Colombia elegirá el próximo domingo a más de un millar de alcaldes bajo la sombra de alianzas criminales y mafiosas, abuso de poder y desfalco del dinero público.

Luisa Fernanda López y Mauro Tomasini

Ser alcalde en Colombia no es tarea fácil. La situación de violencia, conflicto armado, control mafioso y presencia de élites acostumbradas a perpetuarse en el poder y a utilizar el dinero público en su propio beneficio, ha hecho que muchos regidores locales se conviertan en simples peones de un ajedrez manejado por fuerzas más poderosas. El papel de estos alcaldes puede llegar a limitarse en cumplir las órdenes de quienes les apoyaron para llegar al cargo. Otros muchos se debaten entre obedecer o arriesgarse a perder la vida.

Este es el caso de Eudaldo León Díaz Salgado, quien fue secuestrado y su cadáver encontrado con signos de tortura unos días después. Era uno de los pocos políticos del departamento de Sucre al norte de Colombia que entre el 2000 y el 2003 seguía con vida, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares. Su caso se hico tristemente célebre porque unos días antes de su asesinato, León Díaz le había dicho al entonces presidente Álvaro Uribe en un consejo comunitario televisado que lo iban a matar.

Alianzas criminales
La situación actual que viven muchos municipios del país es “preocupante”, así lo recalca el vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y miembro del Parlamento de Colombia, Iván Cepeda. “Tenemos zonas del país en las cuales existe un control territorial de fuerzas y estructuras de origen paramilitar, que han estado subordinadas no a las normas y a las reglas del Estado de derecho, sino a la voluntad y a los deseos de ese tipo de estructuras. Lamentablemente, ese control existe en muchas zonas del país, y muchos de los mandatarios locales obedecen y han sido elegidos desde esa perspectiva”.

En este ajedrez de la política local colombiana, el alcalde se convierte en la ficha clave para controlar el territorio, los recursos y la infraestructura. En este sentido, sin ellos hubiera sido imposible que en algunas zonas del país los grupos armados hubieran crecido de la forma en que lo han hecho. Laura Bonilla, investigadora de La Corporación Nuevo Arco Iris, recuerda que a partir del 1997 se hicieron acuerdos entre grupos paramilitares y políticos, incluso del poder central, para controlar regiones y municipios. “Hay un ex senador, Álvaro García, que está condenado a 40 años por crímenes contra la humanidad”, explica Bonilla.

“Él mandó a hacer una masacre en todo un pueblo, que era parte de su estrategia para conservar el poder político en el año 2001, y vuelve a salir electo en el año 2002. Financia una masacre, ejecutada por paramilitares en el pueblo de Macayepo.” Esto ha sido lo que se ha bautizado con el nombre de “parapolítica”.

En el otro extremo están las guerrillas, que aunque en sus más de cinco décadas de accionar han tenido a los políticos más como un objetivo militar que como un aliado estratégico, en algunas regiones han manejado el poder local a su antojo. Es el caso por ejemplo de la rica región petrolera de Arauca, en donde según una investigación de la Universidad Javeriana de Colombia “se pudo constatar que en efecto, resultaba común que los candidatos que eran elegidos en las mayorías de las corporaciones públicas, contaban con el respaldo o la aprobación de las FARC o del ELN”.

Desfalco: una forma de gobernar
Algunos alcaldes actúan como peones al servicio de élites regionales o grupos económicos, que son en últimas quienes los han llevado al poder. “Lo que tenemos es un desfalco sistemático de recursos públicos, muchas veces para pagar las campañas o para pagarles el favor a los políticos regionales, que sean sus jefes”, apunta la investigadora Laura Bonilla.

En otros casos sirven o se dejan enredar por poderosas empresarios, que han hecho sus fortunas a punta del erario público. El caso más sonado en los últimos tiempos ha sido el del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. En la actualidad se encuentra suspendido, ya que se le atribuyen varios delitos, como el de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros, así como por corrupción en la licitación de contratos de obras durante su gestión.

Moreno Rojas terminó enredado en este gravísimo caso de corrupción, que permitió además destapar una de las redes de tráfico de influencias, abuso de poder y desfalco más grandes de Colombia: la de la familia Nule. Los Nule actuaban a lo largo y ancho del país haciéndose ricos con el dinero de los contribuyentes gracias a la complicidad de alcaldes y gobernadores. Así los describe Laura Bonilla de la Corporación Nuevo Arco Iris: “Ellos tenían un consorcio, muchísimas empresas, dedicadas exclusivamente a desfalcar las arcas de las alcaldías, gobernaciones y a nunca terminar bien las obras que empezaban.”

Las sombras de las elecciones
En vísperas de la elección de un millar de alcaldes, las denuncias contra decenas de candidatos aumentan a medida que se acerca el día de los comicios y se multiplican las alertas sobre los riesgos que, una vez más, amenazan una elección libre y democrática. Una investigación reciente del senador Juan Manuel Galán dice que existe riesgo en 24 de los 32 departamentos colombianos por la presencia de candidatos cuestionados, la financiación de campañas con dineros del narcotráfico y la promoción de la corrupción como método de poder territorial.

En el suroccidente del país, según se desprende de un artículo publicado en Votabien.com, la presencia de los cultivos de coca se convierte en la principal amenaza del voto libre. En Nariño, la alianza entre las FARC y la banda criminal Los Rastrojos para controlar el negocio del narcotráfico ha desembocado en intimidación de candidatos. El pasado 27 de septiembre fue asesinado el concejal Jesús Perlaza, y secuestraron al secretario privado de la Alcaldía, Yéner Ávila. Todos esos hechos motivaron una monumental marcha de protesta. En otro municipio de Nariño, Cumbitara, Los Rastrojos les dieron a 74 líderes comunales un plazo para que se presentaran en sus campamentos.

En medio de este panorama, los colombianos acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir a 1.102 alcaldes. A partir de la próxima semana, al ajedrez de la política local y regional colombiana entrarán entonces nuevos jugadores. Muy seguramente, muchos de ellos dispuestos a emplearse a fondo para trabajar por sus comunidades. Otros, con una gestión amarrada de antemano a aquellos que hicieron posible su llegada al poder.