Amnistía Internacional ha presentado el informe "Restricciones a la libertad de expresión en Cuba", en el que la organización denuncia que el sistema legal cubano ha creado un clima de temor entre periodistas, disidentes y activistas en la isla.

El informe de Amnistía Internacional, “Restricciones a la libertad de expresión en Cuba”, está centrado en la situación en la que se encuentran los periodistas y los activistas en Cuba, donde la organización denuncia que las medidas del sistema legal y las prácticas gubernamentales que restringen la información dada a los medios se han utilizado para detener y procesar a cientos de críticos del gobierno.

Gerardo Ducos, investigador de AI para la región del Caribe, dice a Radio Nederland que, con este documento, la organización pide al gobierno cubano que revoque o enmiende las medidas legales que limitan la libertad de expresión, que termine con el hostigamiento de los disidentes, que libere a todos los presos de conciencia, y que permita el libre intercambio de información a través de Internet y otros medios.

Límites a la libertad de expresión
Ducos explica que Amnistía Internacional no puede ingresar en Cuba desde 1988, pero ha podido tener acceso al testimonio de algunas de las personas afectadas por los límites a la libertad de expresión en la isla. Así, cuenta el caso de Yosvani Anzardo Hernández, director del periódico digital Candonga, uno de los periodistas independientes cubanos a quienes las autoridades han arrestado, interrogado e intimidado, según dice la organización.

El periodista fue detenido en septiembre del 2009 y, después de 14 días, fue puesto en libertad sin cargos. La policía confiscó su computadora, desde donde se publicaba el sitio web, y desconectó su línea telefónica.

“Esperábamos que el gobierno entendiera que lo que hacíamos era ejercer un derecho; no dañamos a nadie”, dijo Yosvani Anzardo Hernández. “Sólo hicimos todo lo posible por informar sobre lo que sucedía en el país”.

La Constitución cubana establece que “ninguna de las libertades reconocidas para los ciudadanos puede ejercerse contra lo que se establece en la Constitución y la ley, o contra la existencia y objetivos del Estado socialista, o contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”. En opinión de Gerardo Ducos, esto es alarmante, pues pone límites a la posibilidad de expresar o difundir cualquier idea opositora al gobierno, sólo por el hecho de no coincidir con el pensamiento oficialista.

El Código Penal establece un rango de cargos criminales que pueden utilizarse para contrarrestar la disidencia, tales como “peligrosidad social”, “propaganda enemiga”, “desprecio a la autoridad”, “resistencia”, “difamación de las instituciones nacionales” e “impresión clandestina”.

Pasos positivos
En cuanto a los últimos acontecimientos que se han dado en la isla, como la reciente liberación del médico Darsi Ferrer, el permiso a las Damas de Blanco para que puedan manifestarse sin ser reprimidas, o el proceso de mediación de la Iglesia católica, el investigador de AI ve avances positivos, pero considera que aún son insuficientes.

Ducos reconoce que Cuba está en la vanguardia en la defensa de algunos derechos, como el derecho a la salud o a la educación, pero subraya que el gobierno cubano debería darse cuenta de que todos los derechos humanos merecen ser respetados, incluido el derecho a la libertad de expresión y de opinión.