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Avisos como éstos podían leerse en casi todos los diarios de Argentina hasta hace una semana. Salvo algunas contadas excepciones, que optaban por no publicarlos como parte de una decisión editorial, la mayoría de los periódicos publicaba avisos con oferta sexual, que en la jerga local eran conocidos como el rubro 59. Sin embargo, el 18 de julio entró en vigencia un decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos “que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual” tanto en medios gráficos como radiales y televisivos del país.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, el objetivo es prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y eliminar las formas de discriminación hacia las mujeres. Para lograrlo, “se deben arbitrar las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación” y, en especial, los avisos de la prensa escrita, que pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas.

Durante el anuncio de la medida, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía que reina muchas veces en algunos sectores”, en referencia a los medios de comunicación. “No se puede, en las primeras páginas de los periódicos, exigir al Gobierno lucha contra la trata de personas y luego, en las páginas comerciales, poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante no solamente trata de personas, sino también humillación a la condición femenina, porque también la discriminación es crear estereotipos de la condición femenina como objetos de consumo”, sostuvo Fernández de Kirchner.

Monitoreo a nivel nacional
La norma, basada en tres leyes recientes –la Ley contra la Trata de Personas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres–, busca contribuir a la liminación de cualquier mensaje que reproduzca estereotipos de abuso, violencia mediática y discriminación hacia las mujeres.

Junto con la prohibición, se creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya tarea es analizar los medios gráficos para verificar el cumplimiento de la norma e imponer sanciones a quienes no lo hagan. El procedimiento es el siguiente: ante la primera infracción, se le notifica al medio gráfico para que deje de publicar esos avisos dentro de las 24 horas siguientes. Si sigue haciéndolo, se lo intima nuevamente, y el medio debe presentar por escrito su descargo. Luego, dentro de los cinco días hábiles, la Autoridad de Aplicación de la norma debe dictar una resolución definitiva.

La Oficina de Monitoreo realizará el control a nivel nacional, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos de todo el país. Durante la primera semana de vigencia del decreto, se observó que algunos medios eliminaron el rubro en cuestión o disminuyeron la cantidad de avisos de ese tipo publicados. Sin embargo, muchos continuaron publicando los avisos de oferta sexual disimulándolos en otros rubros, como el de “Oficios y ocupaciones varias” o “Solos y solas”.

Trabajadoras sexuales
Aunque la decisión fue celebrada de manera unánime por distintas organizaciones que trabajan para erradicar la trata de personas y la violencia contra las mujeres, también se escucharon algunas críticas. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) argumentó que la medida perjudicará a las mujeres que logran trabajar de manera independiente luego de haberse liberado de los proxenetas, ya que deberán volver al trabajo clandestino. Por medio de un comunicado, la asociación –que cuenta con más de 4000 afiliadas– consideró que la prohibición criminaliza su actividad y que “motivará a aquellas compañeras más débiles, o que cuenten con menores recursos, a acudir a las grandes redes de proxenetas y tratantes”, que actúan en complicidad con las fuerzas de seguridad.

“Nosotras, las integrantes de Ammar, no somos tratadas, no somos obligadas, no somos secuestradas y no nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales”, explican en la organización, que cuenta con 15 años de historia y está afiliada a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

“Repudiamos terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas. Creemos que es una obligación del Estado disponer todos los medios tendientes a acabar con este flagelo y por eso celebramos que el Gobierno nacional tienda a generar políticas que intentan acabar con él. Sin embargo, creemos que la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que esta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios”, agrega el comunicado. De acuerdo con una investigación realizada por Ammar junto con el Ministerio de Salud argentino, se estima que hay al menos 80.000 trabajadoras sexuales en las cinco provincias más pobladas del país, de las cuales el 60 por ciento trabaja por su cuenta.

Medidas integrales
En diálogo con Radio Nederland, la coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Trabajo de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Estela Díaz, dijo que la medida no persigue la actividad individual de la persona que ejerce la prostitución. “Lo que claramente está prohibido es el proxenetismo y lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos casos lo que hay es esto: una oferta ilícita, una forma de explotación sexual de otras personas. Me parece que hay que entenderlo en ese sentido”, sostuvo Díaz.
Si bien cree que se debe reconocer el valor de medidas como ésta, Díaz cree que aún faltan políticas integrales “no sólo para eliminar en todo el país las formas tramposas de castigar, de encarcelar a las mujeres que ejercen la prostitución, de cobrarles coimas para que puedan trabajar, sino también para darles oportunidades para salir de la prostitución, medidas de protección integrales para las personas que están ejerciéndola”.

¿Contra la libertad de expresión?
A su vez, el diario Río Negro –que se distribuye en las provincias de Río Negro y Neuquén, en la Patagonia argentina– presentó un recurso de amparo para que se suspendiera la prohibición de publicar avisos de comercio sexual. El periódico argumentó que la medida “es inconstitucional, lesiva de la libertad de expresión y discriminatoria del libre ejercicio de una actividad lícita”. La Justicia admitió el amparo y solicitó que el Poder Ejecutivo fije su posición, aunque se negó a suspender la prohibición hasta que haya una decisión definitiva de parte de la Justicia.

En declaraciones a la prensa, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Carmen Argibay, avaló el decreto presidencial y explicó que no limita la libertad de expresión. “Los medios no se van a poder defender contra esta medida porque acá (en los avisos) no hay opiniones, de modo que no se atenta contra la libertad de expresión. Lo que estamos coartando es la propaganda de una mercancía prohibida”, dijo Argibay.

Hacia la autorregulación de los medios
Según un informe realizado por la Casa del Encuentro, una organización no gubernamental que lucha contra toda forma de violencia contra niñas, niños y mujeres, el 70% de los avisos de oferta sexual son publicados por tratantes y proxenetas. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha realizado una campaña para que los medios gráficos de todo el país decidan voluntariamente no publicar publicidad engañosa que encubra la captación de personas para la explotación sexual o promocione el proxenetismo. Como resultado de esta campaña, sólo seis medios de comunicación de la Argentina aceptaron dejar de publicar estos avisos y otro restringió su política de aprobación para la publicación.

Luego de conocer el contenido del decreto, Fopea emitió un comunicado en el que considera que la medida representa un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y proxenetismo, aunque reclamó que se complemente con una ley aprobada por el Congreso, ya que considera que las prohibiciones “no son el mejor camino para resolver este tipo de problemáticas”. Además, la organización reiteró que promueve la autorregulación en los medios de comunicación en temas como éste, “en virtud del compromiso ético y la responsabilidad social que deben mantener frente a la ciudadanía”.