A partir del mes de octubre, entra una ley en vigor en Gran Bretaña que está causando mucha polémica. Los adultos que a través de diferentes organizaciones tengan contacto regular con niños, corren el riesgo de recibir multas de hasta 6.900 euros si no se han inscripto en el “Proyecto para la Verificación y el Control” ("Vetting and Barring Scheme") , implementado por el Ministerio del Interior británico.

El objetivo del proyecto es combatir la pedofilia y el abuso de adultos “vulnerables”. Es el resultado de una recomendación hecha por la comisión investigadora del asesinato de dos niñas por el cuidador escolar Ian Huntley en el año 2002.

El nuevo proyecto sustituye una serie de leyes de protección al menor ya existentes, y se estima que unos once millones de personas se verán obligadas a registrarse. El proyecto se transformaría así en el sistema de vigilancia más extenso del mundo. Las indagaciones que se realizarán sobre la vida privada y laboral de las personas serán de un alcance hasta ahora nunca visto. El registro reunirá informaciones de diversas instancias, incluyendo a la policía.
 

Una importante diferencia con las anteriores listas, es que aquellas personas incluidas en el nuevo registro serán monitoreadas constantemente, y la información será modificada si surgen “nuevas y sospechosas evidencias”.

Críticas
La lluvia de críticas a esta iniciativa no se ha hecho esperar. La legislación británica tiene un extenso sistema de control para evitar el abuso de niños. En el caso particular de los asesinatos cometidos por Huntley, que fue el inicio de esta nueva propuesta, se señala que el hombre ya estaba registrado en la policía por abuso de menores. Sin embargo, la policía falló a la hora de suministrar estos datos a la organización que le contrató.

 
Muchos son los que temen que esta ley tendrá un efecto devastador sobre el trabajo voluntario: todos aquellos adultos que se ofrecen a cambio de nada para asistir en actividades de estímulo a la infancia, pensarán de ahora en adelante dos veces antes de aceptar tal tarea, porque su historia personal va a ser sometida a un minucioso escrutinio.

 
El Gobierno británico quiere además dinero. Registrarse será obligatorio, y se debe además pagar 64 libras (aproximadamente 106 dólares). Aquellos que realicen trabajos voluntarios, están exentos de pago. El renombrado escritor de literatura infantil, Anthony Horowitz, se preguntó asombrado: ¿tengo que pagar 64 libras al Gobierno para probar que no soy un pedófilo?

 
Aún más evidente, es que la ley sólo incluye a personas relacionadas con alguna organización, mientras que las estadísticas indican que la mayoría de los abusos sexuales contra niños ocurre en situaciones “informales”, como en los mismos hogares, más que en escuelas o clubes de deportes. La nueva ley no significará nada para todos los casos de abusos domésticos.

 
Consecuencias
El abuso sexual de niños es un tema urgente y que debe ser enfrentado. Basta recordar los escándalos de Marc Dutroux en Bélgica, quien secuestró, torturó, violó y dio muerte a varias niñas en ese país en los años noventa. Este terrible incidente tuvo a la vez un efecto un tanto imprevisto: toda una generación de niños belgas se crió rodeada de adultos que los ignoraban, no atreviéndose siquiera a mirar a un niño en un autobús por temor a ser visto como sospechoso de pedofilia. ¿Qué efecto psicológico puede tener criarse en una sociedad donde se es “inexistente” para los hombres adultos?

La pregunta resurge hoy día en Gran Bretaña. Chris Huhne, del Partido Liberal Demócrata británico, lo resume en una oración: “Arriesgamos crear un mundo donde creemos que todo adulto que se acerca a un niño, tiene la intención de lastimarlo”.

 
Sin embargo, las numerosas protestas parecen haber dado resultado. El Gobierno británico ha ordenado a último momento una revisión del proyecto, ya que la opinión pública considera inaceptable que se someta a esta humillación a padres e intelectuales que ocasionalmente visitan las escuelas para dar charlas de información al alumnado.