Tras la confirmación de la destitución del presidente del Banco Central argentino, Martín Redrado, se ha desatado un debate político que involucra al ex presidente Néstor Kirchner.
 
 
 
Luego de que una comisión legislativa enviara al Poder Ejecutivo un dictamen no vinculante, quedó confirmada la destitución de Martín Redrado al frente del Banco Central argentino. Sin embargo, la disputa política entre el Poder Ejecutivo y el ex titular del Central aún sigue dando que hablar, y sus coletazos, esta vez, involucran al ex presidente Néstor Kirchner.
 
Mediante el decreto 18/10, firmado el 7 de enero de 2010, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dispuso la remoción del presidente del Banco Central “por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público,” al no haber instrumentado el denominado Fondo del Bicentenario. El objetivo de este Fondo, creado a través de un decreto de necesidad y urgencia, es utilizar 6.569 millones de dólares de reservas excedentes para pagar los vencimientos de la deuda externa de este año. La Presidenta le había pedido a Redrado que procediera inmediatamente a cumplir con el decreto presidencial. Ante su negativa, y luego de pedirle que renunciara, Fernández de Kirchner reunió a todos sus ministros para firmar el decreto de remoción.
 
Sin embargo, el artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central argentino, que regula su funcionamiento, establece que, si bien el Poder Ejecutivo puede destituir a los miembros del directorio, primero debe recibir un consejo no vinculante de parte de una Comisión Bicameral Especial, integrada por legisladores nacionales. “La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación,” dice el texto. En este caso, el decreto fue firmado durante el receso estival del Parlamento, y no contó con ese pronunciamiento legislativo previo.
 
El consejo de la comisión
Días después, luego de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, que acusaba al Poder Ejecutivo de haber violado la carta orgánica del Central, la Presidenta le solicitó al titular de la Cámara de Diputados que convocara a la comisión para cumplir con los pasos formales correspondientes. La comisión estuvo integrada por el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato; el presidente de la Comisión de Finanzas y legislador de la opositora Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, y el vicepresidente argentino y presidente del Senado, Julio Cobos. Durante varios días, realizaron una ronda de consultas con funcionarios nacionales, quienes expusieron los motivos de la remoción de Redrado, y recibieron también al entonces titular del Banco Central, quien también dio a conocer su postura.
 
Este lunes, antes de conocer el dictamen de la comisión, Redrado presentó formalmente su renuncia, la cual había sido anunciada el viernes pasado durante una conferencia de prensa en la que acusó al Gobierno de intentar “avasallar la independencia del Banco Central”. “Porque cumplí con la Carta Orgánica, porque cumplí con mis deberes de funcionario público, porque junto con mi equipo les hemos garantizado a todos los argentinos estabilidad monetaria, estabilidad financiera y estabilidad cambiaria, como les dije ayer a los miembros de la comisión bicameral, siento que el ciclo mío en el Banco Central ha concluido. Yo he cumplido con todos los pasos institucionales. Lamentablemente, el Gobierno no ha hecho lo propio”, dijo Redrado.
 
Sin embargo, el flamante procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, recomendó a la presidenta argentina que no aceptara la renuncia de Redrado para que se pudiera seguir con el trámite de destitución. El martes por la noche, la Comisión Bicameral envió su dictamen, de carácter secreto, a la Casa Rosada. “El consejo ya fue remitido a la señora presidenta de la Nación como única destinataria del mismo,” expresaron sus integrantes en un breve comunicado. Según fuentes del Congreso citadas por la agencia oficial Télam, el vicepresidente Julio Cobos y el diputado Marconato habrían recomendado la destitución del ex jefe del Banco Central, mientras que el legislador Prat Gay habría votado en contra de la destitución, pero con críticas a la gestión de Redrado.
 
Los dólares y los “amigos del poder”
Pero antes de renunciar, en declaraciones al diario Clarín, Redrado había amenazado con dar a conocer la lista de los “amigos del poder que compraron dólares” antes de la crisis internacional del2008 y que se habrían beneficiado con esa operación. Poco después, algunos medios difundieron esa lista, que incluía al ex presidente y actual diputado nacional, Néstor Kirchner. Este martes, Kirchner confirmó que, en octubre del 2008, compró casi 2 millones de dólares para concretar la compra de un hotel en El Calafate, en el sur argentino, pero aclaró que esa operación se realizó “dentro del sistema reglado por el Banco Central”.
La oposición cuestionó ese accionar y argumentó que, al ser el esposo de la jefa de Estado, pudo haber tenido información privilegiada relacionada con la actuación del Gobierno en el mercado cambiario. A ese respecto, la opositora Coalición Cívica anunció que presentará una denuncia ante la justicia por posible “enriquecimiento ilícito por información o datos reservados”.
 
El Fondo del Bicentenario
Luego de la destitución de Redrado, el Fondo del Bicentenario —origen de la disputa— sigue en suspenso. A pesar del reclamo de la oposición, que pedía que la Presidenta convocara a sesiones legislativas extraordinarias, el ministro de Economía confirmó que el debate por la creación del Fondo seguirá en el Congreso, donde el oficialismo perdió el control de las mayorías, pero después del 1 ° de marzo, cuando se inicie el año legislativo.
 
Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia argentina rechazó este martes una acción de amparo que había sido presentada por la provincia de San Luis, que pedía que se declarara la inconstitucionalidad del decreto que creó el Fondo del Bicentenario. El Máximo Tribunal entendió que “la provincia no tiene legitimación para accionar en nombre de sus ciudadanos” y no se pronunció acerca de la supuesta inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia.