Hoy se celebra en todo el mundo el día mundial de la libertad de prensa, una libertad que cada día está más enferma. En esta fecha, la Federación Internacional de Periodistas, FIP, presenta en Bruselas un informe sobre el sacrificio, en aras de la seguridad, de las libertades civiles y de expresión los Estados democráticos.
 

Eva Egido
 

El informe, titulado ´Periodismo, libertades civiles y la guerra contra el terrorismo´, ha sido elaborado junto con el grupo Statewatch, que, durante años, vigila las acciones de los gobiernos y sus políticas respecto a estas libertades civiles.
 

Una frase de Benjamín Franklin abre este informe: "Aquéllos que sacrifican la libertad por la seguridad no merecen ni la una ni la otra". Hoy, casi tres siglos después, la FID responde diciendo que "las guerras contra el terrorismo están devastando una cultura global de derechos humanos y libertades civiles establecida hace 60 años". Sólo en Iraq han muerto más de 50 periodistas. El año pasado murieron en todo el mundo 129 profesionales de los medios de comunicación, y, en lo que llevamos de éste, han muerto ya 31.
 

En la sociedad, la violencia terrorista contra civiles que ha ocurrido de forma masiva en Estados Unidos, Indonesia, España, Rusia, Marruecos, Turquía y otros países de Oriente Medio, constituye un reto a las democracias. Es preciso hallar una respuesta a este reto sin dañar estas democracias ni las libertades. Aidan White, secretario general de la FID, opina que "la respuesta a quienes atacan la libertad de prensa debería ser defender esta libertad y a los periodistas".
 

Por su parte, el Director del Departamento de Seguridad y Gobernabilidad mundial del Instituto de Relaciones Internacionales en Bélgica, el Dr. Rik Coolsaet, comenta el fin del peligro como lo conocimos tras el 11-S: "El rol de los gobiernos y de los medios es verdaderamente identificar la causa real del terrorismo actual. El terrorismo de principios del 2005 ya no es el del 2001; la red internacional de Al Qaeda ya no es tal; hemos vuelto al período en que el terrorismo es un factor local, con actores y financiación locales".
 

Tras el 11-S de Nueva York, la Federación Internacional de Periodistas realizó una encuesta entre sus miembros sobre la respuesta de los gobiernos a estos actos de terror. Ya entonces se reveló una crisis para el periodismo. Hoy, casi cuatro años más tarde, el segundo informe de la FIP es aún más catastrófico. "Los periodistas se ven intimidados por no trabajar por los intereses nacionales" admite Aidan White, "de tal forma, se exige a los periodistas seguir las directrices de los gobiernos".
 

El informe enfatiza que periodistas estadounidenses fueron sido llevados a juicio y obligados a revelar sus fuentes de información, y que los que se negaron a hacerlo, fueron condenados a arresto domiciliario. En Reino Unido fue célebre el conflicto entre el Gobierno de Tony Blair y la BBC relativo a los derechos de informar sobre los orígenes de la guerra en Iraq y sobre los reportajes con que la cadena británica confirmaba la manipulación de la información del servicio de inteligencia respecto a la existencia de armas de destrucción masiva, con la intención de justificar la guerra. El posterior suicidio de David Kelly, fuente de información de periodistas, fue otro detonante en este caso.
 

La FIP denuncia también el tratamiento que se le ha dado a la cadena árabe de televisión Al-Jazeera, fundada en 1996 y transmisora de los mensajes que Bin Laden enviaba a su redacción, y que luego eran reproducidos por todas las televisiones occidentales. Sus oficinas en Bagdad y Kabul fueron destruidas por el Ejército estadounidense.
 

Además, destaca el peligro de habernos transformado en una "sociedad vigilada", en la que, con la retención de datos biométricos, se ha hecho realidad la hipótesis de Orwell sobre el "Gran Hermano". Así mismo, se ha trabajado en foros internacionales, como el G-8, para regularizar entre diferentes países algunas de estas políticas, lo que los grupos civiles han pasado a llamar "lavandería política", lo que permite adoptar a nivel nacional, medidas internacionales que no lo han sido con anterioridad en las leyes nacionales a través de un proceso legal democrático.
 

Cuando estas nuevas normas internacionales llegan a los debates nacionales, ya es demasiado tarde, porque ya hay un acuerdo internacional. Robert Shaw, portavoz de la FIP aclaraba que los Estados abandonan sus propias normas, por ejemplo cuando el Reino Unido apoyó la guerra contra Iraq, y a la vez sus organizaciones, puesto que lo hizo en contra de la ONU y la Convención de Derechos Humanos de la propia UE. Pero, en palabras de Shaw, el problema es aún mayor: "A la vez, junto con EEUU, la UE intenta manipular sus propias leyes y puntos de vista sobre esa Convención, así como las leyes internacionales".
 

A través de este informe y de la reunión que se celebrará en Roma el próximo mes, la FIP espera poder desplegar más actividades junto con las organizaciones internacionales, como ciertas agencias de la ONU.