su portavoz, el Ministro Secretario General, Heraldo Muñóz, que "sería contraproducente que el militar regresara al Senado toda vez que la justicia lo sobreseyó por razones de salud".

Tras redactar la misiva se llamó al Cardenal Arzobispo de Santiago quién concurrió personalmente a la casa del General Pinochet a la mañana siguiente, allí y tras un breve encuentro "me pidió que llevara la carta al presidente del Senado, la firmó delante de mí y no sin emoción me la entregó" señaló el arzobispo chileno.

Sobre las razones esgrimidas para la renuncia se dijo que eran motivadas por sus precarias condiciones de salud las que no le permitían continuar ejerciendo sus funciones. "A él le hace bien y le hace bien a la paz social del país" concluyó el Cardenal Errázuriz.

Con esto el caso de la así llamada "Caravana de la Muerte", al menos para Pinochet, es un caso saldado y los 57 asesinatos y 18 secuestros pasarán al archivo de la historia sin un responsable jerárquico. A las solicitudes emanados de los diversos sectores políticos del país, se había sumado también la del Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien ya había solicitado al Tribunal Constitucional un informe en derecho en orden a determinar si el octogenario ex dictador podía o no reasumir sus funciones en la Corporación.

Según se supo, los abogados le recomendaron hacer efectiva su renuncia y acogerse al estatuto de ex presidentes. Según esa ley aprobada por el parlamento, un ex presidente de la República no podrá ser procesado o privado de libertad (sin que exista previamente el desafuero), lo que no sucederá en este caso. Según la misma ley, quién se acoja al estatuto recibirá una dieta parlamentaria equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, es decir cerca de dos mil quinientos dólares.

Por último el Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, precisó "que bajo la mirada de los acontecimientos ocurridos durante el Gobierno Militar, el ex comandante en jefe del Ejército es una figura del pasado y que como tal, con este veredicto y determinación, el caso Pinochet se da por concluido".