El aborto en caso de violación sexual o en el caso de un feto cuya vida sea inviable ha encendido en el Perú una acre polémica. Esta semana el Congreso peruano definirá si despenaliza o no ambas formas de interrupción de un embarazo. A continuación usted podrá entender las razones de un debate intenso que ha llevado a niveles de enfrentamiento ciudadano entre bandos de ambas posiciones, en donde la policía se ha visto en la necesidad de intervenir.

Despenalizar el aborto en el Perú. Pocas veces los políticos, que cuentan votos y revisan encuestas de aprobación, entran en temas que pueden ser tan calientes. O los patean para otros gobiernos o legislaturas, o los refunden en las agendas congresales.
El legislativo peruano es de los que patean los temas para adelante y no abordan estos asuntos, según las encuestas de percepción ciudadana del trabajo del Congreso peruano. Sin embargo esta vez, una pequeña comisión de trabajo congresal, de aquellas que nadie quiere controlar o presidir al inicio de la correspondiente legislatura destapó la caja de Pandora y se alzaron los vientos.

La Comisión de Constitución o la de Defensa, por ejemplo, suelen ser bocados apetecibles por diversas razones. El principal es que suelen tener a todos los medios de comunicación encima. Pero una pequeña Comisión encargada de revisar el Código Penal Peruano no fue, en un inicio, interesante para nadie. Para los medios menos.

Uno de los puntos abordados en esa Comisión ha sido el de la despenalización del aborto eugenésico o en caso de violación sexual. Desde todos los sectores políticos, desde todas las trincheras conservadoras, se les envío un mensaje claro: revisen ese tema, archívenlo y que no llegue al pleno para su debate y aprobación. Esta Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso rechazó el pedido de reconsideración, planteado por el Ministerio de Justicia, sobre la decisión adoptada a favor de despenalizar el aborto eugenésico (por malformación congénita) y por violación sexual.
Lo que debió ser un debate científico-jurídico terminó arrastrando pasiones y desde lo eclesiástico, la academia, las sociedad civil con los siempre numerosos y activos grupos feministas, avivó un debate encendido que terminó con enfrentamientos callejeros entre diversos grupo y donde la policía usó gases lacrimógeno para dispersarlos.

Los argumentos.
Hay datos concluyentes, que vienen de los sectores que abogan por la despenalización. El principal son las cerca de 371 mil mujeres que abortan cada año en condiciones de clandestinidad, mujeres de escasos recursos, las cuales acuden a locales de condición higiénica infrahumana. Este dato no es aceptado por quienes se oponen a la despenalización como el ex Ministro de Estado, en el rubro de salud, Fernando Carbone quien ha señalado que “esos datos no son reales, es imposible medir cuantas mujeres abortan clandestinamente en el Perú, por algo es justamente clandestino, señaló” pese a los taxativos 65 mil casos de mujeres que son hospitalizadas cada año por complicaciones de aborto en centros de salud del Estado.

El Perú ocupa el segundo lugar en Latino América con el más alto índice de mortalidad materna. Cada año mueren mil 800 mujeres por problemas relacionados con el embarazo y el parto.
Hay razones de fuerza también desde los sectores que se oponen a la despenalización. Se sostienen en que el concebido es persona sujeta de derechos, reconocidos por la Constitución. El cigoto es un ser con un nuevo código genético que desarrollará el devenir de una persona; es la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Monseñor Juan Luis Cipriani, conservador miembro del Opus Dei, y Arzobispo de Lima ha reclamado para la Iglesia todos los niños que no sean deseados por sus madres al nacer. “Nosotros no encargaremos de esos niños” ha dicho el Primado de la Iglesia Católica en el Perú.

Derechos de género
Una disputa adicional, el derecho de la mujer a poder hacer con su cuerpo lo que esta considere es mejor para su salud y para la del feto. El riesgo de preocuparse exclusivamente por las salud del nonato o del concebido es abandonar la imperiosa necesidad de mirar también la salud de la madre. Si el concebido tiene todos los derechos protegidos (lo cual también es discutible pues en materia hereditaria no los tiene por ejemplo, según la ley peruana) y ya es persona, con todas sus cualidades definidas, se reduce a la mujer a la condición de “envase” en donde su rol , sus afectos, el amor que le imprima al no nacido, y que por cierto sí influirán en su psique futura, no tendría ningún peso específico.

En medio de esta disputa una verdad inobjetable: a mayor educción sexual entre los adolescentes y los jóvenes y entre mayor y mejor manejo de los anticonceptivos en las políticas públicas del Estado, sin lugar a dudas menos embarazos no deseados y por ende, menos abortos.

El aborto y la Anticoncepción Oral de Emergencia
Pero son los mismo sectores conservadores, legítimamente por cierto opuestos al aborto, los que la semana que pasó habrían presionado al Tribunal Constitucional, según indicios en ese sentido que ahora detallaremos, para que emitiera una sentencia prohibiendo la distribución gratuita por parte del Estado de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AEO) o píldora del día siguiente.

Los indicios a los que hacemos referencia están vinculados a la conversación sostenida entre Rafael Rey Rey, Ministro de Defensa y miembro numerario del Opus Dei y el Tribunal Constitucional en momentos en que el TC elaboraba sus sentencia en este caso.

En política además, y en políticas públicas en salud referidas a estos temas menos, las casualidades existen. Justo cuando se hablaba en el país de la despenalización del aborto el Tribunal emite su sentencia. Cuando su Vicepresidente Carlos Masía, simpatizante del partido gobernante, esgrimió las razones para la decisión del máximo Tribunal señaló que “no habían encontrado ningún documento serio que dijera que la AEO no tiene efectos abortivos”, extraña aplicación de Derecho la del Organismo de control Constitucional por dos razones: es el TC el que debió haber encontrado algún estudio que dijera que sí es abortiva, lo que es igual a la máxima del derecho penal cuando sostiene que se debe “demostrar la culpabilidad. La inocencia no tiene que ser demostrada”.

Lo segundo, y quizá más grave, es que no hay un solo documento de la OMS que sugiera que esta píldora es abortiva.

La cereza encima del helado
La prohibición habla de no distribuir gratuitamente la “píldora del día siguiente” en los locales de salud. No habla de dejar de comercializarla. Si es abortiva como dice el TC ¿Por qué seguir con su venta en farmacias? Es a todas luces un acto discriminatorio, sólo las mujeres que puedan pagarla tendrán acceso a ella.

Esta semana este tema, discutido hasta ahora a nivel de comisiones, será debatido en el pleno del Legislativo peruano. Todo indica que la norma no pasará que el asunto será archivado. Mientras tanto,
debate servido.