La Sala Penal Nacional de Perú ha absuelto a siete ex militares de alto rango acusados de la desaparición de tres personas en 1990. 

 
Para quienes querían ver sentenciados a ex altos mandos militares, la noticia de la absolución ha constituido un duro revés.
 
Los generales Mario Brito y Oswaldo Hanke, los coroneles Jesús del Carpio y Mario Salazar, y el jefe del Batallón Contra Subversivo 313 ‘Los Laureles’, general Miguel Rojas, fueron librados de sus cargos por falta de pruebas. En 1990, en el marco de la guerra interna entre el Estado y la subversión, los siete acusados desempeñaban importantes puestos en el llamado ‘Frente Huallaga’.
 
 
 
En entrevista con Radio Nederland, el abogado de la acusación civil, Carlos Rivera, lamentó la decisión del Tribunal y denunció que esta habría sido influenciada políticamente por varios integrantes del Gobierno actual.
 
Escuche la entrevista:

 
Anna Karina Rosales.- Todo indicaba que la desaparición de Esaú Cajas, Manuel Ramos y Jesús Liceti fue fruto de una política de lucha antisubversiva, y que la responsabilidad no era sólo de los autores directos, sino de los altos mandos que acaban de ser absueltos. ¿Qué pasó?
 
Carlos Rivera.- Eso es una verdad incontrastable hasta el martes por la noche en Perú. Tanto la Comisión de la Verdad como el resultado de las investigaciones del Ministerio Público y de la propia Defensoría del Pueblo daban cuenta de que la desaparición forzada de estas tres personas, entre mayo y noviembre de 1990, era producto o parte de la ejecución de una política antisubversiva, en la que se utilizaba de manera sistemática métodos de guerra sucia. Pero lo increíble que hemos escuchado en la sentencia de este caso, llamado ‘Los Laureles’ es que, después de 23 meses de juicio oral, el Tribunal -nada menos que de Derechos Humanos- ha declarado que los jefes militares no tienen ninguna responsabilidad, porque no existe una prueba documentada que demuestre que esos jefes militares emitieron las órdenes de los crímenes. Como si fuese posible pensar que un militar va a ser tan estúpido de emitir una orden escrita para hacer desaparecer a una persona y que, por tanto, no existiendo esa orden documental, los crímenes no están demostrados. Pero, adicionalmente, el Tribunal ha ido mucho más allá de esa exclusión de toda responsabilidad penal de los jefes militares, bajo este argumento que nosotros lo considerábamos ya superado tras la sentencia en el caso del juicio a Fujimori. Además, alega ahora que no está demostrado que los crímenes se hayan cometido. Inclusive, una osadía pocas veces vista, se llega a sostener en los tribunales del Perú que la desaparición forzada de los señores Cajas, Ramos y Liceti, producida en 1990, no estaría demostrada, porque existe un documento, fraguado por los militares, según el cual esas personas obtuvieron su libertad. El Tribunal le da crédito a esas versiones, e inclusive insinúa que esas personas habrían salido y se habían enrolado al narcotráfico. Es decir, que creemos que hay una decisión política de este tribunal de, simple y llanamente, eliminar toda la actividad probatoria y todas las pruebas presentadas, tanto por la fiscalía como por la parte civil, para concluir, de manera inobjetable desde su punto de vista, que no hubo delito y que, por lo tanto, si no hubo delito no habría responsable de esa imputación hecha por el Ministerio Público. Creo que es un hecho sumamente grave el que ha ocurrido en el Perú, que termina por confirmar una secuencia de sentencias emitida por la Sala Penal Nacional en el último año, y que da cuenta de un altísimo porcentaje de militares absueltos en ese tribunal de Derechos Humanos y un porcentaje, absolutamente minúsculo, de militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Con lo cual, el Tribunal de Derechos Humanos en el Perú se está convirtiendo en el principal instrumento de exclusión y libramiento de responsabilidades penales de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos en el pasado.
 
A.K.R.- Usted habla de presiones políticas. ¿De parte de quién exactamente?
 
C.R.- En términos precisos, inclusive en términos coincidentes, estamos hablando del Presidente de la República, del Vice presidente, del Ministro de Defensa, de un sector importante del Congreso, básicamente de la bancada Fujimorista que ahora controla nada menos que la comisión de Justicia. Y le digo que es una campaña sostenida que desde hace más de un año se viene desarrollando en términos de una evidente presión o injerencia política sobre el Poder Judicial y, finalmente, comienza a tener resultados en términos de que estas sentencias, que emiten los jueces, ahora no solamente libran de responsabilidad penal a los militares sino que incluso ahora dicen que no hay crimen. Curiosamente, sólo horas antes de que se emita la sentencia sobre el caso ‘Los Laureles’, en la que se dice que las personas no están desaparecidas, el Ministro de Justicia sostiene algo parecido. Según el titular, los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas no son crímenes, porque ésos son excesos y porque, bajo ninguna circunstancia, pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Bajo esos mismos términos, coincidentemente, se pronuncia la sentencia en horas de la noche, la cual afirma que, efectivamente, el hecho de que los desaparecidos sean comerciantes, demuestra que no pertenecían a la subversión y que, por lo tanto su desaparición no puede ser considerada crimen de lesa humanidad. En realidad, son argumentos bastante necios, poco consistentes e indescifrables en términos jurídicos o en términos del derecho internacional. Pero estamos en una situación en el Perú, en la que el retroceso del proceso de judicialización está dando cuenta de resoluciones en las que un tribunal de derechos humanos, y que es constituido bajo el encargo de la democracia, termina siendo el principal instrumento de libramiento de responsabilidades de los acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
 
A.K.R.- Usted presentará un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y ante la Corte Interamericana, ¿Qué va a pasar en el ínterin? ¿Cómo va a quedar esta absolución?
 
C.R.- Efectivamente, el Ministerio Público ya presentó recurso de nulidad a la parte civil, que es la parte que nosotros representamos. Vamos a desplegar todo un esfuerzo tanto legal, como también político, en el mejor sentido de la palabra, para que esta sentencia sea anulada por la Corte Suprema. El hecho concreto aquí es que, evidentemente, hay tres personas desaparecidas y que su desaparición ocurrió en una zona en la que en el curso de pocos años, se han dado cerca de 400 desaparecidos por obra de las Fuerzas Armadas, sin embargo tenemos una sentencia que dice que esas personas no están desaparecidas. Es decir, creo que significa no sólo un agravio a la justicia, sino también a la memoria de las víctimas y a los derechos que sus familiares tienen de conocer qué sucedió, porque no se sanciona a los responsables.