El 1º de marzo del 2009, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pronunciaba el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional.

“Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen”, declaró La presidenta, “donde ya no es necesario que se denoste al Estado, pero es necesario lograr instrumentos nuevos que nos permitan intervenir adecuadamente en la economía para preservar el trabajo y la generación de la actividad económica”. Sus palabras marcaban el inicio de un año en el que Congreso argentino fue escenario de fuertes debates, disputas y polémicas.
 

Días después del inicio del período de sesiones ordinarias, cuando aún no se sabía con certeza cuál sería la magnitud de los efectos de la crisis financiera internacional en la economía argentina, la presidenta envió al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones legislativas en las que el Gobierno pondría en juego su hegemonía parlamentaria.
 

Resultado no esperado
El proyecto fue aprobado y los comicios legislativos se realizaron el 28 de junio. Para el Gobierno, el resultado no fue el esperado. Las elecciones modificaron el mapa político argentino: el oficialismo perdió la mayoría en ambas cámaras y quedó en segundo lugar en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país.
 

Luego de haber conocido los resultados, el ex presidente Néstor Kirchner, diputado electo por Buenos Aires, se refería a la derrota: “Está bien, yo siempre digo que las elecciones se ganan por un voto. Esto es claro y concreto. Pero es una elección en donde evidentemente se estuvo muy cerca. Es una situación de mucha paridad, una elección pareja donde seguramente han influido algunas circunstancias que serán evaluadas con mucha tranquilidad”.
 

Si bien las elecciones se celebraron a fines de junio, se mantuvo la fecha original de asunción de los nuevos legisladores nacionales: principios de diciembre. Entonces, a mitad de año, el resultado planteaba una situación inesperada para el oficialismo.
 

Últimos meses con mayoría oficialista
Por un lado, la presidenta ya sabía que iba a tener que gobernar sin mayoría parlamentaria durante los próximos dos años de su mandato, una vez que asumieran los nuevos legisladores. “El Gobierno y Kirchner han sido derrotados a lo largo y a lo ancho del país, y el Gobierno ha perdido el quórum tanto en Diputados como en Senadores”, celebraba Elisa Carrió, diputada electa por la opositora Coalición Cívica, luego de las elecciones. Sin embargo, esta nueva composición del Parlamento no se pondría en marcha hasta diciembre, cuando asumieran los nuevos legisladores.
 

Durante la segunda mitad de 2009, todavía con mayoría oficialista, el Congreso aprobó proyectos de relevancia que habían sido presentados por el Poder Ejecutivo: la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la ley que autoriza la obtención de ADN por métodos alternativos y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, que reemplaza al decreto-ley vigente desde la última dictadura militar, modificado por los sucesivos gobiernos democráticos.
 

El debate legislativo de este proyecto, que modifica el mapa mediático argentino y fue rechazado por los propietarios de los grupos multimedios, obtuvo una gran visibilidad ya que fue transmitido en directo por varios canales de aire y cable. “Hoy estamos votando y sancionando una ley que es fundamentalmente antimonopólica, que busca que los argentinos sean más ciudadanos al momento de poder escuchar una mayor cantidad de voces”, decía Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados oficialistas, antes de votar afirmativamente el proyecto.

Durante esos últimos meses de mayoría kirchnerista, el Congreso también sancionó la prórroga de la emergencia económica, que le otorga al Ejecutivo la facultad para reasignar partidas del presupuesto nacional, y la Ley de la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Esta norma, conocida también como Ley de Reforma Política, establece elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir candidatos a presidente, senadores y diputados. Además, prohíbe la propaganda privada en medios audiovisuales y el aporte financiero de empresas a las campañas, y restringe la difusión de encuestas de intención de voto, entre otras cosas. Desde la oposición, denuncian que el objetivo de esta reforma es “allanarle el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011”.
 

Nuevo escenario legislativo
El 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner inició la segunda mitad de su mandato con una nueva composición del Parlamento: lejos de las mayorías anteriores, ahora cuenta con 84 diputados y 30 senadores propios. Luego de la asunción de los nuevos diputados—entre los que se encuentra el ex presidente Néstor Kirchner—, la redistribución de bancas modificó además la composición y las autoridades de las comisiones de trabajo, en donde se discute qué proyectos serán tratados en el recinto. Es decir que el Gobierno perdió poder en los espacios en donde se define la agenda legislativa.
 

El oficialismo, con minoría en las comisiones, deberá buscar acuerdos. En este nuevo escenario, tampoco está definida la fuerza que tendrá la oposición, que sólo podrá construir consensos si las distintas fuerzas superan sus desacuerdos de fondo. “Ahora, el Gobierno tiene un tercio de las bancas en el Congreso. Es decir que hay una cantidad muy importante de legisladores que no solamente no son kirchneristas sino que llegaron al Congreso haciendo campaña en contra del kirchnerismo”, explica Javier Zelaznik, profesor e investigador de la Unidad de Estudios Legislativos de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.
 

En diálogo con Radio Nederland, Zelaznik analizó cómo será el nuevo período legislativo, con el kirchnerismo en minoría: “Por lo menos en la Cámara de Diputados, va a haber una relación de mayor paridad, no sólo porque el peronismo ha disminuido su base legislativa sino porque, como consecuencia de esa disminución, perdió mecanismos para controlar el trabajo dentro de la Cámara de Diputados”.
 

Una oposición con diferencias
Zelaznik explica que la heterogeneidad de la oposición también será una característica constitutiva del nuevo Parlamento argentino: “La eficacia de la oposición dependerá de la posibilidad de poder superar esta heterogeneidad y llegar a actuar en un punto de manera unificada. En el Parlamento, la oposición tampoco pretende gobernar. Y al parecer, todas las leyes que pretende impulsar no son leyes que uno podría considerar de gobierno, sino que son más bien leyes que tienen que ver con mecanismos de control”.
 

Entre otros proyectos, se prevé que los partidos opositores impulsen en el nuevo Congreso el debate acerca de la composición del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de confeccionar las listas de candidatos a jueces, y el libre acceso a la información pública. “Esto tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, tiene que ver con la idea de la oposición de recuperar la capacidad de controlar al Gobierno. En segundo lugar, no aparecer trabando la acción de gobierno. Y en tercer lugar, si el Congreso gobernara, tendría que ser responsable por sus decisiones. Y, en este sentido, me parece que el interés de la oposición es que el costo de gobernar siga estando en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no en el Parlamento”, agrega Zelaznik.
 

Además, aún están pendientes otros temas de corte social que serían debatidos en el Congreso argentino durante el 2010: el casamiento entre personas del mismo género, el aborto y la posibilidad de instaurar la “emergencia nacional de seguridad ciudadana”, que permitiría que el Estado destine más fondos para planes de seguridad.