Mientras que la Unión Europea anunció que posterga hasta finales de octubre la decisión sobre la llamada “posición común” sobre Cuba, una delegación de los socialistas españoles ha estado de visita en la isla.

Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE, el partido que gobierna España, en declaraciones desde La Habana ha explicado que en los encuentros que ha mantenido la delegación ha visto "claramente una voluntad y el inicio de un camino hacia iniciativas de apertura económica y social que van a tener una enorme repercusión en la sociedad cubana". 

Según Pajín su viaje a Cuba ha tenido el objetivo de "lanzar un mensaje de apoyo a un proceso que ya empieza a tener resultados evidentes" pese a que esto no sea reconocido por parte de algunas voces de la disidencia, a las que sin embargo, dijo respetar profundamente.
 

En cuanto al hecho de que hayan tenido encuentros con los disidentes durante su estancia, la líder socialista ha dicho que se trata de "una visita que acordada con las autoridades cubanas".
 

Pajín ha insistido en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el primer momento ha mantenido un "diálogo sobre Derechos Humanos" con Cuba y siempre ha sido "partidario" de trabajar para que se cree un "nuevo marco de relación" entre la UE y Cuba "porque entendemos que ha habido resultados positivos en estos últimos meses y tiene que seguir habiendo resultados positivos".
 

"Para España Cuba no es cualquier país", ha dicho la senadora socialista, subrayando que España ha estado y está presente pero deberá estar mucho más en el futuro, sobre todo porque empiezan a haber cambios y a haber un nuevo camino, según Pajín.
 

Por su parte Elena Valenciano, otra dirigente socialista de la delegación expresó tras una reunión que tuvieron con el presidente Raúl castro que seguiran defendiendo que cambien la Posición Común, “ es un cambio útil para el beneficio de las relaciones de la UE y Cuba", declaró.

La comitiva del Partido Socialista Obrero Español efectuó el viaje con la misión principal de abordar el proceso de excarcelaciones. 

Posición común de la UE
Mientras tanto la UE aplazó más de un mes, hasta fines de octubre, la revisión de su “Posición Común con Cuba”, el texto que España quiere derogar en reconocimiento al proceso de liberación de presos políticos, según una portavoz en Bruselas. 

"El debate sobre la Posición Común tendrá lugar durante el próximo consejo formal de los ministros europeos de Relaciones Exteriores, que se celebrará en octubre", concretamente el día 25 en Luxemburgo, explicó la portavoz.

Según la agenda, los ministros debían pronunciarse sobre ese texto, que desde 1996 condiciona las relaciones de la Unión Europea (UE) con Cuba a avances en derechos humanos y democracia, en un consejo planificado para el 13 de septiembre. Pero esta reunión no se celebrará, ya que los cancilleres se habrán encontrado justo antes, los días 10 y 11, en el llamado “consejo informal”, una cita semestral en la que se abordan temas actuales pero sin tomar decisiones.

De esta forma, el gobierno español, que apoya activamente el proceso de liberación de 52 presos políticos cubanos iniciado con la mediación de la Iglesia católica, dispone de seis semanas más para convencer a sus socios europeos de derogar la Posición Común.

Bruselas, así como algunos Estados miembros de la UE, como República Checa y Polonia, reclamaron a Cuba que fuera más allá y excarcelara a todos los disidentes como única opción para normalizar las relaciones con la isla. 

Presos libres en España
El disidente cubano Alfredo Rodolfo Domínguez Batista, de 48 años, llegó a España junto con ocho familiares, según fuentes de la cancillería española.

El ex prisionero estaba condenado a 14 años de cárcel, y se suma a la de Próspero Gainza, liberado el jueves.

Otros cuatro ex prisioneros políticos deben llegar la próxima semana: el periodista Víctor Arroyo, condenado a 26 años de cárcel, Alexis Rodríguez, tecnólogo de alimentos condenado a 15 años, Leonel Grave de Peralta, que dirigía una biblioteca independiente y tenía una condena de 20 años, y Claro Sánchez, sentenciado a 15 años.

Los seis se suman a los 26 prisioneros políticos liberados en julio y agosto que viajaron a España. Estas excarcelaciones forman parte de la liberación gradual de 52 opositores condenados en la llamada Primavera Negra de 2003, y que fue anunciada en julio por la Iglesia cubana.

Madrid sin embargo considera que el proceso de liberación merece un voto de confianza, y argumenta que para presionar a Cuba hacia un cambio, será más eficaz una cooperación mutua que un documento unilateral que exige reformas y pone condiciones a las relaciones.