La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el dictamen que propone declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diario. La discusión sobre la nueva ley del papel se traslada ahora al Senado. El proyecto no está exento de controversia.

La iniciativa del Ejecutivo argentino, que ahora pasa al Senado para su sanción, se debatió el jueves durante más de siete horas y fue aprobada con 134 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 92 en contra y 13 abstenciones.

El proyecto busca "asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario", tanto a personas físicas como jurídicas con domicilio en el país. Además, la ley establece criterios de precios, comercialización y de producción para satisfacer la demanda interna de los periódicos, a través de un aparato regulatorio que queda en manos del ministerio de Economía.

En opinión de la profesora de Comunicación, Rosa Mercado, de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, la aprobación del proyecto en el Congreso es una buena noticia, pues considera que viene a “democratizar efectivamente la palabra de todos los sectores del país”.

Según Mercado, durante años ha habido un monopolio muy fuerte en este sector, y añade: “ha llegado el momento de poder decir que todos los espacios políticos e ideológicos que quieran tener una propuesta escrita en papel tienen igualdad de posibilidades para acceder al papel, ya que es muy costoso; y además, también esto asegura los procesos democráticos para ejercer el derecho a la comunicación”.

Debate controvertido
La profesora Mercado reconoce que este debate ha generado muchas molestias, las cuales, en su opinión, se circunscriben a dos medios como son Clarín y La Nación.

Efectivamente, el proyecto encendió una luz roja en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, cuyo presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, dijo que "que estamos frente a una maniobra del Gobierno por controlar a los medios".

"Nuestra preocupación radica en que esta posible ley de control basada en el concepto de interés público podría ser utilizada para expropiar la empresa y, peor aún, convertirse en una herramienta potencial para controlar a su antojo a cualquiera o a todos los medios en el futuro", advirtió.
El conflicto del Gobierno con los diarios escaló el año pasado cuando se presentó una querella contra los directivos de Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la adquisición de Papel Prensa, durante la última dictadura militar.

Escuche la entrevista a Rosa Beatriz Mercado, profesora de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.