En Argentina, distintas organizaciones de la sociedad civil se sumaron a las manifestaciones internacionales de apoyo al juez Baltasar Garzón.

En un acto realizado en las puertas de la sede de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina respaldó al magistrado español, Baltasar Garzón, rechazó “la impunidad del franquismo” y reclamó que se apliquen los principios de la justicia universal “contra todo tipo de genocidio”.

Durante el acto, los organizadores leyeron un manifiesto titulado “Nosotros acusamos”, en el que pidieron sanciones para quienes se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura de Franco. Uno de los oradores fue Darío Rivas Cando —hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei, en Lugo, España—, quien impulsa la querella presentada en Argentina para investigar los crímenes del franquismo. “Preferiría que lo continuara el doctor Garzón, pero si a él no se lo permiten, yo lo voy a terminar porque creo en la justicia internacional. Porque en España se siguen viviendo los años de la dictadura. No ha cambiado nada: las leyes de España son las leyes que impuso Franco”, sostuvo Rivas en diálogo con Radio Nederland.

“Este acto es uno de los tantos que se han hecho y se harán seguramente de aquí en más en todas partes del país y esperemos que en varios lugares del mundo, ahora que por estas horribles químicas de la política una ola de derechización está azotando a Europa y también a América”, aseguró el actor argentino Federico Luppi, otro de los oradores del encuentro, quien vivió muchos años en España. “Por nosotros mismos, por los seres desaparecidos, por los queridos gallegos y por los españoles, no podemos bajar la guardia. Que la militancia sea exactamente esto: verdad y justicia, en contra de la impunidad”, agregó.

“Atentado a la independencia judicial”
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo pública una carta que le envió a Baltasar Garzón, en la que le expresó su solidaridad. En el texto, el CELS —una organización argentina que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos desde 1979— señala que resulta incomprensible la acusación del Tribunal Supremo español “amparada en una ley que fuera considerada inhábil para estos casos por este mismo Tribunal cuando condenó, en el año 2005, al represor argentino Adolfo Scilingo, autor de crímenes de lesa humanidad”.

A su vez, considera que el proceso contra Garzón “constituye un atentado a la independencia judicial en España” y sostiene que las investigaciones que emprendió el magistrado en ejercicio de la jurisdicción universal “fueron trascendentales para el proceso de justicia y reparación en Argentina, Chile y en toda América Latina”.

“Diría que la indignación es la esperada. Seguramente va a ir creciendo. Me parece que la reacción no debería verse como un apoyo al personaje Baltasar Garzón, sino como un apoyo a los principios que Baltasar Garzón aplicó para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos en Argentina y Chile, y quería aplicar también para investigar los casos en España”, explicó Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, en diálogo con Radio Nederland.
“No podemos explicarnos cómo, cuando están en juego los mismos principios, no sólo no se avanza en la investigación, sino que se termina investigando o haciéndole un proceso al juez”, sostuvo.

Persecución “injusta e inmoral”
La Asociación Madres de Plaza de Mayo anunció que, mediante una acción de habeas corpus, buscará promover una impugnación judicial ante la Corte Europea de Derechos Humanos en repudio a la “injusta e inmoral persecución” contra Garzón por “el cumplimiento de su deber”. El abogado constitucionalista argentino Eduardo Barcesat será el encargado de diseñar la acción, cuyo texto estará disponible para aquellas personas y organizaciones sociales de todo el mundo que quieran sumar su adhesión.

Mediante un comunicado firmado por la presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, las Madres de Plaza de Mayo denunciaron “la absoluta improcedencia de la acusación promovida por nostálgicos del terrorismo franquista” y aseguran que representa un agravio contra quienes están comprometidos con la defensa de los derechos humanos. “El juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad no sólo es una potestad de la función jurisdiccional, sino un deber de observancia a la supremacía del texto constitucional”, agrega el comunicado.