La mandataria argentina, Cristina Fernández, ha firmado un decreto con el que se exige a todo buque autorización para navegar entre puertos continentales y las islas del Atlántico Sur.

Continúan las repercusiones por el decreto firmado por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que establece que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las islas del Atlántico Sur deberá solicitar una autorización previa del gobierno argentino.

 
El decreto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, ante el inminente inicio de los trabajos de exploración en busca de petróleo y gas por parte de varias empresas en la zona de las Islas Malvinas. Según el gobierno argentino, surge de la necesidad de complementar las normas vigentes para “preservar los recursos naturales en las áreas que son objeto de la disputa de soberanía”.
 
Luego de conocer los detalles del decreto, varios medios argentinos reprodujeron declaraciones del vocero de la embajada británica en Argentina, quien insistió en que “el gobierno británico no tiene ninguna duda acerca de su soberanía” sobre las islas y su territorio marítimo circundante, “ni sobre la legitimidad del emprendimiento de exploración petrolera”.
 
La plataforma de perforación Ocean Guardian, que actualmente está siendo trasladada hacia las Malvinas, sería la primera que realizaría trabajos de perforación en las islas desde 1998. El arribo de la plataforma está previsto para fines de febrero, y luego comenzará a trabajar en un área de perforación que está ubicada entre 100 y 150 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Un vocero de la firma británica que transporta la plataforma confirmó a la agencia Reuters que su programa de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas “avanzará según lo planeado”.
 
De acuerdo con las estimaciones más optimistas de los propios habitantes de las islas, en la zona habría reservas petroleras equivalentes a unos 60 mil millones de barriles. Según informó la prensa inglesa hace algunas semanas, otras tres empresas tienen contratos de licitación para comenzar a explorar la zona.
 
Exploraciones ilegítimas
En el decreto, se explica que el gobierno argentino ha manifestado su posición ante los gobiernos de los países a los que pertenecen las empresas privadas que realizarán las exploraciones, tareas que han sido calificadas como “ilegítimas” y que “han sido propiciadas por Gran Bretaña”. A su vez, se reitera que el Reino Unido “ocupa ilegítimamente” las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur “y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, y la persistencia de esa ocupación “se traduce en una controversia de soberanía” que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales.
 
“Las decisiones que ha venido tomando la República Argentina, que han sido siempre respetuosas del marco internacional, en este momento nos obligan, en defensa de los intereses de los argentinos, a tomar este tipo de decisiones que nos permitan ir hacia un punto donde garantice una defensa no solamente de la soberanía, que no es necesario que la remarque porque forma parte del pensamiento de todos y cada uno de los argentinos, sino además de todos los recursos que pudieran existir en ella o en su propia plataforma”, explicó el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, al anunciar la firma del decreto.
 
Solución pacífica, justa y duradera
Al explicar la decisión, la presidenta argentina mencionó las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a los gobiernos argentino y británico a que reanuden las negociaciones “para encontrar una solución pacífica, justa y duradera de la disputa”. El gobierno argentino argumenta que “persiste el incumplimiento británico de la disposición de no innovar, establecida en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, que se manifiesta en sucesivos episodios vinculados con la explotación de recursos naturales.
 
“Es importante reafirmar una vez más no solamente nuestra denuncia imprescriptible en materia de soberanía de nuestras Islas Malvinas, sino también la necesidad de reafirmar la obligación de resolver de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a lo que marca Naciones Unidas, las cuestiones entre Gran Bretaña y nosotros”, dijo Cristina Fernández después de haber firmado el decreto.
 
Mientras tanto, siguen las protestas argentinas por la vía diplomática. El próximo miércoles, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, recibirá al canciller argentino, Jorge Taiana, quien le planteará la preocupación por las acciones unilaterales de Gran Bretaña en materia de exploración petrolífera en las Islas Malvinas.
 
Instrumentación del decreto
La norma establece que todo buque o artefacto naval que quiera transitar “entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, o cargar mercaderías para ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente”.
 
Los ministerios de Industria y Turismo, Planificación y Economía, en consulta con la Cancillería argentina, serán los encargados de dictar las normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en el decreto. Además, una Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, funcionará como organismo de asesoramiento y consulta.