El Grupo de Reflexión Rural de Argentina y la red internacional “Aktion Gen-Klage” han presentado este lunes en Ginebra un informe paralelo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con puntos de vista opuestos al de la delegación oficial argentina.
Argentina es uno de los 160 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Los signatarios deben informar cada cinco años al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sobre los avances y situación general de los derechos humanos en sus respectivas naciones. Este año le toca a Argentina.
En los últimos años, el país rioplatense está recibiendo muchos elogios por su decidida posición en el juicio a quienes violaron los derechos básicos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Pero según el autor del informe del Grupo de Reflexión Rural, Federico Aliaga, se están dedicando muchos esfuerzos en revisar lo acontecido hace más de 30 años, pero con ello se encubren las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar actualmente en el campo argentino.
El señor Aliaga aplaude que se coloquen en el banquillo de los acusados a los represores de esa época, pero considera que dentro de algunos años probablemente sean juzgados los que están imponiendo el actual modelo agroindustrial transgénico.
Según Aliaga, más del 50 % del área cultivada de Argentina es sembrada con soja transgénica (u OGM: organismo genéticamente modificado), lo que conduce a una agricultura sin agricultores. Los habitantes de la campiña son expulsados a los cordones de pobreza que rodean a las grandes ciudades, y los que permanecen en el campo sufren las graves consecuencias de las intensas fumigaciones químicas que afectan la salud y el medioambiente.
Los OGM en la agricultura son una vez más un asunto del comité de derechos humanos de Naciones Unidas.
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