Un grupo de agencias de cooperación establecidas en Holanda ha acusado a petroleras internacionales de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Sudán.

Por Miles Ashdown y Marijke Peters

Human Rights Watch descubrió que los ingresos provenientes del petróleo permitieron al gobierno sudanés triplicar su flota de helicópteros con 12 nuevos aparatos de combate en 2001, que presuntamente fueron utilizados para desalojar a la población de las zonas ricas en petróleo a fin de ser ocupadas por las petroleras. Un informe titulado “Unpaid Debt” (Deuda Pendiente) publicado el mes pasado por la Coalición Europea sobre el Petróleo en Sudán (ECOS en sus siglas en inglés) detalla los crímenes internacionales cometidos durante una campaña militar conducida por el gobierno de Sudán para asegurarse el control de los yacimientos petrolíferos. El coordinador de ECOS, Egbert Wesselink, declaró:

“Para ser cómplice de crímenes de guerra es necesario haber apoyado sustancialmente estos crímenes. Nosotros creemos que hay razones fundamentadas para creer que ha sido así. El consorcio sueco Lundin construyó una carretera que permitió a las fuerzas armadas de Sudán internarse en el sur, en regiones donde nunca habían podido viajar anteriormente, y allí desplazaron con violencia a la población.”

ECOS calcula que unas 12.000 personas fueron asesinadas y otras 160.000 desplazadas en la zona de concesión petrolera llamada Block 5A. “Se trata de violaciones, tortura, incendios y bombardeos arbitrarios desde aviones de gran altitud así como desde helicópteros, desterrando a la población local a áreas inhóspitas donde muchos murieron de inanición o enfermedades,” añadió Wesselink.

Ataque a distribución de alimentos
En febrero de 2002, por ejemplo, un helicóptero sudanés atacó un centro de distribución alimentaria en Bieh, en el Estado Unity de Sudán, rico en petróleo. James Ninrew fue testigo del ataque, cuando miles de residentes esperaban recibir alimentos del Programa Mundial de Alimentación. “De pronto, de la nada apareció un helicóptero”, relató. “Los que conocíamos ese tipo de helicóptero fuimos a advertir a la gente que huyera del lugar porque sabíamos que no era un helicóptero de ayuda. Este venía a matarnos.”

Según el testimonio de Ninrew, la gente huyó del lugar y buscó protección en refugios cercanos. El aparato atacó, disparó cinco misiles y mató a 17 personas, según la ONU. Ninrew, actualmente Director de la Misión de Ayuda para Africa, afirma que el ataque contra un centro de distribución de alimentos era parte de un esfuerzo sistemático del ejército para desalojar a la población local, para que las compañías pudieran instalarse en el lugar.

“Asistencia directa a las milicias”

Wesselink orienta particularmente su crítica contra el consorcio Lundin porque la empresa puede haber proporcionado “asistencia material directa a las milicias” que disparaban contra la población. Lundin está actualmente bajo investigación de la justicia en Suecia.

“Creemos que el consorcio Lundin contrató a una persona, probablemente un sudanés, un ex coronel del ejército con experiencia en seguridad, quien según nuestras informaciones había prestado servicio en el Consejo Especial de Seguridad, encargado de la guerra en los yacimientos petrolíferos.”

Afirma que la reconciliación con la población a través de compensaciones es en el “mejor interés” de las petroleras, para permitir un mejor desarrollo de la explotación de crudo en el futuro.

“No creo que sea posible ya compensar por sus acciones, porque sus crímenes son demasiado graves. Pero hacemos un llamamiento al gobierno sueco y los gobiernos que garantizan un Acuerdo Integral de Paz en Sudán – que garantiza el derecho a indemnización a las víctimas de los contratos de petróleo.

“El Acuerdo Integral de Paz todavía debe ser implementado, y esperamos que la comunidad internacional tome la iniciativa para asegurar que las personas sean indemnizadas (...). Lo único que las petroleras deberán hacer es permitir una investigación, abrir sus archivos, y expresar su voluntad de reconciliarse con la población y pagarles lo que les corresponde.”

“Contribución a la paz”
Ni la empresa de energía malasia Petronas ni la sueca Lundin Petroleum reaccionaron ante los insistentes pedidos de respuesta. En una carta abierta dirigida a los accionistas, el presidente de Lundin desmintió categóricamente las acusaciones contenidas en el informe de ECOS, asegurando que las actividades de la empresa “contribuyeron a la paz y el desarrollo de Sudán.” Un portavoz del grupo de energía austriaco OMV afirmó que la compañía había cumplido sus “responsabilidades sociales” en Sudán.