Hoy miércoles se presenta en Buenos Aires una querella por “genocidio y delitos de lesa humanidad” cometidos en España entre 1936 y 1977, durante la Guerra Civil y el régimen de Franco.
Si la Cámara Federal acepta la querella, la justicia argentina aplicaría por primera vez el principio de jurisdicción universal, el mismo que permitió que represores argentinos fueran juzgados en Italia y España cuando en el país aún estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La querella
En diálogo con Radio Nederland, el abogado Máximo Castex anticipó algunos detalles del contenido de la querella: “Además de la explicación de los hechos y del contexto delictivo, también hay medidas probatorias explícitas que describen la modalidad de plan sistemático de eliminación de personas de un grupo seleccionado que era visto como ‘el enemigo’. Nosotros querellamos hasta el año 1977. Por lo tanto puede, haber muchos autores que sean responsables por estos delitos, pero eso va a surgir de la investigación”.
En esta primera presentación, hay dos querellantes particulares: Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, quien era alcalde de Castro Rei cuando éste fue fusilado en 1936, y cuyos restos fueron encontrados en una fosa común hace cinco años; e Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, quien fue fusilado en 1937 cuando era alcalde de Salamanca. A la querella, también se sumaron varias organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia - presidido por el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel - y la Comisión Provincial por la Memoria.
“En concreto, son estas dos víctimas, pero esperamos que más adelante se presenten otras personas que declaren tener familiares desaparecidos, fusilados, detenidos ilegalmente o torturados,” y que lo informen a la justicia. Pueden ser personas que estén viviendo en Argentina, pero también esperamos que empiecen a viajar hacia Buenos Aires ciudadanos españoles que quieran acreditar lo que han sufrido,” sostiene Castex.
Plazos formales
Luego de la presentación, un sorteo decidirá qué juzgado federal debe intervenir. El juez a cargo leerá la querella y pedir la opinión del fiscal, quien deberá estudiar el planteo y analizar la argumentación jurídica. Finalmente, si la querella es aceptada por la justicia argentina, comenzará la investigación. De acuerdo con las estimaciones de los abogados, podría haber novedades en menos de un mes.
Según explican los letrados, las víctimas de crímenes del franquismo y sus familiares pueden sumarse a la querella durante toda la etapa de instrucción. Durante ese período, se investiga a quienes son señalados como autores de los delitos y se analizan las pruebas para construir la acusación. Si se reúnen elementos suficientes, luego la causa es elevada a juicio oral. “Si esta presentación ayuda a que los tribunales españoles replanteen la acusación formal de prevaricación contra el juez Garzón, bienvenido sea,” asegura Castex.
Guardar esta página o enviar a través de los siguientes medios de internet:
Email this Article
Versión para impresora
La Argentina actual no puede dar un ejemplo maduro de como resolver estas cuestiones. En 1983, restablecida la democracia, el presidente Alfonsin dio el enfoque correcto de lo ocurrido, lo que fue confirmado por los autores prestigiosos del "Nunca Más": violentos de izquierda (Montoneros, Erp, etc), querían tomar el poder a través de la violencia (bombas, asesinatos, etc), para implantar una dictadura marxista que seguramente no respetaría ningún derecho humano, A su vez, los militares que tomaron el poder, imbuidos de ideas violentas similares pero de extremo opuesto, reprimieron a estos terroristas sin la ley en la mano, y violando derechos humanos, de terroristas, y de terceros muchas veces ajenos, o que no sabremos ya si hubieran sido motivo de juzgamiento conforme a derecho. Alfonsin promovió el enjuiciamiento de ambos terrorismo, y así se detuvieron a las cupulas de las fuerzas armadas, y de los grupos guerrilleros, que fueron condenaas, con las limitaciones del caso (ley de punto final y obediencia debida). Luego el siguiente presidente tiró por la borda esta conquista del Derecho, e indultó a todos. Luego Duhalde detuvo nuevamente a terroristas. Ya con toda esta perdida de valores jurídicos, llegó el actual gobierno de los Kirchner, que encaró el tema de modo tuerto, ay que enfocó su gestión como si hubieran triunfado los terroristas montoneros y en consecuencia reescribio la historia como si solo hubo militares malos que un día se emborracharon y se pusieron a secuestrar y matar jovenes idealistas exentos de toda maldad, e investidos de pura bondad. En el gobierno de los Kircherm se designaron funcionarios a cargo de derechos humanos, que habian sido terroristas montoneros, y el gobierno se apoyó en grupos vilentos de izqueirda, incluyendo la linea de Madres de Plaza de Mayo no democrática, que encabeza Hebe de Bonafini. De este modo se ha condenado a antiguos militares antes indultados o que habían sido absueltos por sentnecia años antes, y en cambio se exaltó el idealismo de los pobres montoneros ahora gobernantes. Si a eso le agregamos que el gobierno ha tenido el control de la designación de los jueces, con total mayoría en el Consejo de la Magistraura, cuya ley reformó a su favor, está dado el panorama claro de que ningún enjuiciamiento internacional es previsible que sea hecho con seriedad e imparcialidad. Creo que juzgar a gente que murió hace muchas décadas, pro hechos ocurridos hace 80 años, no parece encuadrar en la función jurisdiccional penal. Si lo que España quiere saber, la verdad de ciertos hechos, lo que ocurrió que esperan los nietos o hijos de víctimas de los años 30, se puede , se puede averiguar y dar paz a esas personas, con simples investigaciones no necesariamente penales, y con la prevención de no querer re-escribir la historia como el triunfo final de buenos sobre malos.
Enviar nuevo comentario