Mientras Honduras se prepara para la asunción de Porfirio Lobo como presidente del país este miércoles, la organización Amnistía Internacional ha lanzado un comunicado en el que pide al nuevo mandatario que investigue los abusos a los derechos humanos cometidos en el país desde el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en junio del año pasado.
La toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras será, según muchos, una forma de pasar página a la crisis política vivida en el país desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.
Pero muchas otras instancias estarán pendientes del desarrollo del nuevo gobierno, y una de ellas es la organización Amnistía Internacional, que este martes ha hecho público el siguiente comunicado:
"El nuevo presidente de Honduras debe ordenar que se investiguen los abusos contra los derechos humanos"
Amnistía Internacional ha pedido hoy martes al nuevo presidente de Honduras que ordene una investigación completa sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de junio, y asimismo que lleve a los responsables ante la justicia y proporcione reparación a las víctimas.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que tomará posesión del cargo el 27 de enero, fue elegido en noviembre de 2009 en medio de una crisis política que en junio había dado lugar al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de un grupo de políticos de signo derechista respaldado por militares.
Las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron a cientos de personas contrarias al golpe de Estado durante las protestas desatadas en los meses siguientes. Más de una decena, según informes, perdieron la vida durante los disturbios.
“El presidente Lobo debe garantizar un nuevo comienzo en materia de derechos humanos en Honduras asegurándose de que los abusos cometidos desde el golpe de Estado no caen en el olvido ni quedan sin castigo”, afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
La organización pidió también a las fuerzas de seguridad hondureñas que colaboren con cualquier investigación sobre presuntos abusos.
Desde las elecciones presidenciales, el Congreso de Honduras había debatido sobre la posibilidad de introducir una ley de amnistía que reduciría o eximiría de castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Según decenas de testimonios recopilados en Honduras por investigadores de Amnistía Internacional durante dos visitas al país, los abusos contra los derechos humanos crecieron en espiral tras el golpe de Estado de junio.
La gente que se echó a la calle después del golpe de Estado para manifestar su oposición fue víctima del uso generalizado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que perpetraron homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y cientos de detenciones arbitrarias. Además, la policía y el ejército hicieron uso indebido y generalizado de gas lacrimógeno y otro tipo de equipamiento de control de multitudes.
Se amenazó e intimidó a activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron medios de comunicación y se censuró a periodistas. También hubo informes sobre actos de violencia contra mujeres y niñas por personal de las fuerzas de seguridad.
No se ha obligado a nadie a rendir cuentas por estos abusos, y hasta la fecha apenas se han abierto investigaciones.
Antecedentes
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue obligado a dejar el poder el 28 de junio del 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos derechistas apoyado por militares y liderado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso nacional.
Un gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti permaneció en el poder hasta el final del año. El presidente Zelaya regresó clandestinamente al país y estableció su residencia en la Embajada de Brasil en septiembre.
A pesar del fracaso de las negociaciones políticas para restaurar el gobierno elegido en las urnas, en las que la Organización de los Estados Americanos actuó de intermediaria, las autoridades de facto siguieron adelante con las elecciones en noviembre. Porfirio Lobo, del Partido Nacional, obtuvo el 88 por ciento de los votos y tomará posesión del cargo el 27 de enero de 2010.
Escuche la entrevista a Javier Zúñiga, jefe de la delegación de Amnistía Internacional que visitó Honduras en noviembre del 2009 y es asesor especial del Secretario General de la organización, Claudio Cordone.





























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