Después de que los presidentes de Argentina y Uruguay firmaran el acuerdo por el control ambiental del Río Uruguay luego de siete años de conflicto, las miradas se dirigieron hacia la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Casi al unísono, luego de conocer el texto del acuerdo, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental destacaron el hecho de que se contemple no sólo el monitoreo de los efluentes líquidos, sino también el de las emisiones gaseosas, algo que venían reclamando desde un comienzo. Además, resaltaron que el monitoreo se realizará sobre las aguas "y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río Uruguay y sus áreas de influencia".

Sin embargo, en la ciudad entrerriana aún quedaban algunas dudas acerca del alcance del acuerdo. Si bien celebraron que se permita el ingreso del comité científico a la planta de celulosa UPM -ex Botnia- para tomar las muestras que serán analizadas, criticaron que el número máximo de ingresos permitido sea de doce por año. Los asambleístas reclaman que el monitoreo sea constante y en tiempo real, y proponen que durante al menos tres meses se realice un control permanente dentro de la planta y un año fuera de ella. De esa manera, consideran que se conseguirían las pruebas que faltan para convencer a los jueces acerca de la necesidad de "ordenar el desmantelamiento de Botnia".

Los asambleístas también reprocharon que la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay sea el organismo encargado de realizar las acciones en la margen izquierda del río. Algunos incluso caracterizaron al acuerdo como un "monitoreo político en lugar de uno científico".

Protesta en Buenos Aires
El jueves al mediodía, un grupo de asambleístas viajó a Buenos Aires para protestar frente a la embajada de Finlandia en Argentina. Allí, leyeron un comunicado en el que acusaron al gobierno finlandés de "favorecer y formar parte de un emprendimiento contaminante y de los problemas que Botnia-UPM causa en la región". Además, acusaron al gobierno de Finlandia de "esconderse detrás de empresas multinacionales que invocan traer grandes beneficios a la región" y, por el contrario, saquean los recursos naturales.

Durante el acto, insistieron en que su lucha continuará hasta lograr el desmantelamiento de la planta "o su relocalización fuera de la cuenca del Río Uruguay". También le solicitaron al canciller argentino una reunión urgente para que les explique los alcances del acuerdo. Quieren saber, por ejemplo, si la toma de muestras será sorpresiva o si será acordada con la empresa.

Poco después de haber aterrizado en Quito, en donde participa de la reunión de cancilleres de la UNASUR, el ministro de Relaciones Exteriores argentino utilizó su cuenta en la red Twitter para responderles a los vecinos de Gualeguaychú: "Con mucho gusto me reúno con los asambleístas para explicarles el acuerdo que finaliza el conflicto de Botnia. Hasta ahora, no han llamado", escribió el canciller. El día anterior, Timerman había usado la misma vía para celebrar la firma del acuerdo y asegurar que, luego de siete años de conflicto, Argentina y Uruguay comenzaban una nueva etapa.

Cuenta regresiva para el fin de la tregua
Actualmente, rige la tregua de 60 días por la que se decidió levantar el corte de la ruta 136. El próximo 19 de agosto, los vecinos de Gualeguaychú realizarán una asamblea ampliada en la que decidirán de qué manera continuarán con la protesta, ya que consideran que no pueden "permanecer impávidos frente a una burla al derecho". El objetivo, reiteran, es que "Botnia se vaya de la cuenca del Río Uruguay".

Mientras tanto, avanza la querella judicial presentada por el Poder Ejecutivo argentino contra diez de los integrantes de la Asamblea Ambiental por el corte del puente internacional. Aunque el juez había desestimado la denuncia, el fiscal apeló, y ahora el juez los citó para que presten declaración indagatoria. En las últimas horas, trascendió que sus abogados tienen previsto presentar dos mil firmas de vecinos que solicitan que también se los convoque a prestar declaración, ya que ellos también aceptaron y convalidaron el bloqueo de la ruta durante más de tres años.