Bajo el disfraz de lucha contra el terrorismo, el Gobierno de Arabia Saudita agrede constantemente los derechos humanos. Esta acusación consta en un informe que hoy publica Amnistía Internacional (AI).
Según la organización internacional defensora de los derechos humanos, las medidas que el Gobierno saudita activó tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, sólo han contribuido a un todavía mayor deterioro de la situación.
Recientemente, una princesa saudita se refugió en Gran Bretaña, tras ser acusada de haber cometido adulterio con un hombre británico. Según ella, sería lapidada hasta la muerte en caso de regresar a su país. Es uno de los contados casos de solicitud de asilo presentados por ciudadanos sauditas, que permanecen secretos y no son reconocidos por las autoridades. El reconocimiento de tales solicitudes contribuiría a aumentar la crítica contra la Casa Real Saudita y contra la estricta legislación Sharia que rige en el país.
Iceberg
Amnistía Internacional, no obstante, advierte que este caso particular es sólo la punta del iceberg. Hoy miércoles, la organización publica un informe completo sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país árabe, desde el 2011.
Torturas
Amnistía Internacional recibe numerosas peticiones de familiares de personas que sufren persecución o han caído en manos de las autoridades sauditas. En el informe, AI da parte de miles de casos de detenciones o torturas, muertes bajo circunstancias dudosas y juicios sumarios celebrados en secreto. “Todo ello en nombre de la seguridad nacional,” según comenta Lamri Chiruf, uno de los autores del informe.
“Una de las razones fundamentales,” explica, “ha sido la introducción de medidas anti-terroristas, desde el 2001, que no contemplan en absoluto normas internacionales sobre derechos humanos. En consecuencia, se pueden realizar detenciones en lugares secretos y durante meses, sin poner al tanto a los familiares de los arrestados. Estas personas permanecen durante años privadas de libertad, sin que se les someta a juicio y sin saber qué destino correrán. Y quienes son juzgados, son invariablemente condenados en juicios sumarios y secretos, sobre los cuales no se concede prácticamente ninguna información.”
Terrorismo
Tomando en consideración los antecedentes con ataques terroristas sauditas, Amnistía Internacional reconoce que el país tiene no sólo el derecho, sino también el deber de proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, AI manifiesta profunda preocupación por el sustancial incremento de las detenciones, en comparación con ocho años atrás.
Según Lamri Chiruf, antes del 2001, la cantidad de personas detenidas no era más que unos cuantos centenares, mientras, tal como consta en las estadísticas del propio Ministerio del Interior reveladas en el 2007, se reconoce que entre el 2003 y el 2004, las autoridades arrestaron a 9 mil personas, y que de ellas, 3 mil aún permanecen detenidas sin que se les haya sometido a un proceso. Algunas fuentes temen que, en realidad, su número es al menos el doble. Al menos, ya que en relación con el usual secreto, sólo el ministro del Interior está al tanto de la cantidad de personas que no sólo permanecen privadas de libertad, sino que también son despojadas de sus derechos fundamentales.
Críticas
A juicio del experto, el problema es que la legislación anti-terrorista saudita es muy difusa y adolece de vaguedad. Se ha dado una serie de casos que se incluyen en el informe, de activistas que han sido detenidos sencillamente por haber criticado la ley.
“Fueron detenidos,” precisa el co-autor del documento, “porque han opinado que incluso sospechosos de terrorismo tienen derecho a un juicio justo y a saber cuándo recuperarán la libertad. Las medidas adoptadas en Arabia Saudita son tan imprecisas, que la ley define un crimen terrorista de forma tal que hablar en los términos que yo utilizo en este mismo instante, me convierte en un sospechoso de apoyar al terrorismo, o incluso de ser terrorista.”
Pese a que Naciones Unidas ha establecido una serie de normas que brindan protección a los derechos humanos en la lucha contra crímenes relacionados con el terrorismo, la legislación saudita no incluye ninguna de estas normas, denuncia Lamri Chiruf. Y si se tiene en cuenta la posición que Arabia Saudita ocupa en el Consejo para los Derechos Humanos, el país no debía tratar s sus sospechosos de la forma que lo está haciendo durante los últimos 8 años.”





























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