Se calcula que miles de hispanos habrían salido del estado de Alabama por temor a las consecuencias de la ley antiinmigratoria aprobada hace algunos días y que se convierte en la más dura de los Estados Unidos.

La decisión de una jueza de denegar el bloqueo temporal de la ley HB56 de Alabama mientras se dilucidan las apelaciones hechas ante el Departamento de Justicia de organizaciones defensoras de los derechos civiles, aumenta aún más el temor y la tensión vivida en este estado desde que se promulgara la medida hace unos días.

Desde hace una semana, las autoridades pueden pedir documentación a cualquier persona que sea sospechosa de estar ilegal en territorio estadounidense y de anular contratos para impedir, por ejemplo, que los indocumentados adquieran viviendas. Uno de los aspectos que ha despertado la condena dentro y fuera de Estados Unidos de esta ley anti inmigratoria, es el que tiene que ver con la posibilidad de permitirles a las autoridades recabar información en las escuelas sobre el estatus legal de los niños.

Ausencia en campos y escuelas
El miedo se ha instalado en los campos y las aulas de este sureño estado. Victor Spezzini de la Coalición del Interés hispano en Alabama habla de un éxodo de inmigrantes que se nota especialmente en los cultivos y en las escuelas en donde muchos niños dejaron de acudir a las clases. Un joven matrimonio que lleva 7 años en Alabama declaró a la publicación AOL Noticias que prefirieron que su hijo mayor no asistiera a una visita al Museo del Espacio en Huntsville que se había ganado por sus buenas calificaciones.

Las organizaciones de apoyo de inmigrantes no dan abasto intentando aclarar las dudas de los latinos pues, además del miedo, existe mucha confusión y desinformación sobre los alcances de la medida.

Un discurso nacional y otro local
La ley HB56 de Alabama es la quinta legislación antimigratoria que se aprueba en los últimos tiempos a pesar del intento del gobierno del Presidente Obama de evitar que los estados legislen en un tema que según la constitución estadounidense, compete sólo a los gobiernos federales. Quienes defienden esta “cruzada legal” contra los inmigrantes se basan en lo que califican de inoperancia del gobierno central para frenar la inmigración ilegal y “poner orden en casa”.

Distinto piensan aquellos que trabajan desde hace años por garantizar los derechos civiles. Para ellos, el aumento de la hostilidad y persecución contra los inmigrantes tiene que ver con el ascenso al poder de grupos políticos muy conservadores con profundos sentimientos racistas y xenófobos. Medidas y cruzadas que durante el 2011 dispararon la cifra de inmigrantes detenidos en un 25 por ciento.