El Senado uruguayo aprobó ayer un proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluye la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de embarazo. El presidente uruguayo Tabaré Váquez, anunció que vetará la ley, aunque todavía no se ha pronunciado desde su aceptación en el Senado.

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El proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Reproductiva ha recorrido un largo camino en Uruguay. Después de una larga discusión en el Congreso la semana pasada, donde el proyecto fue aprobado con 49 votos a favor y 48 en contra, le tocó el turno al Senado, que ayer dio su visto bueno al proyecto con 17 votos a favor, de un total de 30.
 
Los 17 senadores que votaron a favor fueron los representantes de la coalición de izquierda Frente Amplio, en el gobierno, y se opusieron los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, en la oposición.
 

Según fuentes de la Cámara de Senadores, "en principio estaba previsto que el proyecto de ley fuera pasado a la comisión respectiva, para ampliar su estudio, pero hubo una moción para que fuera tratada en forma urgente y el pleno de la cámara votó a favor la moción y luego por mayoría la ley".
 

Amenaza de veto
El mandatario uruguayo Tabaré Vázquez ha sido claro desde que el proyecto entrara en discusión pública y siempre ha mantenido que vetará la ley. Este veto se puede producir dentro de los siguientes 10 días, que es el tiempo con el que cuenta el Poder Ejecutivo para promulgar la ley.
 

Nada parece indicar que Vázquez vaya a cambiar de opinión, por más que los defensores del proyecto le han pedido que, en lugar de vetar la ley, convoque a un referéndum nacional para que la opinión pública se exprese al respecto. Recientes estudios indican que más del 60% de la ciudadanía uruguaya está a favor del proyecto.
 

El lunes se difundió una encuesta que indica que el 57 por ciento de los uruguayos está a favor de la ley que legaliza el aborto y el 63 por ciento rechaza la posibilidad de veto que le otorga la Constitución al presidente. El 42 por ciento de los consultados está en contra y el 1 por ciento no tiene opinión formada o prefirió mantenerla en reserva. Se calcula que, en Uruguay, se practican 33.000 abortos al año, aunque las organizaciones de mujeres aseguran que la cifra podría ser el doble.
 

Los primeros que le pedirán al presidente que no vete la ley son algunos legisladores del Frente Amplio. La socialista Mónica Xavier dijo que esperarían hasta hoy para dejar que se apacigüen los ánimos después de la jornada de ayer.
 

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, aseguró que Tabaré Vázquez "va a tener que promulgar" la ley. "Si la veta, tendríamos que tener las fuerzas en el Parlamento para levantar el veto. Estoy radiante. Estuve 10 años peleando en el Senado por esta ley", señaló Arismendi.
 

Por el contrario, el senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, que se opone al proyecto de ley, se felicitó por contar con el apoyo de Tabaré Vázquez: "Nos representa el Presidente de la República", dijo.
 

¿Qué pasa con el proyecto si el presidente lo veta?
En primer lugar, el presidente necesita por lo menos la firma de un ministro para poder vetar la ley. Esto no supone mayor problema porque ya hay dos ministros que se han mostrado dispuestos a poner su firma: María Julio Muñoz, de Salud, y Héctor Lescano, de Turismo.
 

De confirmarse el veto presidencial, el proyecto volvería al Poder Legislativo. Para poder eludir el veto, se necesitarían los votos de tres quintos de los miembros de cada Cámara; esto es, 18 senadores y 60 diputados tendrían que votar a favor de la ley, lo cual es improbable que suceda.
 

El senador oficialista Alberto Couriel, de Espacio 609, pidió al presidente Vázquez que no interponga un veto al capítulo sobre la despenalización del aborto e insistió en la posibilidad de la consulta popular. "Hago un llamado público al presidente para que la sociedad uruguaya, a través de un referéndum, decida sobre la ley de salud sexual y reproductiva", subrayó el legislador durante la sesión de ayer en el Senado que aprobó la ley.
 

En opinión de Couriel, esta ley "es parte de la lucha por la equidad de género. Este es un tema para la democracia directa más que para la democracia representativa".
 

Más temas aparte del aborto
Aunque la cuestión del aborto es la que se destaca en todos los titulares de hoy, lo cierto es que el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva no se limita exclusivamente a este tema, sino que abarca cuestiones que afectan a los derechos de salud de las mujeres.
 

Según señala la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la ley que ayer se aprobó en el senado uruguayo "ofrece respuestas concretas y coherentes respecto de las demandas en salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres, y hace visible la existencia de un territorio de derechos, de autonomías y de libertad, cual es el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Y es así como aprueba la despenalización del aborto a demanda de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación, reconociendo a las mujeres, sin distinción de clase social, como sujetas de derecho y como entes morales responsables de las decisiones que adoptan sobre su maternidad. Pero no solo habla sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sino que establece una serie de medidas para garantizar la promoción y protección de la salud sexual y reproductiva de todas y todos".
 

De hecho, el proyecto de ley había vuelto al Senado no por la controversia sobre el aborto sino por diferencias en el Congreso en torno al artículo 2 del Capítulo I de la ley, que establecía que "los derechos sexuales y reproductivos no son meramente relacionados con la reproducción sino con una sexualidad plena y responsable". Este artículo fue retirado tras no contar con el apoyo de una mayoría suficiente entre los congresistas y el proyecto, con las modificaciones correspondientes, regresó al Senado, que ya lo había aprobado en noviembre de 2007.
 

Oposición de la Iglesia católica
El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, ha hecho distintas declaraciones en los días previos a la votación de la ley en ambas cámaras parlamentarias. En un principio, Cotugno advirtió que los legisladores que apoyasen la Ley de Salud Sexual y Reproductiva quedaban excomulgados "ipso facto". Esas declaraciones fueron definidas como una "presión inadmisible" por parte algunos parlamentarios.
 

La Conferencia Episcopal de Uruguay está analizando la situación de los legisladores católicos que hayan votado a favor de la ley, en la búsqueda de una postura común de la Iglesia.
 

En lo que no hay dudas es en que sobre todo aquel que cometa un aborto o colabore con ello recaerá la pena de excomunión inmediata. En cuanto a la posible excomunión de los legisladores, algunos obispos consideran que la decisión de excomulgarlos o no debe ser tomada por el obispo de la jurisdicción del parlamentario en cuestión.
 

El obispo de Melo, Luis del Castillo, explicó que "el tema legislativo es mucho más complejo y habrá que ver los hechos antes de pronunciarse. En principio no será un mecanismo automático y eso supone un procedimiento".
 

Uruguay es considerado como uno de los países más laicos de América Latina, y los defensores del proyecto de ley aseguran que la Iglesia no debe interferir en cuestiones políticas y legislativas que afectan tanto a creyentes y como a no creyentes.
 

*Margarita Perkovich, semadora por el Frente Amplio y artífice de la ley de aborto en Uruguay
**Monseñor Luis del Castillo de la Conferencia Episcopal uruguaya