Una nueva ley en Arizona que limita los programas de estudios de carácter étnico aviva aún más la polémica. Entre tanto, hoy llega a la Corte Federal una demanda contra la ley que criminaliza la inmigración ilegal en ese estado.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acaba de sancionar una normativa que aplica a los estudios sobre temas étnicos en un distrito escolar de Tucson. Eso quiere decir, que quienes quieran estudiar por ejemplo, la historia mexicana del siglo pasado, la literatura Latinoamericana o los cambios políticos en el sudeste asiático, no podrán hacerlo.

La medida enciende aún más la polémica levantada por la aprobación hace varias semanas de la ley federal SB1070 que concede poderes a los agentes policiales para interrogar, requisar o detener a todos aquellos que consideren sospechosos de estar indocumentados en Estados Unidos.

Para los defensores de derechos humanos, prohibir que se impartan clases que atiendan la diversidad cultural, no sólo atenta contra los derechos fundamentales, sino que es absurdo si se tiene en cuenta que Estados Unidos es una nación hecha por inmigrantes, donde casi todo el mundo tiene un pasado en otro país. Quienes la defienden, alegan, que estos estudios de corte étnico promueven el “chovinismo étnico” y el odio hacia los blancos.

La pelea legal, comienza
La aprobación de esta nueva ley fundamenta aún más las razones jurídicas que sostienen la demanda presentada hoy contra la ley SB1070 en la Corte Federal de Arizona por el Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación. El objetivo es que en primera instancia, el Juez congele la aplicación de la normativa y que en un acto posterior, la derogue.
 

Según el abogado Víctor Viramontes, la ley es claramente inconstitucional porque se aboga por el derecho de establecer un sistema propio de inmigración, algo que es sólo competencia del gobierno nacional.
 

Mientras el camino legal sigue su curso, la presión económica al estado de Arizona continúa. En esta oportunidad, los legisladores de la ciudad de San Francisco acaban de aprobar, por abrumadora mayoría, una resolución que insta a no firmar contratos con empresas con sede en ese estado, así como a dejar sin efecto los suscritos con anterioridad.