En Argentina, desde el regreso de la democracia, 265 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

En los 19 juicios orales que se realizaron durante 2011, se juzgó a 88 personas, de las cuales 80 fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En la actualidad, además de los 13 juicios que se encuentran en curso por delitos cometidos en perjuicio de más de 800 víctimas, otros 6 ya tienen fecha de inicio. En total, hoy, en Argentina, 806 personas están procesadas por crímenes de lesa humanidad.

Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que depende del Ministerio Público Fiscal argentino, cuyo trabajo consiste en monitorear los procesos que se llevan adelante en todo el país y definir estrategias para que los juicios concluyan en un tiempo razonable.

Estas cifras permiten caracterizar a la Argentina como un país que logró recuperarse de la impunidad y avanzar, en democracia, en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo, aún se observan algunas dificultades para llevar adelante estos juicios con la celeridad que requieren.

Pedido presidencial
El 10 de diciembre pasado, durante el discurso de asunción de su segundo mandato, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a su preocupación por el ritmo en que avanzan estos juicios. Durante su alocución, citó una frase del discurso que había pronunciado en 2007, cuando asumió su primer mandato. “Yo espero que, en estos cuatro años de mi mandato (en referencia al período 2007-2011), estos juicios, que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados”, había dicho en ese entonces.

Esta vez, ante la Asamblea Legislativa, la presidenta reiteró su pedido: “Si bien se registra un gran avance en los juicios, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015 no tenga que volver a pronunciar esta frase, y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”.

“En los últimos dos años, se realizaron muchos juicios en casi todas las provincias del país, y eso puede generar la sensación de que los juicios ya están destrabados y que los procesos están avanzando normalmente”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

“Pero nosotros, que trabajamos día a día, todavía vemos muchas dificultades y, sobre todo, algo que nosotros prevenimos, alertamos: cuidado con la sensación de que está todo hecho. Queda todavía mucho por hacer”, advierte.

Dispersión en las causas y demora en la revisión de condenas
Uno de los problemas que atentan contra la celeridad del proceso de justicia es la dispersión de las causas que investigan crímenes cometidos en un mismo contexto. Uno de los juicios más resonantes del año 2011 fue el que condenó a algunos de los responsables de los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura.

Sin embargo, en ese proceso —que duró 22 meses—, sólo se juzgó a 18 personas por crímenes cometidos en perjuicio de 86 víctimas. La cifra es baja si se tiene en cuenta que, en otras causas vinculadas con ese mismo centro clandestino, hay cerca de 70 acusados y alrededor de 800 víctimas.

Otra de las dificultades que se observan es la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Hasta ahora, de los 265 condenados, sólo 43 tienen condena firme. De acuerdo con un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas, esas demoras resultan “especialmente preocupantes”.

La peregrinación de los testigos
Por otra parte, otro de los reclamos que se escuchan es que los testigos deben dar testimonio una y otra vez en diferentes causas que investigan los delitos cometidos en los mismos contextos.
“Estos juicios se están haciendo a costa de los testigos. Y lo digo de esta manera porque son la principal fuente probatoria de estos juicios y creo que la administración de justicia reacciona de una manera insensible: los toma como fuente y no como personas que han vivido una experiencia traumática como fue la dictadura, el terrorismo de Estado, y que ahora son personas que lo siguen reviviendo cada vez que declaran”, señala Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal.

“Es decir, es imposible declarar sin volver a la escena, sin transportarse al horror. Entonces, me parece que a veces los funcionarios judiciales no tienen la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de que cada citación es hacerle vivir al testigo aquel horror”, agrega.

Según el abogado, el problema se remonta al momento en que comenzaron los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura argentina. “La administración de justicia, en lugar de adecuar la metodología de trabajo al fenómeno que tiene que juzgar, intentó hacer lo contrario: adecuar el fenómeno a la metodología con la que está acostumbrada. Y la justicia está acostumbrada a trabajar con causas pequeñas: uno o dos hechos, uno o dos acusados. Entonces, hizo eso: empezó a descomponer un fenómeno único y llevarlo a la escala a la que está acostumbrada”, explica.

Delitos sexuales y condenas a civiles
Otro de los desafíos pendientes en el proceso de juzgamiento de estos crímenes es que los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado reciban el tratamiento jurídico adecuado. Las víctimas denuncian que en las causas que se llevan adelante en Argentina existe una tendencia a calificar a los abusos sexuales como “tormentos” y que, de esa manera, quedan invisibilizados.

Según la Unidad Fiscal, este modo de calificar los hechos “impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”. Hasta ahora, en todo el país, sólo hay una condena por un delito de índole sexual cometido en el marco del terrorismo de Estado.

Además, aún está pendiente la posibilidad de investigar y juzgar la responsabilidad de los civiles en los delitos cometidos durante la dictadura. Es el caso, por ejemplo, de ciertos funcionarios judiciales acusados de haber participado de la supresión de identidad de los hijos de desaparecidos.

“Las Fuerzas Armadas fueron un brazo ejecutor de un proyecto político y económico que se estaba impulsado. Ahora bien, no cualquier participación de una persona o de un funcionario en un lugar de gobierno es directamente pasible de reproche penal”, explica Parenti.

En cuanto al posible alcance de estas investigaciones, el coordinador de la Unidad Fiscal es preciso: “Acá estamos hablando de juicios penales. Entonces, tenemos que demostrar algún grado de participación en hechos delictivos. Seguramente nos vamos a encontrar con civiles a los que les podamos reprochar penalmente alguna conducta.

Pero bueno, hay otros funcionarios que se desempeñaban en áreas que no tenían vinculación más o menos directa con la represión a los que quizás no… Es decir, el derecho penal no llega a todos lados. Lo que marca el límite es la posibilidad de imputar. Es decir, las reglas penales son las que marcan los límites. Nosotros no ponemos ningún límite. Donde haya una conducta que merezca el reproche penal, nosotros lo vamos a hacer. Y si aparecen civiles, serán también acusados”.