Como resultado de una investigación por espionaje y escuchas ilegales en Buenos Aires, la justicia argentina ordenó la detención del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios.

 
 
Además, el Gobierno porteño decidió remover de su cargo a su sucesor, Osvaldo Chamorro, luego de que se secuestrara una computadora con información patrimonial de medio centenar de opositores, gremialistas y funcionarios.
 
Primer caso de espionaje
La investigación comenzó a fines de agosto, cuando Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), denunció que su hija había recibido un llamado anónimo en el que le advertían que su teléfono estaba “pinchado”, es decir, que era víctima de escuchas ilegales. Según ese llamado anónimo, sus comunicaciones estaban siendo escuchadas por orden del ex comisario Jorge Palacios, implicado en el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, en 1994, en el que murieron 85 personas.
 
Cuando Burstein hizo la denuncia, Palacios era el jefe de la flamante Policía Metropolitana, creada hace menos de un año por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Cuando se supo que Palacios iba a ocupar ese cargo, los familiares de las víctimas del atentado se opusieron debido a las acusaciones que existían en su contra en la causa AMIA. Burstein fue uno de los líderes de ese reclamo. Finalmente, Palacios tuvo que renunciar, y ayer fue detenido en el marco de la investigación por escuchas ilegales.
 
Los detenidos
El fiscal federal de la causa por el atentado contra la sede de la AMIA, Alberto Nisman, pidió la indagación de Palacios por los delitos de “violación a la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad y partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos”. El fiscal lo acusa de haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas a Sergio Burstein.
 
Además, en el marco de esta investigación, hay otro detenido: Ciro James, un ex policía federal, procesado por haber realizado escuchas ilegales mientras trabajaba como asesor del Ministerio de Educación porteño. Según la investigación, las llamadas de Burstein eran escuchadas por orden de la justicia misionera en causas en las que no estaba involucrado. El fiscal asegura que existía “una relación de confianza y amistad” entre Palacios y James, los dos detenidos.
 
¿Escuchas K?
El martes por la mañana, en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su casa, el juez federal Norberto Oyarbide deslizó la posibilidad de que la presidenta y su esposo Néstor Kirchner hayan sido víctimas de espionaje. El día anterior, el juez había secuestrado una computadora en allanamiento realizado en las oficinas de la agencia privada de seguridad de Jorge Palacios.
 
“Ha trascendido por algunos medios que también estaban los datos, muy específicos y personalísimos, de nuestra señora presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y su esposo (Néstor Kirchner)”, dijo el magistrado. Aunque esa posibilidad tuvo un gran impacto en los medios locales e internacionales, en ese momento el juez agregó: “Para asegurar con certeza este último hecho, necesito la confirmación de la SIDE (Secretaria de Inteligencia del Estado), organismo que está a cargo de las pericias técnicas de los elementos informáticos secuestrados, y al cual solicité la colaboración como lo hago en todos estos casos. Este tema es altamente delicado, quiero transmitirlo a la comunidad, y la causa sigue su desarrollo”.
 
Sin embargo, ayer por la tarde, la información acerca de posibles escuchas al matrimonio Kirchner fue desmentida por fuentes judiciales. Lo que sí se confirmó es que en el disco duro secuestrado había información acerca de la situación patrimonial y financiera de al menos 50 políticos opositores, gremialistas e incluso funcionarios del propio Gobierno de la capital argentina, entre los que se encuentra el jefe de Gabinete porteño. La información estaba en esa computadora en una carpeta con el nombre “Osvaldo” que, según el juez, podría pertenecer a quien hasta ayer ocupaba el cargo de jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, quien antes era el segundo de Palacios.
 
Después de confirmar esta versión, el Gobierno porteño decidió desplazar a Chamorro de su puesto al frente de la Policía Metropolitana. Al hacer el anuncio, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo que si bien la recopilación de la información que se le atribuye a Chamorro en sí misma no implica un delito —porque fue obtenida a través de una empresa que se dedica a brindar información patrimonial de las personas—, estaba “fuera de contexto”. “Es un hecho aislado, con una base de datos a la que cualquiera puede acceder. Pero que esta actividad esté ligada a un subjefe de policía en el contexto de una investigación de escuchas ilegales parece grave. No es ilegal, no es espionaje, porque se trata de información pública. Es una falta ética”, aclaró Montenegro.
 
Responsabilidades políticas
Luego de conocer la noticia de la detención de Palacios, varios dirigentes kirchneristas porteños reclamaron que la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires interpele al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, debido al escándalo de espionaje. Los opositores aseguraron que una comisión legislativa debería investigar los alcances de las escuchas ilegales y su relación con la actividad de la Policía Metropolitana. Algunos dirigentes se presentaron ante el juez federal Norberto Oyarbide para ser incluidos como querellantes en la causa y otros, incluso, deslizaron que Macri debería renunciar.
 
El alcalde porteño, que por estos días está de viaje en España, impulsó la creación de la Policía Metropolitana después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno nacional para que se traspasara parte de la Policía Federal —que depende del Ministerio del Interior— a la órbita de la ciudad. En un primer momento, cuando se denunció que Ciro James realizaba tareas de espionaje mientras trabajaba como asesor del Gobierno porteño, Macri acusó a James de ser un infiltrado de la Policía Federal y denunció al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por querer boicotearle su Policía que, hasta ahora, no ha salido a las calles.