EXPECTATIVA POR LA DECISIÓN
La eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia genera gran expectativa. La semana pasada, uno de sus integrantes, el juez Carlos Fayt, consideró que sería “un acto de inhumanidad marcar judicialmente” a un individuo por haber consumido alguna droga. Además, explicó que habría “un principio de consenso” entre los miembros del máximo tribunal para fallar a favor de la despenalización del consumo de drogas para uso personal.

Semanas atrás, durante la inauguración de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas que se realizó en Buenos Aires, otro de los integrantes de la Corte Suprema argentina, Eugenio Zaffaroni, había señalado que se debe respetar el principio de reserva. "Hace treinta años que vengo diciendo que el artículo 19 de la Constitución Nacional debe ser respetado y que este tema entra en ese artículo", explicó. El magistrado indicó que “el uso, abuso o dependencia” de los tóxicos ilícitos es un problema de salud que no se resuelve a través del sistema penal. “No podemos estar perdiendo el tiempo en hacer expedientes que se prescriben y que no tienen ninguna eficacia preventiva. No se puede despenalizar totalmente porque hay una convención internacional que lo impide. De lo único que se trata es de no penalizar al consumidor que, en última instancia, sería la víctima”, aclaró.

PROYECTO DE LEY
En paralelo, el gobierno argentino está preparando un proyecto de ley que enviará al Parlamento con el objetivo de reformar la actual Ley de Drogas, que fue sancionada en 1989. Aunque en la prensa local el debate se plantea en torno a la despenalización de la tenencia y el consumo personal, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, prefiere hablar de “no criminalizar al adicto” cuando se refiere a los objetivos del proyecto de ley. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Fernández aseguró que “ese fallo no va a despenalizar nada” sino que, “en el mejor de los casos, va a elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”.

En este sentido, Fernández consideró en varias oportunidades que la actual Ley de Drogas “es un fracaso” y comparó la situación local con la de 15 países de Europa en donde, según sus palabras, “existen políticas mucho más tolerantes” a pesar de que se consume mucho menos que en Argentina. Para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la prioridad es avanzar en políticas de prevención, tratamiento y reducción de daños, pero también en la represión del delito en todas sus formas.
¿Cuál es la postura del gobierno argentino con respecto a los consumidores? Esto dijo el jefe de Gabinete durante la inauguración de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas: “Pretendemos transformar a los adictos compradores de drogas en pacientes del sistema de salud estatal o privado. Que haya un ámbito que los tome. Sueño con un policía que agarre a un pibe en malas condiciones y no vaya a la comisaría, sino que lo lleve a un espacio sanitario financiado por el Estado, en donde lo atiendan y resuelvan su situación. Ése será el momento más importante al que habremos arribado después de nuestras discusiones”.

VOCES EN CONTRA
En abril de este año, los sacerdotes que trabajan en las villas de emergencia de Buenos Aires habían denunciado que “la droga está despenalizada de hecho” porque se la puede “tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado”. Según el documento, ni la Policía ni ningún organismo del Estado hacen nada por la vida de quienes “tienen veneno en sus manos”, en referencia al paco, la droga que se obtiene a partir de los desechos químicos de la cocaína y que, según estadísticas oficiales, es consumida por al menos 50.000 jóvenes.

En un documento difundido la semana pasada, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su oposición a que se criminalice al adicto, aunque se declaró en contra de la despenalización del consumo. “La posición de la Iglesia en este tema es conocida: en un principio, estamos en contra (de la despenalización) porque debe dificultarse el acceso a la droga y no facilitarlo”, dijo el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld. El obispo Jorge Lozano, vocero de la Iglesia argentina en el tema de las adicciones, aclaró que “el adicto no es un delincuente sino un enfermo, y debe ser tratado como tal”, aunque aseguró que “el problema es que el Estado en su conjunto, y no el gobierno nacional en particular, carece de los medios para posibilitar la rehabilitación”.

LA RONDA DE LAS MADRES POR LA VIDA
Todos los jueves al mediodía, un grupo comienza a marchar en ronda en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Es el mismo círculo que, desde hace más de 30 años, cada jueves dibujan las Madres de Plaza de Mayo. Pero ellas, en cambio, cubren sus cabezas con pañuelos negros. Llegan desde distintos barrios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Son integrantes de la Red de Madres por la Vida, y fueron bautizadas por la prensa local como las Madres del Paco.

El ritual se repite cada semana, desde el 30 de diciembre del año pasado. Con el tiempo, se fueron sumando madres, padres y familiares de adictos que tienen algo en común: una inmensa sensación de impotencia frente a la destrucción que provoca la droga. El jueves pasado, de cara a la Casa de Gobierno, Delia Taborda contó su historia: “Vine porque, el sábado 15 de agosto, unos narcotraficantes mataron a mi hijo Marcelo, de 19 años. Ya estaba amenazado de muerte. Nosotros estábamos luchando con él... Él ya se estaba recuperando. Empezó a trabajar, y cuando iba a comprar al mercadito un simple desodorante, salieron y lo mataron en la calle a pleno día, delante de todos. Conozco a todas las Mamás del Paco y estaba luchando por mi hijo para que pudiera salir de eso. Y ahora, cuando empezaba a salir y a querer darse una oportunidad, lo matan...”.

Delia vive en la Villa 1-11-14, el asentamiento más grande de la ciudad de Buenos Aires, en donde se calcula que viven 50 mil personas. Su hijo estaba en tratamiento, pero unos dealers lo mataron cerca de su casa, según denuncia su mamá: “Yo lo recuerdo a mi hijo cuando llegaba a casa con el paco encima. Sus ojos no tenían vida. Ni siquiera me conocía a mí, que soy su mamá... Y después los acusan de que golpean, roban, matan. No son ellos. Son títeres de los narcotraficantes. Hijos de ricos, de pobres: todos corren el mismo riesgo que los nuestros. Nadie está ajeno a esto. Si no luchamos nosotras, las madres, les permitimos que los maten como si fueran nada. A mi hijo lo mataron en pleno día. Ni a un perro se mata de la manera en que lo hicieron...”.

Desde que supieron que el gobierno argentino está trabajando en una reforma a la Ley de Drogas, la Red de Madres por la Vida aprovecha su ronda de los jueves para juntar firmas en contra de la despenalización de la tenencia y el consumo personal. “Si no firmás, si te quedás callado, cuando dentro de unos años veas más chicos destruidos, muriendo por el consumo de drogas, sabrás que vos fuiste socio de este gobierno que está diciendo que la despenalización es necesaria. Cuando sepas que a un vecino tuyo la violencia entró en su casa y lo lastimó por una moneda, sabrás que vos fuiste parte de esta masacre cuando aceptaste la despenalización”, gritan con fuerza mientras marchan en círculo, megáfono en mano.

“Nosotros tememos que esto vaya a favorecer la distribución de la droga”, explica Berta Núñez, presidenta de la Red de Madres por la Vida. Berta cuenta que, en los años ’90, vivió “el infierno de las drogas” con uno de sus hijos: “En esa época, no era el paco. Era marihuana y cocaína. Y bueno, en algún momento, en la desesperación, porque mi hijo estaba absolutamente violento, lo hice llevar preso. Lo tuvieron unos días en la comisaría. Él estuvo enojado conmigo, pero después reconoció que tenía razón”.
Berta se opone a la propuesta que defiende el gobierno argentino: “En algún momento, el ministro del Interior dijo: ‘¿Y qué quieren las madres? ¿Que se lleven presos a sus hijos?’. No, no queremos que se lleven presos a nuestros hijos. Lo que nosotros estamos reclamando puntualmente es que haya políticas públicas que permitan que se pueda llevar una vida digna. Y también decimos que la mejor reducción del daño es la inclusión social. Si no tienen futuro, si no tienen una posibilidad de ascenso social, de poder trabajar y comprarse el terrenito, comprarse la casita, ¿qué hacen? Viven al día. Y ese vacío que los jóvenes perciben y viven a diario, lo llenan con droga. El vacío del sentido de la vida”.

En la ronda, junto con las Madres por la Vida, está Daniel. A los 17 años, su hijo Cristian empezó a consumir paco y otras drogas. Aunque estuvo internado en centros de rehabilitación en siete oportunidades, siempre lograba escaparse. Hoy, a los 19 años, está internado en una comunidad terapéutica cerrada, sin salidas permitidas. Daniel explica que consiguió internar a su hijo en ese centro gracias a la ayuda de las Madres por la Vida: “Todos los jueves vengo a las marchas. Ya soy uno más de la lucha. Aunque se recupere mi hijo, igual yo ya estoy en la lucha porque tengo miedo de que, el día que salga, vuelva a recaer”.

Daniel, que vive en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, explica que “está todo muy mal” porque hay mucho paco en las calles: “Los pibes se mueren. En el barrio, bandas de pibes y pibas parecen bolsas de papas, tirados en las esquinas, durmiendo en la calle, mugrientos, sucios, quemados, la boca, las manos, los pies, todo. Así estaba mi hijo: quemado en las manos, la boca, los pies, en estado de abandono total. Espero que él no vuelva a recaer. Y si vuelve a recaer, seguiré en la lucha”.

COMITÉ DE EXPERTOS
En 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos argentino dispuso la creación del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja. Su objetivo es brindar asesoramiento, elaborar proyectos de actualización legislativa y asesorar en el diseño de un plan que coordine todas las acciones posibles de intervención del Estado.

En un documento oficial difundido recientemente, el Comité Científico se pronunció acerca de la reforma integral a la Ley de Drogas y la identificación de políticas sociales necesarias. En el texto, los especialistas aseguran que casi el 70% del total de ingresos al sistema penal corresponde a casos de tenencia y consumo personal, y son productos de decomisos en la vía pública, según estadísticas oficiales. Además, proponen “la reforma integral de la legislación penal vinculada con los estupefacientes para adaptar sus disposiciones a la reforma constitucional de 1994, en especial las disposiciones que elevan a rango constitucional el derecho a la salud”, y “el desarrollo de políticas criminales y propuestas de cursos de acción de tal manera que la persecución penal de consumidores y eslabones menores de la cadena de comercialización no encubra fenómenos de corrupción y extorsión”.