Los gobiernos de Ecuador y Colombia viven en estos días nuevos episodios en sus resquebrajadas relaciones diplomáticas. Por el lado ecuatoriano, se trata del proceso penal contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado de planificar, coordinar y ordenar el ataque al campamento de Angostura producido el 1 de marzo de 2008, que dejó 25 muertos.

La acusación es impulsada por el fiscal Carlos Jiménez y sigue su trámite en la provincia de Sucumbíos a cargo del juez Joel Bustos, responsable del Juzgado Tercero de lo Penal de esa región. Por el lado colombiano, se trata de la demanda ante la Fiscalía de ese país levantada contra el presidente Rafael Correa por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC, realizada por el abogado Abelardo de la Espriella.

La demanda de Ecuador sería aplicable, la de Colombia no
Para Grace Jaramillo, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO– y experta en temas internacionales, el Ecuador está en plena capacidad, como Estado soberano, de demandar ante cualquier corte internacional de derechos humanos sobre sucesos que considere de lesa humanidad, como el de Angostura, por un delito de violación del Convenio de Ginebra. Ecuador sí puede argumentar un mal ejercicio de las capacidades del uso de la fuerza.

Sin embargo, para Jaramillo lo que procede ante una demanda entre Estados es la indemnización de una de las partes, no juzgamientos de otra índole y peor la prisión contra Santos, como requiere el juez ecuatoriano. Esto, a propósito de que hace pocos días la INTERPOL decidió no difundir la orden de prisión contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, aduciendo que se trata de un episodio político y militar.

En el caso iniciado contra el presidente Correa por un abogado colombiano, Jaramillo explica que, dado el nuevo entorno internacional respecto al terrorismo, es posible este tipo de demandas. Sin embargo, como no existen precedentes contra un mandatario de Estado en la Corte Internacional de Justicia, duda mucho que se acepte este caso. Además, considera difícil armar un argumento causal y, sobre todo, tener las pruebas contundentes para que un tribunal de esa naturaleza, que se juega su prestigio en cada caso, pueda procesarlo.

Un asunto político y mediático, más que jurídico
Jaramillo piensa que lo que buscan ambos países es sentar precedentes ante las cortes  internacionales para dirimir en la disputa. Según ella, no se trata de proceder ante una acción de justicia o resarcimiento. “Se está tratando de demandar para castigar al otro, lo cual es difícil que proceda porque los países involucrados y las cortes internacionales saben que esto es así y que por lo tanto hay mucho de negociación de por medio”. Jaramillo piensa que más que un tema jurídico, es político y mediático.