La justicia argentina fijó una nueva fecha para el inicio del segundo juicio contra el ex dictador Reynaldo Bignone, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín dispuso que el juicio, que debía iniciarse este lunes 30, comience el próximo 27 de septiembre. Aunque la agencia de noticias del Poder Judicial informó que la demora se debía a los “planteos presentados por la defensa de otro de los imputados”, el diario Página/12 publicó que la decisión está relacionada con “los problemas para conseguir una sala acorde con la relevancia de su proceso”.

Los abogados de las causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en los tribunales de San Martín, en el gran Buenos Aires, vienen denunciando que los juzgados federales de esa localidad no cuentan con espacios con capacidad suficiente para albergar a los familiares de las víctimas y los acusados que presencian los juicios, que son orales y públicos. En procesos anteriores, la justicia debió recurrir a salas prestadas, e incluso utilizó un gimnasio barrial para juzgar por primera vez a Reynaldo Bignone. Según algunas versiones, esta vez el juicio se desarrollará en un anfiteatro de un centro municipal, que deberá ser convertido en sala de audiencias de acuerdo con las necesidades específicas de un proceso de estas características.

Los delitos
La causa investiga los secuestros y torturas cometidos en perjuicio de 10 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó durante la dictadura. En 1977, Bignone se desempeñaba como segundo comandante del Comando de Institutos Militares y estaba a cargo de esa dependencia militar. Además de Bignone, están acusados el ex subcomisario Luis Patti —quien además fue intendente de una localidad bonaerense durante la democracia—, los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Exequiel Verplaetsen y el ex comisario Juan Fernando Meneghini.
 

Éste será el segundo juicio contra el ex dictador Bignone, de 82 años, último presidente de facto de Argentina antes de la recuperación de la democracia en 1983. En abril de este año, Bignone fue condenado a 25 años de prisión en cárcel común por haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 56 personas en Campo de Mayo.

A su vez, ya se fijó la fecha de inicio del tercer juicio oral contra Bignone: el 10 de agosto de 2011, deberá sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados en una causa en la que se investiga la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en el predio del Hospital Posadas, uno de los más grandes de Buenos Aires.

Juicios en marcha
Hace algunas semanas, la Corte Suprema de Justicia de Argentina presentó un nuevo informe sobre la tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuyo objetivo es “informar a la opinión pública acerca de los actos jurisdiccionales y organizativos realizados por el Poder Judicial de la Nación” para impulsar esos juicios en todo el país. De acuerdo con el informe, desde la derogación de las leyes de amnistía y hasta mediados de julio de 2010, se contabilizaban 26 causas juzgadas por delitos de lesa humanidad, con cerca de 80 condenas. A su vez, se están realizando 11 juicios orales y otros 7 ya tienen fecha de debate fijada, además de más de 100 causas que están en trámite.

Durante el acto de presentación del informe, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, aseguró que “no hay marcha atrás” con la decisión de llevar adelante los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura “porque es una idea que ha madurado, y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo”. “Los juicios de lesa humanidad están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad, y esto hay que entenderlo claramente. Por eso decimos que tiene un fundamento constitucional en el sentido de que forma parte de lo que es esencial en la vida de una sociedad. Y hoy nos une a todos los argentinos el decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado, que los debió proteger, por ser diferentes en sus ideas”, agregó Lorenzetti.

Vuelos de la muerte
La semana pasada, en el marco del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el ex oficial de inteligencia Antonio Pernías admitió la existencia de “traslados”, eufemismo que utilizó para referirse a los llamados vuelos de la muerte -en los que se arrojaban personas vivas al Río de la Plata- y relató que estaban “decididos de antemano” por sus superiores. Además, consideró “un error y un horror” el secuestro y la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, delitos por los que está acusado junto con otros 17 represores.

Pernías, señalado por los sobrevivientes como uno de los principales torturadores de la ESMA, hizo referencia a sus funciones como interrogador en los que él denominó “interrogatorios reforzados”, alegando que eran legales en Israel e Irlanda y que los hacían sin “ensañamiento”. En este juicio oral, los imputados están siendo juzgados por 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y la desaparición del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Domon y Duquet, y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.